España parece decidir su futuro entre discusiones sobre la idoneidad de subir o bajar los impuestos, derogar o “retocar” la reforma laboral o decidir el destino de los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación. Mientras, la peor crisis desde la posguerra sigue destruyendo tejido productivo en plena cuarta ola de la pandemia de la Covid-19. Iván Espinosa de los Monteros, diputado y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, analiza con Capital las claves que permitirán al país recuperar la senda del crecimiento.
¿Se atreve usted a proponer una “receta” económica para que España vuelva a ser un país competitivo?
Lo primero que tenemos que decidir como país es si realmente queremos crecer. Esto es una obviedad, pero escucho mucho, sobre todo desde posturas de izquierdas, hablar de conceptos que pretenden limitar el crecimiento. Según la teoría malthusiana que defienden, el crecimiento infinito no es bueno, no es sostenible. Son contrarios al crecimiento, y si arrancamos desde esta posición, es difícil elaborar una estrategia enfocada a la creación de riqueza. Si la izquierda no quiere crecer, no vamos a crecer. Gobierne quien gobierne. Para que un país crezca, hace falta que se hagan muchas cosas bien, no hay una receta mágica. Es un ecosistema que tiene que estar encaminado al crecimiento, en un mercado global en el que competimos con países que quieren crecer. Si tú, como país, no tienes una declaración de principios orientada claramente al crecimiento, vas mal. Si tuviéramos un objetivo claro y colectivo, un compromiso como nación de, por ejemplo, estar entre los 10 países con mayor crecimiento económico en los próximos años, todo el mundo estaría orientado en una misma dirección. Nosotros pensamos que la creación de empleo es buena, y, para ello tenemos que ser capaces de crecer, pero parece que no todos tenemos esta visión. Y el crecimiento y la generación de riqueza genera, además, un incremento de la recaudación por el alza de la actividad. Si lo que pensamos, como sociedad, es que vivir de un subsidio del Estado es algo bueno, eso es incompatible con nuestra visión. España no debería estar cuestionándose internamente su orientación al crecimiento.
Y en ese escenario, ¿cómo encaja el ajuste del déficit público?
Tenemos que recuperar el santo temor al déficit. Que un país gaste más de lo que ingresa puede estar justificado en momentos puntuales, como el actual, pero no es sostenible en el tiempo. Un país debería tener sus cuentas públicas cuadradas. El equilibrio presupuestario es exigible, y un pequeño superávit, algo deseable para que, cuando lleguen momentos como el de la actual pandemia, contemos con recursos para amortiguar el golpe. Tenemos que pensar en el futuro, y el problema de estar acumulando déficit constantemente, es que se convierte en deuda. Actualmente, el pasivo soberano supera el 120% del PIB, y, cuanto más crezca, más soberanía perderemos. En el momento en el que debes más de lo que produces, ya no eres independiente y dependes de aquellos que te prestan el dinero. El momento en el que vencen los plazos de la deuda, necesitas renovarla, y solo te la van a renovar si cumples ciertas condiciones. El mero hecho de que alguien, desde fuera, te pueda decir lo que tienes que hacer o no, es un claro ejemplo de pérdida de soberanía. Así sucedió en Grecia, que perdió el control del país y de su propio destino. No se puede estar gastando continuamente más de lo que ingresamos. Entre todos, tenemos que crear un ecosistema favorable a ese crecimiento, a la creación de empleo, que generará unos ingresos públicos que sostendrán el estado del bienestar. A su vez, en ese ecosistema favorable a la actividad económica, tenemos que limitar el gasto político innecesario. En Europa, tenemos un estado de bienestar que le gusta a todo el mundo, pero para que sea sostenible, tenemos que reducir todos aquellos gastos que no sean necesarios.
La Administración Pública cada vez tiene un mayor peso sobre el conjunto de la economía…
En los últimos años, el sector privado ha aprendido a hacer más con menos recursos. Todos lo hemos hecho, menos un sector, el sector público. En la Admnistración, cada vez se hace menos con más. Cada vez es más ineficiente, cada vez pone más trabas al crecimiento y a la actividad. No ayuda nada, pero entorpece mucho. Hoy tenemos el Gobierno más grande de la historia, con el mayor número de ministros y secretarios de Estado, con el mayor volumen de gasto público de la historia… Y no hemos mejorado en nada, hemos fracaso en la premisa de la reducción del gasto político. Tenemos que decidir si queremos mantener el estado del bienestar o el bienestar del Estado, es decir, de los políticos. En el año más crítico desde la Guerra Civil, el sector público sigue siendo el único que crece. Es inaudito.
En un escenario post-Covid, ¿qué partidas de gasto público podría eliminar el Estado para poder situar el déficit en los límites exigidos por Bruselas?
Tenemos, probablemente, el doble de ministerios de los que debemos tener. El Ministerio de Igualdad cuesta 450 millones de euros, ¿qué pasaría si des[1]apareciera? Los ciudadanos no notarían absolutamente ninguna diferencia, pero el ahorro de gasto público será muy significativo. Otro ejemplo son los coches oficiales, una partida que este año ha costado la friolera de 100 millones de euros para renovar la flota con vehículos eléctricos. En el año más crítico desde la Guerra Civil, este es un gasto puramente ideológico y prescindible. No es el momento, no estamos para esto este año. Esperemos a un año en el que nos podamos permitir. Los vehículos eléctricos, hoy en día, no son precisamente asequibles. Es un lujo de ricos. Deberíamos crear unos presupuestos de base cero. Los Presupuestos, hoy, se elaboran sobre la base de los que se elaboraron el año anterior, se les aplica un porcentaje de crecimiento, el que sea, y luego se hacen pequeños ajustes en función de los intereses políticos del momento. Nadie se pone a pensar que, en la cadena presupuestaria de los últimos 25 años, ha habido cambios estructurales en la economía española que obliguen a re[1]pensar completamente el gasto del Estado. Pongámonos a pensar, exactamente, en las necesidades que tiene el Estado en función de cómo está la economía y de lo que necesiten los ciudadanos. La otra opción es ir recortando partida por partida, y ese es un ejercicio muy laborioso.
El volumen de deuda pública es impagable y está sostenida por el BCE, ¿realmente será capaz la Administración de reducirla en algún momento?
Se puede hacer, pero requiere un consenso político del que hoy carecemos, y también políticos que entiendan la macroeconomía más básica. Es esencialmente bueno para un país, independientemente de la ideología, ir reduciendo la deuda. Tener el lastre de deuda pública que tenía entonces condiciona el presupuesto e inhabilita una parte muy relevante del presupuesto. Mantener un nivel de deuda asumible refuerza la soberanía y mejora la política internacional. Un país con menos deuda tiene mayor capacidad de negociación que otro que está muy apalancado. En España, la derecha apenas le presta atención, y la izquierda pregona que la deuda se puede elevar hasta el infinito. Con los tipos artificial e históricamente bajos, e incluso negativos, este escenario no se puede sostener. Como la deuda pare[1]ce que es gratis, seguimos gastando sin control. Cuando los tipos suban uno o dos puntos, tendremos un problema severo de solvencia, y, por extensión, de liquidez. Es el BCE el que está sosteniendo la deuda de los países, es más barato incluso financiarse con el banco central que a través de mecanismos como el del Plan de Recuperación. Es asombro, pero es artificial y muy peligroso. Emborracharse de deuda, si no se hace un uso responsable de la misma y se destina a mejorar la competitividad del país, genera un problema. Estar financiando el gasto ordinario del Estado con deuda refleja problemas de solvencia.
Subir impuestos tiene un impacto negativo en la economía y España es un país en crisis, ¿no sería más razonable bajar los niveles de esfuerzo fiscal exigido a los ciudadanos?
Naturalmente, somos el único país del mundo que sube los impuestos en la peor crisis económica de las últimas décadas. El ecosistema ideal para el crecimiento también incluye los impuestos. En un momento de crecimiento, te pue[1]des permitir subir los impuestos, pero, en una etapa de crisis, lo que es recomendable es precisamente lo contrario: bajarlos. También debemos incluir en este epígrafe las cargas sociales -denominadas como “impuestos al trabajo”-, que son elevadísimas en España. Para que un trabajador gane 1.000 euros, el empresario se debe gastar 2.000. Hay que reducir impuestos para generar empleo y hay que reducir las cargas sociales y todas aquellas trabas burocráticas que, aunque no sean costes económicos, son costes en tiempo. Cuando tardas más de seis meses en que te den una licencia para abrir un negocio en un local o montar una sociedad, el tiempo que estás perdiendo lo estás pagando. Deberíamos tener en la Administración Pública un factor de competitividad. El Estado debería ser un amigo del creador de empleo, y ahora es un gran enemigo.
¿Qué impuesto es el más injusto? ¿Y el que más daña la actividad económica?
El más injusto, sin duda, es el de Sucesiones y Donaciones, que grava la muerte y el patrimonio, que ya ha pagado impuestos durante la vida del titular. Es el colmo del insulto, obliga a mucha gente, incluso, a renunciar a sus herencias. Además, a quien más perjudica, es a gente que tiene un patrimonio exiguo, muchas veces, poco líquido. General[1]mente, en España hay poco ahorro líquido, pero es uno de los países del mundo con mayor tasa de ahorro en forma inmobiliaria. Es el país con mayor tasa de propietarios del mundo. Todos los impuestos son negativos para la actividad económica, pero, en nuestro caso, sufrimos una tasa de esfuerzo fiscal de las más elevadas del mundo.
Acusan a Madrid de estar practicando “dumping fiscal”. ¿Qué opina sobre esto?
No es que Madrid sea un paraíso fiscal, es que el resto de España es un infierno fiscal. Las comunidades que piensen que los impuestos de Madrid son demasiado bajos, pues que los bajen también y que comprueben si eso es bueno o malo. La bajada de impuestos es una condición necesaria, pero no suficiente. En Cataluña, por ejemplo, podríamos bajar los impuestos mañana y no creo que se notara una dinámica explosiva de crecimiento. Hay dos factores que también inciden. La huida masiva de empresas catalanas hacia otros puntos de España, entre ellos, Madrid, no tiene que ver, necesariamente, con una diferencia de esfuerzo fiscal. Muchas de esas empresas vienen a Madrid porque la presión política allí es tremenda y contraria a la generación de riqueza. Si eres empresa[1]rio, y tu país, tu comunidad y tu ciudad te odian, pues al final decides moverte. El capital fluye cada vez con mayor facilidad.
¿Cómo se puede incentivar la creación de empleo y al emprendimiento empresarial?
No hace falta que se produzcan cabios tectónicos en la nación. ¿Qué puede hacer el Estado? Pues favorecer la estabilidad jurídica y normativa, así como previsibilidad. Eso es lo que quieren los inversores, y la inestabilidad que sufrimos los espanta. Los cambios normativos discrecionales que estamos viendo no favorecen la creación de riqueza. Tenemos que tener mayor tolerancia tanto al éxito como al fracaso. Es raro el que acierta a la primera, suele haber fracasos previos. Si somos una nación poco tolerante al fracaso, habrá menos incentivo al emprendimiento. También tenemos que tener tolerancia al éxito, no se puede “machacar” al que triunfa. Amancio Ortega debería tener una estatua en cada ciudad de Galicia. Hay un deseo fervoroso de atacar al que ha tenido éxito, y eso debe desaparecer.
Reino Unido o Estados Unidos operan con marcos laborales que penalizan menos al empresario, más flexibles. Sin embargo, tienen datos de paro estructural mucho más bajos que España, que tiene una reforma laboral que protege mucho al trabajador. En su opinión, ¿qué normativa debe tener nuestro país para mejorar sus cifras de empleo?
El marco laboral español penaliza mu[1]cho al desempleado, al que va cumpliendo años sin alternativa para generar su propio futuro con dignidad. Si lo que queremos es reducir el desempleo, tenemos que favorecer la contratación. Y debemos vigilar que no se cometen abusos ni ilegalidades. Si queremos mejorar las condiciones de los trabajadores, tenemos que reducir las cargas sociales. Tiene que haber una transferencia de los políticos a los ciudadanos.
¿Cuál es el modelo productivo que necesita España?
El que decidan sus ciudadanos, libremente, no el que diga el Gobierno. España cuenta con una base instalada muy potente en ciertos sectores, como el del automóvil. Cuando el Gobierno dice que va a declarar la guerra al diésel, automáticamente, eso genera un impacto poten[1]te en el sector y destruye empleo. No se dan cuenta de que hay cientos de miles de familias que, en España, viven del automóvil y de sus industrias auxiliares, y que este negocio representa el 12% del PIB. España se tiene que dedicar a lo que haga bien, y permitir que esos segmentos de actividad económica funcionen bien. Facilitemos la actividad. El Gobierno lo que tiene que hacer es luchar para que los ciudadanos y las empresas puedan competir y aspirar al liderazgo en aquello en lo que destacan.
