Juan Ramón Rallo, doctor en Economía. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en IE University y en IE Business School
PSOE y Podemos repitieron durante muchos años, cuando estaban en la oposición, pero también una vez alcanzaron el gobierno, que España debía estrechar su diferencial recaudatorio con Europa haciendo pagar más impuestos “a los que más tienen”. Y uno de ejemplos más ilustrativos de esos que tienen mucho y que supuestamente están pagando demasiado poco eran, a su entender, las empresas… o, mejor dicho, las grandes empresas. De ahí que su propuesta consistiera, y en parte sigue consistiendo, en incrementar el Impuesto sobre Sociedades a las grandes corporaciones de nuestro país.
La medida resulta, empero, problemática por varios motivos. En primer lugar, nuestra brecha recaudatoria con Europa no se explica, prácticamente en grado alguno, por la diferencia de tributación de las empresas: en particular, la Unión Europea cosecha el 2,9% del PIB a costa de los beneficios empresariales, mientras que España obtiene el 2,5%. Cuatro décimas de distancia que en absoluto alcanzan para cubrir mínimamente esos siete puntos de PIB que nuestros pares europeos recaudan, de media, por encima de nosotros.
Segundo, utilizar los beneficios de una empresa como proxy de capacidad económica de los ciudadanos es un error. Las grandes empresas no forman parte per se del colectivo de “los que más tienen” dentro de nuestra sociedad: en esencia, porque son personas jurídicas que, a su vez, son propiedad de personas físicas (las ganancias de una compañía son ulteriormente distribuidas, vía dividendos o plusvalías, a sus accionistas).
Consecuencias en los trabajadores
Cuando los fiscalistas afirman que los impuestos deben ser pagados en función de la capacidad económica, se está haciendo referencia a la capacidad económica de los ciudadanos, no de las personas jurídicas. Podría darse el caso, por ejemplo, de que la mayoría de las acciones de una empresa estuviera en manos de individuos de rentas medias o bajas, y en ese caso incrementar los impuestos que soporta esa empresa equivaldría a aumentarles los impuestos a esos ciudadanos de rentas medias y bajas. De ahí que usar el IRPF (a través, por ejemplo, de los gravámenes a las rentas del capital) sea preferible al Impuesto sobre Sociedades.
Tercero, los impuestos tienden a repercutirse sobre otros agentes económicos, y el de Sociedades no es una excepción. En este caso, la evidencia apunta a que los trabajadores podrían soportar hasta la mitad del alza tributaria: mayores impuestos, menor inversión, menor demanda de trabajo y menores salarios. Gravar a las empresas en muchos casos es perjudicar indirectamente a las rentas medias o bajas.
Y cuarto, el argumento político por el que se pretende justificar nuevos incrementos en este tributo es un argumento tramposo. Partiendo de los datos (parciales) que proporciona la Agencia Tributaria, tanto Montoro como Montero nos han repetido durante años que las grandes empresas españolas apenas abonaban un tipo efectivo entre el 6% y el 7% dentro del Impuesto sobre Sociedades: se nos daba a entender, por consiguiente, que la configuración actual de este tributo es un coladero para eludir el pago de impuestos. Tal dato, sin embargo, es un dato mal calculado: casi podríamos decir que manipuladamente mal calculado.
Capital para reflotar las empresas
A la postre, la Agencia Tributaria estima el tipo medio que abonan nuestras corporaciones dividiendo los impuestos que éstas abonan dentro de nuestro país entre los beneficios que obtienen mundialmente. Pero es que, a su vez, esos beneficios mundiales ni siquiera toman en consideración las bases imponibles negativas dentro de los grupos consolidados (esto es, únicamente incluyen las bases imponibles positivas). Por esas dos vías, los datos de la Agencia Tributaria inflan el denominador y, por tanto, reducen artificialmente el tipo efectivo. De hecho, basta con acudir a las cuentas anuales de cualquier gran empresa española para comprobar que el tipo efectivo que abona habitualmente ronda el 20%-25%. De ahí que no deberíamos aspirar a desangrarlas todavía más (incluso Biden está apostando ahora por un tipo nominal del 25% en Sociedades).
En definitiva, sería un error subir el Impuesto sobre Sociedades para alimentar la insaciable voracidad recaudatoria del Estado: en estos momentos, necesitamos impuestos moderados, en especial aquéllos que tengan una influencia más decisiva sobre la inversión (necesitamos capital para reflotar empresas y transformar nuestra estructura productiva). Pero es que, además, retorcer la realidad económica, mintiendo sobre la carga fiscal que verdaderamente soportan las empresas, sólo es una forma de falsear el debate público en aras de una mayor servidumbre fiscal.
