“La incorporación de jóvenes es una absoluta prioridad, y, para eso, el trabajo en el campo tiene que ser atractivo”, escribe Silvia Clemente
Durante las últimas semanas, los agricultores y ganaderos se han manifestado por las calles de varios países europeos y también por España, en uno de los movimientos más numerosos e importantes que se recuerdan en los últimos tiempos. Es verdad que en los noventa y principios de este siglo todavía eran frecuentes las manifestaciones del campo, pero, de un tiempo a esta parte, habían dejado de ser relevantes.
Hay un hecho cierto que influye, y es el envejecimiento de los trabajadores de un sector en el que el 90% de los activos tiene más de 50 años. Claramente, el espíritu rebelde y revolucionario esta más cerca de la jovialidad. Este es uno de los factores que deberían de tenerse muy en cuenta a la hora de definir las políticas agrarias, ya que resulta vital garantizar el relevo generacional y la incorporación de jóvenes.
Es urgente revisar las políticas agrarias, sobre todo, la Política Agraria Comunitaria (PAC), una de las políticas más importantes que se desarrollan en Europa y que está absolutamente desfasada. No tiene en cuenta la realidad de lo que ocurre en los 27 estados miembros. Los funcionarios de la UE no conocen las necesidades del territorio, esa es la primera cuestión que hay que abordar para diseñar cualquier política.
La PAC adolece de muchos defectos: hay derechos históricos reconocidos a los agricultores que determinan que las ayudas las cobren personas que no trabajan las tierras, mientras que, quienes las cultivan, no las perciben. Agricultores que, además, no pueden decidir libremente los cultivos más rentables, porque están determinados por criterios medioambientales muy alejados de la realidad del campo. Pueden percibir las ayudas personas que tienen otra actividad profesional, para quienes la agricultura no es prioritaria, y que ni siquiera tienen que cotizar en la Seguridad Social, mermando así los recursos de quienes si son agricultores profesionales.
El campo ve cómo se encarecen todos los factores de producción (energía, gasoil, abonos…) y también cómo se queda sin fitosanitarios, cuyo uso está prohibido por la Comisión Europea, sin poder atacar en muchas ocasiones las enfermedades o plagas que merman su cosecha o que incluso la pueden ver arruinada.
En definitiva, los agricultores tienen que ‘bregar’ con las condiciones climatológicas, que cada vez son mas variables y con repercusión directa sobre las cosechas, y se encuentran con múltiples dificultades. Cuando tienen que vender sus producciones, la industria que las compra no siempre cubre todos los costes de producción. Contamos con una Ley de la Cadena Agroalimentaria que es muy poco eficaz para exigir que se cubran los costes y se cumplan los pagos en plazo.
Es verdad que muchas cuestiones deberían ser mejoradas en Europa, pero los países, a través de sus respectivos gobiernos, podrían mejorar muchas otras. Una buena coordinación del Gobierno de España con las comunidades autónomas podría mejorar la posición de los agricultores, dando prioridad a los que son profesionales.
Se podría prestar ayuda en la gestión administrativa a agricultores y ganaderos. Hay muchos funcionarios en el medio rural que, con la caída de las poblaciones en los pueblos, tienen menos trabajo. Podrían asumir otras funciones gracias a la digitalización de muchas tareas, con apoyo personalizada para cumplir el exceso de burocracia que marca Bruselas.
Se podrían incorporar nuevas herramientas para garantizar que se cubren los costes de producción. Francia creó el Defensor de la Cadena Alimentaria, una pieza clave en la vigilancia del cumplimiento de esta regla, controlando la industria y las cadenas de distribución. El país vecino le ha dado mucha importancia siempre a las organizaciones interprofesionales y al sector, reconociendo siempre su papel fundamental en las políticas que desarrolla.
España siempre ha estado a la cola de las políticas agrarias que se desarrollan, tenemos que tomarnos más en serio el campo. La pérdida de soberanía alimentaria nos coloca en una clara desventaja con respecto a otros países de la Unión Europea (UE). No podemos permitirnos el lujo de quedarnos sin agricultores y ganaderos, son el principal activo de un país. Las políticas que estamos desarrollando no apuntan un buen futuro. La incorporación de jóvenes es una absoluta prioridad y, para eso, el trabajo en el campo tiene que ser atractivo.
