Por Isabel Reija, CEO y Cofundadora de Barter
A nadie se le escapa que el mercado energético vive un momento muy convulso de cambios continuos debido a la coyuntura de precios actual. Con la electricidad disparada marcando máximos históricos en los últimos meses y con la previsión de un precio alrededor de 200 €/MWh para 2022, la energía solar se convierte en la única alternativa para negocios, fábricas y entidades públicas.
Estas últimas con el condicionante, sobre todo en los pequeños municipios, de tener un presupuesto ajustado para llevar a cabo sus funciones. Y es, precisamente en los ayuntamientos, donde se está estableciendo una tendencia de buscar una alternativa energética para ahorrar en los principales gastos fijos como es la factura de la luz.
España es el quinto país de la UE con la electricidad más cara y con los Fondos Next Generation EU como telón de fondo, las entidades públicas tienen la oportunidad de ahorrar apostando por la instalación de energía solar en las cubiertas de sus edificios.
De hecho, desde el 1 de febrero pueden solicitar alguna de las dos convocatorias de ayudas para proyectos piloto de comunidades energéticas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que están dotadas con 40 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la ejecución de los fondos Next Generation EU. Estas ayudas permitirán impulsar más de 40 iniciativas de comunidades energéticas que promuevan la innovación social y la participación ciudadana en renovables, eficiencia energética o movilidad eléctrica.
Las pequeñas poblaciones son las más perjudicadas en términos de activos económicos y al no tener tejido productivo, cuentan con un presupuesto muy limitado que se está viendo mermado por los altos precios de la luz. Ya en septiembre de 2021, desde la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) se reclamó un fondo de ayudas para pagar la factura de la luz de los consistorios. Y es que son estos los que tienen que hacer frente la luz de los colegios de infantil y primaria, así como de los centros de mayores y las instalaciones y edificios municipales.
“Crear pueblos solares permite sanear los presupuestos y avanzar hacia la transición energética”
Ahí están los ejemplos de ayuntamientos como el de Huercal Overa (Almería), que tiene que destinar 240.000 euros más anuales a la factura de la luz, o el de Villanueva de la Cañada (Madrid), que ha visto cómo se incrementa su factura en 100.000 euros anuales.
Así planteado puede parecer algo mágico, pero la posibilidad de crear una comunidad solar les abre dos oportunidades claras. La de producir su propia energía y generar riqueza local en base al ahorro que esto supone en su factura de la luz. Y, por otro lado, tienen la posibilidad de compartir esa energía con sus vecinos.
Esta decisión puede parecer arriesgada dado que tienen que incurrir en una inversión para la instalación de esos paneles solares en los edificios municipales, pero, en la actualidad, existen alternativas para financiar la instalación o incluso que te las instalen gratis.
Y es que el margen en la creación de comunidades solares es muy amplio. No en vano según el informe “El papel del consumidor y la gestión de la demanda en la transición energética”, de PwC y publicado por la Fundación Naturgy, en España solo existen 33 comunidades energéticas frente a las casi 2.000 de otros países europeos. De hecho, desde la firma de servicios profesionales apuntan a “la necesidad de un modelo regulatorio que las contemple y la aparición de los modelos de negocio que las hagan viables”.
Por eso, desde mi experiencia en el sector de la energía, con la coyuntura actual y las herramientas que tienen al alcance los ayuntamientos, la oportunidad es clara. Si quieren sanear sus presupuestos y poder invertir los ahorros en implantar políticas sociales para sus ciudadanos tienen la posibilidad de hacerlo aportando, además, su granito de arena a la transición energética.
Crear pueblos solares no solo genera riqueza local y les hace autosuficientes, sino que contribuye a que los vecinos que estén a 500 metros de esos edificios municipales se puedan convertir en consumidores de energía solar, ahorrar también en sus facturas y ser sostenibles.
