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Opinión

La expansiva factura financiera del gobierno de EEUU
Juan Ramón Rallo
Doctor en Economía. Profesor en la Universidad Francisco Marroquín, en el centro de estudios OMMA, en IE University y en IE Business School

La pasividad política ante el problema de la vivienda

Uno de los principales problemas de la economía española es el cuello de botella que constituye la oferta de vivienda en aquellas zonas del país donde la demanda residencial, nacional y extranjera, es más elevada. Los altos (y crecientes) precios de la vivienda constituyen un problema desde tres perspectivas.

Primero, dificultan la constitución de nuevos hogares y, por tanto, retrasan la emancipación y la conformación de un entorno familiar propio. Segundo, expulsan a una parte de la población del acceso a la propiedad inmobiliaria, la cual ha sido una de las vías básicas de ‘patrimonialización’ de las clases medias durante las últimas décadas (algo que, por cierto, resultará especialmente importante en medio de la crisis de sostenibilidad del sistema público de pensiones).

Y tercero, absorben una porción de la prima salarial dirigida a remunerar el capital humano, de tal manera que se desincentiva la especialización laboral. Expresado en otros términos, si un trabajador cualificado cobra más que un trabajador no cualificado, pero el trabajador cualificado ha de trabajar desde una gran ciudad y el diferencial salarial entre ambos perfiles profesionales es absorbido por el expansivo precio de los alquileres en la gran ciudad, entonces los incentivos a adquirir cualificación laboral se reducen de manera significativa.

Ocurre que, a pesar de ser uno de los grandes problemas de la economía española, nuestra clase política se muestra completamente despreocupada ante él, puesto que nadie propone medidas con un mínimo de seriedad para atajarlo. A la postre, el núcleo del problema reside en el desequilibro entre oferta y demanda de vivienda en los grandes centros de actividad económica de España, pero no existe ninguna propuesta encaminada a subsanar de verdad ese desequilibrio de fondo.

Por un lado, los partidos de izquierdas podrían abogar por incrementar sustancialmente el parque de vivienda pública para subsidiar, a costa del contribuyente, la vivienda asequible a ciertos sectores de la población. Pero, más allá de las poco creíbles, insuficientes e incumplidas promesas de Pedro Sánchez durante la campaña electoral del 23J, ni PSOE, ni Sumar, ni Podemos han presentado ningún plan concreto al respecto. Más bien, al contrario, la base de su política de vivienda sigue consistiendo en atacar los síntomas del problema (los crecientes precios) en lugar de las causas (la insuficiente oferta). Y con ello solo han logrado reducir adicionalmente la disponibilidad de vivienda en el mercado.

"Si ya hay problemas de vivienda, ¿qué ocurrirá conforme sigan llegando millones de inmigrantes si la casta política no posibilita el aumento de la oferta?"

Por otro lado, los partidos de derecha podrían apostar por liberalizar el suelo, facilitar los cambios de uso, reducir las cargas urbanísticas, incrementar la seguridad jurídica de los propietarios y bajar los impuestos que gravan las transmisiones de inmuebles. Pero incluso en aquellos ámbitos que sí son de su competencia, tales medidas han brillado por su ausencia: su única aportación para solventar este problema ha sido no empeorarlo mediante la imposición de los controles de precios por los que aboga la izquierda.

Pero eso no es, desde luego, suficiente: muchos españoles no necesitan sólo que las cosas no vayan a peor en el mercado inmobiliario, sino sobre todo que vayan a mejor. Y aquí la voluntad política de la derecha para coger el toro por los cuernos brilla por su ausencia.

Añadan a todas las negligencias anteriores, por cierto, otra gravísima irresponsabilidad a medio plazo de nuestra pasiva casta política: recordemos que el gran remedio que PSOE y PP han ideado para reducir el gigantesco agujero de la Seguridad Social durante las próximas tres décadas pasa por atraer a entre 10 y 15 millones de nuevos inmigrantes. Bien, tengo muchas reservas respecto a fiarlo todo a tan cuantiosos flujos migratorios, pero aceptemos provisionalmente su propuesta. Ahora bien, ¿dónde van a residir esos 10-15 millones de nuevos inmigrantes?

Si ahora mismo ya padecemos muy serios problemas de vivienda, ¿qué ocurrirá conforme sigan llegando millones de inmigrantes si nuestra casta política no posibilita el aumento de la oferta inmobiliaria? Los mismos políticos que te cuadran mágicamente las cuentas de las pensiones apelando al supuesto de que entrarán millones de inmigrantes en los próximos años, son incapaces de solucionar el grave problema de la vivienda hoy, antes siquiera de que hayan entrado. Carecen de la menor visión de largo plazo y millones de españoles pagarán sus platos rotos. 

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