Las familias están de enhorabuena. La nueva Ley Hipotecaria, acordada por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados esta misma tarde tarde, las familias podrán retrasarse en los pagos de su hipoteca hasta 12 meses sin que el banco pueda hacer nada para remediarlo.
Así, la banca deberá esperar a que las familias fallen el pago de, al menos, 12 cuotas de amortización de su hipoteca o acumulen una deuda desatendida equivalente al 3% del capital recibido antes de lanzar el proceso de embargo en lugar de los tres meses establecidos hasta ahora por ley.
La banca deberá esperar a que las familias fallen el pago de, al menos, 12 cuotas de amortización de su hipoteca o acumulen una deuda desatendida equivalente al 3% del capital
El acuerdo llega después de que la pasada semana el PSOE lograse una mayoría de apoyos para hacer descansar una "parte sustancial" de los costes de constitución de las hipotecas en la banca (las primeras copias del notario, gestoría y el impuesto de actos jurídicos documentados), mientras el cliente sufragará la tasación pudiendo llevarse dicha valoración para negociar el préstamo con otra entidad financiera. El acuerdo dejaba fuera, sin embargo, otros gastos asociados a la formalización de un préstamo como son las comisiones asociadas a la financiación.
En la reunión de hoy los diputados ha acordado además dotar de carácter fijo el código de buenas prácticas para obligar a la banca a aplicarlo a todas las hipotecas y no solo las firmadas antes de 2012.
Este código articuló una serie de medidas que obliga a las entidades a reestructurar la deuda de los colectivos más vulnerables, ampliándoles plazo, con cambios en los intereses o, incluso, estableciendo quitas o periodos de carencia para facilitar el pago de la deuda a los ciudadanos.
La ley de crédito inmobiliario, que traspone al ordenamiento jurídico la directiva europea, pone especial énfasis en mejorar la transparencia en la contratación para proteger al ciudadano y que sepa bien lo que firma, al tiempo que impide una comercialización indebida u opaca por parte de las entidades financieras.
Así, la ley obligará, por ejemplo, a señalizar de forma clara en los contratos las cláusulas complejas, e impondrá a los notarios a informarle gratuitamente sobre los distintos aspectos del préstamo y efectuar un test de conveniencia. Por otra parte, reforzará la exigencia para la entidad financiera de efectuar un análisis concienzudo de la solvencia del cliente y su capacidad para atender la deuda, con la finalidad de evitarle apuros por sobreendeudamiento.
La norma acaba con las remuneraciones o bonus ligados que tradicionalmente se concedían ligados a objetivos de concesión de financiación para evitar incentivos a una asunción de riesgo excesivo o comercialización indebida, y rompe con los productos vinculados, obligando a dar detalle del coste de cada uno de los productos que se adjunten a la hipoteca para que el consumidor pueda valorar si le conviene adquirirlos en conjunto o por separado.
