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El déficit del Estado aumenta al 1,22% del PIB en el primer semestre por gastos extra de la DANA

El déficit del Estado aumenta al 1,22% del PIB hasta junio por los gastos de la DANA

El déficit del Estado español en términos de contabilidad nacional ha experimentado un aumento en los primeros seis meses de 2025. Este se ha situado en 20.433 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,7% respecto a los 19.155 millones registrados el año anterior. Este aumento sitúa el déficit en el 1,22% del Producto Interior Bruto (PIB), ligeramente superior al 1,20% del mismo periodo en 2024. Las razones de este incremento están ligadas al gasto extraordinario provocado por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). En efecto, las lluvias torrenciales y sus consecuencias económicas representaron un desembolso de 2.380 millones de euros, de los cuales 1.799 millones fueron transferencias a la Administración local, equivalente al 0,14% del PIB. Los recursos no financieros del Estado, es decir, sus ingresos totales, se ubicaron en 144.740 millones de euros, superando en un 8% los ingresos registrados en el primer semestre de 2024. La mayoría de estos ingresos, el 85%, provienen de impuestos, con un incremento del 9,6%. Se destaca un aumento del 8,6% en los ingresos por IVA, alcanzando los 56.160 millones de euros. Además, los ingresos por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentaron en un 12,3%, ubicándose en 33.878 millones de euros. En 2025, entraron en vigor cambios significativos en el sistema tributario, como la introducción del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades de crédito, que generó 566 millones de euros en junio como primer pago. Este nuevo impuesto sustituye al gravamen temporal sobre entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que recaudó 843 millones en 2024 y 115 millones en 2025. Hacienda ha registrado a finales de mayo de 2025 un déficit de 18.609 millones de euros, superior en un 3,6% al mismo periodo de 2024 La DANA ha…
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La OEP 2025 frena su expansión: el Gobierno reduce las plazas en plena tensión por el relevo generacional

El Gobierno ha aprobado una Oferta de Empleo Público (OEP) para 2025 que supone un paso atrás en la senda expansiva de los últimos ejercicios. En total, se han convocado 36.500 plazas, lo que representa una caída del 9% respecto a 2024, año en el que se batió récord con más de 40.000 plazas ofertadas. El recorte, aunque previsible en el contexto de ajustes fiscales y exigencias europeas, ha reactivado la preocupación por la sostenibilidad del empleo público a medio plazo, especialmente ante el horizonte de jubiliaciones masivas que enfrenta la administración. El Ministerio de Hacienda ha defendido que esta oferta sigue siendo "ambiciosa" y "responsable", y responde a un "contexto económico y presupuestario diferente al de años anteriores". Sin embargo, voces tanto sindicales como técnicas han advertido del riesgo de perder impulso en el proceso de modernización del Estado. La OEP se consolida así como un termómetro político y económico, atrapado entre el compromiso con la reducción del déficit y la necesidad estructural de reponer recursos humanos esenciales en justicia, seguridad, sanidad, inspección y gestión tributaria. La cifra total se divide en 24.000 plazas de nuevo ingreso, 8.700 de promoción interna y alrededor de 3.800 ligadas a procesos de estabilización del empleo temporal, conforme a los objetivos marcados por la Ley 20/2021. Aunque el Ejecutivo insiste en que se priorizarán sectores estratégicos, como la transformación digital, la recaudación fiscal o la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública, los números dejan poco margen para ocultar una tendencia de contención que marca un giro respecto al ciclo expansivo iniciado tras la pandemia. En términos económicos, el ajuste en la OEP no es baladí. Representa una señal directa de que el Gobierno está empezando a reducir el peso del empleo público como palanca anticíclica tras cinco años de fuerte crecimiento. Entre…
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El Gobierno prevé que la IA ahorre casi 850 millones al año en prestaciones por desempleo

El Gobierno prevé que la IA ahorre casi 850 millones al año en prestaciones por desempleo

Ahorro en las arcas del Estado gracias a la inteligencia artificial La implementación de la inteligencia artificial (IA) en los servicios del Estado podría traducirse en un notable ahorro de 849 millones de euros anuales, según el informe titulado ‘HispanIA: cómo la inteligencia artificial mejorará nuestro futuro’, elaborado por la Presidencia del Gobierno y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Este estudio subraya el impacto que la IA tendría en la mejora de la orientación laboral, facilitando recomendaciones personalizadas a los solicitantes de empleo sobre vacantes disponibles, la competencia existente y opciones alternativas de ocupación. El informe estima que esta iniciativa podría incrementar la empleabilidad entre un 3% y un 5%, situando a la IA como un factor clave en la mejora de la inserción laboral. En palabras del estudio, «usando esta estimación como punto de referencia, se ha calculado el efecto potencial que la IA podría tener en el Sistema Nacional de Empleo y el consecuente ahorro en prestaciones por desempleo». Detalles del cálculo del ahorro Este ahorro se deriva del análisis del total de colocaciones anuales en España, que alcanzó los 2,6 millones de demandas de empleo activas gestionadas por los servicios de empleo de las comunidades autónomas en 2023. Según el informe, se espera que la mejora en el número de colocaciones oscile entre 78.700 y 131.000 puestos. Para calcular el ahorro en prestaciones por desempleo, el estudio ha considerado el número medio de meses que los desempleados de corta y media duración dedican a la búsqueda de trabajo. Multiplicando este tiempo por el número de desempleados en cada tramo y la prestación contributiva media (que fue de 1.518 euros mensuales en 2023), se llega a la cifra total de ahorro en prestaciones, que ascendería a 849 millones de euros al año. Cabe destacar que el…
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Bonet, presidente de la Cámara de Comercio en España, espera que el Estado no "intervenga" en Telefónica

Bonet (Cámara de Comercio) espera que el Estado no "intervenga" en Telefónica

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, ha contestado de manera rotunda a la pregunta sobre qué opina de la "intervención" del Estado en Telefónica. Ha ocurrido este martes durante un desayuno informativo organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), asegurando le parecería bien que la entrada del Estado en Telefónica se llevase a cabo para "apoyar y ayudar", pero no para "intervenir". "Si es para intervenir... ya no me gusta", advierte. Durante el acto, Bonet ha aprovechado para felicitar al presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, y al consejero delegado de la compañía, Ángel Simón, por la decisión de alcanzar una participación del 5% en Telefónica. "Me parece que es una buena decisión", confiesa. Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes, CriteriaCaixa, el 'holding' de la Fundación Bancaria La Caixa, ha alcanzado una participación del 5,007% en el accionariado de Telefónica. Hasta el momento, CriteriaCaixa había manifestado ser titular de una participación directa del 2,69% de la teleco presidida por José María Álvarez-Pallete. "La operación se ajusta a la política de inversión de CriteriaCaixa, caracterizada por una gestión eficiente y prudente de su portafolio, focalizado en compañías con una atractiva política de dividendos, como Telefónica, que le permiten financiar la acción social de la Fundación La Caixa. En 2023, CriteriaCaixa recibió un total de 42 millones de euros en dividendos de Telefónica", informa la entidad en un comunicado. CriteriaCaixa ha hecho hincapié en que su participación en Telefónica tiene "carácter estratégico y de largo plazo" y que su principal objetivo es dotar a la operadora de "mayor estabilidad accionarial" debido a que, a su juicio, es una empresa "esencial" tanto para el país como para el sector de las telecomunicaciones a nivel internacional. [caption id="attachment_89817"…
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Borja Carrascosa, director de Revista Capital

La ‘bendita’ inflación y la supuesta reducción de la deuda 

“Los responsables de la gestión presupuestaria de la Administración deben preguntarse por qué el Estado español tiene que pedirle al mercado un crédito de más de 70.000 millones ‘extra’ cada año”  El aumento de los precios tiene un efecto directo en el bolsillo y en el ahorro de los ciudadanos, así como en la cuenta de resultados de muchas empresas, que tienen que gastar más para comprar lo mismo o menos. Pero su impacto no es negativo para el Estado, sino todo lo contrario. Realmente, la inflación es una perfecta aliada que mejora la estadística macroeconómica y reduce, por extensión, todas las ratios macroeconómicas que reflejan los desequilibrios de nuestro país.  El impacto de la subida de precios sobre la economía española en 2023 se cifra en casi 81.000 millones de euros en términos de PIB, según se desprende de las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto representa aproximadamente el 70% de los 115.700 millones adicionales que fue capaz de generar España el año pasado. Nuestro país, en términos reales, creció un 2,5%, mientras que el deflactor del PIB -la inflación- sumó otro 6% al nominal hasta elevar por encima de 1,46 billones de euros la ‘riqueza’ generada el año pasado.  Llevado al terreno de la estadística, esto tiene un impacto directo y positivo en las variables macroeconómicas españolas. Esos 1,46 billones de euros, ‘vitaminados’ con el efecto de la inflación y el gasto público, explican por qué el Gobierno presume de haber “reducido” la deuda, cuando la realidad es bien distinta. El endeudamiento conjunto del Estado, las comunidades, las corporaciones locales y el resto de organismos de la Administración aumenta año tras año, sin parar, desde 2008.  La deuda pública superó en 2023 los 1,57 billones de euros, según el Banco de España, 72.000 millones más que…
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La cuestionable rentrée del Estado en las empresas privadas

“Por el buen funcionamiento de cualquier empresa privada, sus órganos de gobierno deberían estar liderados por expertos gestores y ejecutivos, y no por políticos” A principios de año, Telefónica acordó con los sindicatos las condiciones del recorte de plantilla (ERE) en un momento muy delicado para la compañía por el terremoto accionarial derivado de la rentrée del Estado español como inversor. Surgen muchas dudas sobre la decisión de adquirir el 10% de la compañía, especialmente por producirse tras la irrupción en su capital de un nuevo accionista como es el Gobierno de Arabia Saudí a través de STC (Saudi Telecom Company).  La gran pregunta a responder por el Estado como nuevo inversor sería: ¿Por qué adquiero el 10% de Telefónica?, así como, ¿de dónde voy a sacar la financiación, y cuál es mi coste de oportunidad? La respuesta oficial a la primera pregunta es la de trasfondo estratégico y protección del interés nacional, que en general no están convenciendo al sector, ni al mercado.  Asumiendo que este fuera el propósito, el impedimento clave estaría relacionado con la financiación. Una compra apalancada significaría aumentar nuestra deuda pública, y en cualquier caso implicaría una adquisición con dinero público con un impacto aproximado de 2.000 millones de euros (equivalente al IVA anual de los alimentos). Esta decisión es muy cuestionable en un país administrado por un Gobierno que alcanza una deuda histórica récord con un déficit crónico galopante.  Otra incógnita sería, ¿por qué, si es un activo estratégico de país, se ha dejado pasar tanto tiempo para volver a su accionariado? Cabe resaltar que la privatización de Telefónica finalizó en 1997 y hasta la entrada del fondo árabe no se había planteado en la hoja de ruta de ningún Gobierno.  En otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, sus Gobiernos conservan un porcentaje…
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El déficit público baja al 1,16% del PIB hasta octubre

El déficit público del Estado cae al 2,02% hasta noviembre y los impuestos recaudaron 193.501 millones de euros hasta noviembre, un 19,4% más que en 2021 El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 15.168 millones de euros en los diez primeros meses del año, lo que supone el 1,16% del PIB --frente al 4,41% del mismo periodo de 2021-- y un descenso del 71,5% respecto al año anterior, según recoge Europa Press. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 677 millones, el déficit público se sitúa en el 1,21% del PIB, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta noviembre, se ha situado en 26.513 millones de euros, lo que supone un descenso del 62,3% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 2,02% del PIB, frente al 5,83% existente en noviembre de 2021. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 23,5%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 0,5%. "Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. La Administración Central aglutina la mayor parte del déficit público En cuanto al déficit público hasta octubre, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 15.168 millones, el 1,16% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 18.295 millones, lo que equivale al 1,4% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración…
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El déficit público baja al 1,55% del PIB hasta septiembre y el del Estado cae al 1,37% hasta octubre

Los impuestos recaudaron 181.111 millones de euros hasta octubre, un 21,6% más que en 2021 El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 20.272 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone el 1,55% del PIB --frente al 4,69% del mismo periodo de 2021-- y un descenso del 64,2% respecto al año anterior. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 674 millones, el déficit público se sitúa en el 1,6% del PIB, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Hacienda y Función Pública recogidos Europa Press. En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta octubre, se ha situado en 18.016 millones de euros, lo que supone un descenso del 69,7% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 1,37% del PIB, frente al 4,93% existente en octubre de 2021. Este resultado se debe a un incremento de los ingresos no financieros del 25,9%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un ritmo del 1,8%. "Continúa la senda de descenso del déficit del Estado iniciada en 2021 como consecuencia de la reactivación económica y la creación de empleo", ha destacado el Ministerio que encabeza María Jesús Montero. La administración central aglutina la mayor parte del déficit público En cuanto al déficit público hasta septiembre, el de la Administración Central aglutinó la mayor parte, con 14.180 millones, el 1,08% del PIB, y dentro de este, el déficit del Estado se redujo a la cifra de 16.537 millones, lo que equivale al 1,26% en términos de PIB. Por su parte, los Organismos de la Administración Central registran hasta septiembre de 2022 un superávit de 2.357 millones, disparándose…
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Estado eficiente (II) 

“Un poder judicial independiente y con calidad profesional es pilar del desarrollo. Lo contrario es desorden, imposición y subdesarrollo”  En mi anterior colaboración, partiendo de la inviabilidad de una reforma constitucional a medio plazo y supuesta una mayoría absoluta de distinto signo en la próxima legislatura, proponía reformas en la Administración pública en pro de la eficiencia del poder ejecutivo. En esta aportación me propongo sugerir, supuestas las mismas circunstancias, modificaciones en los poderes legislativo y judicial.  Por lo que se refiere al poder legislativo, se trataría de activar el debate y la transparencia como exigencias básicas de sus funciones legislativa y de control, lo que conllevaría una profunda reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, equiparando tiempos de intervención, estableciendo un régimen ágil de replicas y dúplicas y consagrando la obligación de responder con concreción y veracidad las preguntas formuladas al Gobierno.  Así, el parlamentario insatisfecho por la respuesta o por el silencio recurriría a la Mesa de Congreso, y, de quedar insatisfecho, acudiría al Consejo de la Transparencia, quien requeriría una respuesta concreta y veraz. De frustrarse nuevamente, este Consejo lo denunciaría a la Fiscalía por obstrucción a la acción parlamentaria, delito de nueva creación que conllevaría la pena de inhabilitación para cargos público de la autoridad rebelde.  Otras leyes de relevancia institucional merecerían inmediata revisión, tales como la ley de partidos políticos y de organizaciones sindicales y empresariales, que refuerce su funcionamiento democrático y el acatamiento al orden constitucional, derogándose la norma de sobrerrepresentación a favor de UGT y CCOO o como la ley de estado de alarma, excepción y sitio. Y, desde luego, la ley de subvenciones, para cerrar un grifo incontenible e incontrolado, junto con otras de similar trascendencia.   El poder judicial tiene la exclusiva función de juzgar y ejecutar lo juzgado según…
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Estado eficiente (I)

“Al Estado hay que exigirle calidad, neutralidad y el ritmo que la Nación exige. Lo contrario es incumplimiento” El Estado es una superestructura de gestión y de representación de la Nación. El Estado es siempre instrumental, orientado a objetivos de libertad, justicia y seguridad, y la Nación soberana, es sustantiva.  Nación soberana y Estado prestador, éste es el esquema demasiadas veces invertido (Estado soberano y Nación sometida). Al Estado hay que exigirle calidad, neutralidad y el ritmo que la Nación exige. Lo contrario es incumplimiento.   Siendo impensable hoy cualquier reforma constitucional, cabrían soluciones legales de mejora, siempre que de la próxima legislatura surgiera una mayoría absoluta nueva. Empiezo por el poder ejecutivo. En otro comentario me referiré a los poderes legislativo y judicial.  El poder ejecutivo lo constituyen dos ámbitos de distinta consideración. La dirección política (ministros y secretarios de Estado), que tiene mal arreglo, y el ámbito de los empleados públicos que, por desmesurado (paro encubierto) y desincentivado que sea, es mejorable, lo que atenuaría el impacto del capricho imponiendo la técnica y el derecho.  Propongo dos reformas previas: a) garantizar la radical independencia de los Altos Organismos de Estado, sin tocar la Constitución, y b) crear una Escuela de Altos Estudios de la Administración.  Los Altos Organismos del Estado estarían constituidos, exclusivamente, por funcionarios de alta cualificación (letrados  de Cortes y del Consejo de Estado, inspectores de Hacienda, interventores, auditores, ingenieros, economistas y abogados del Estado y catedráticos de disciplinas congruentes con la función) que se incorporarían por concurso oposición y cuyos órganos de dirección se elegirían internamente por periodos quinquenales. Aportarían independencia y calidad, actuando como contrapoder de la dirección política en sus funciones consultiva, interventora e inspectora.  De originarse daños por desatención de los criterios aportados, surgiría la responsabilidad patrimonial y/o penal de la dirección política.  …
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