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¿Tienen los vascos privilegios fiscales?

El mecanismo del cupo vasco implica unas reglas diferentes que muchos consideran "privilegios" y que no se equiparan a las del resto de Comunidades Autónomas Es una pregunta constante que sale a debate al menos una vez al año. Algunas comunidades se oponen frontalmente a lo que consideran una regulación privilegiada, mientras que otras, como Cataluña, han tenido en sus manos aceptar un trato similar al de País Vasco y Navarra, pero han terminado por rechazarlo. Por ello, es indispensable conocer los secretos de la financiación autonómica española, para discernir sobre si realmente este reglaje especial beneficia a ambas comunidades forales. El origen del Concierto y su evolución hasta nuestros días La historia del concierto económico vasco comienza tras la finalización de la Tercera Guerra Carlista. Es en 1878 cuando el Gobierno impone este sistema a las provincias vascas, como forma efectiva de pago de impuestos, para equipararlas al resto de regiones del país. El caso de Navarra es anterior, pues el llamado Convenio (nombre que recibe este sistema en la Comunidad Foral Navarra) data originalmente de 1841. A pesar de esta "regularización", los ciudadanos de ambas regiones llevaban siglos contando con privilegios respecto al resto de España, como la exención del servicio militar obligatorio, en virtud de unos derechos forales de origen medieval que, por ejemplo, desaparecieron en la Corona de Aragón tras los Decretos de Nueva Planta, a comienzos del siglo XVIII. Tras las Guerras Carlistas, este sistema sustituyó las exenciones hasta entonces presentes en dichas provincias, con la particularidad de que esta nueva norma establecía un método de colaboración entre las provincias forales y el Estado, que debían acordar las cantidades a tributar, a diferencia del resto de territorios del país, donde el gobierno central gestionaba directamente los impuestos. Tras la Guerra Civil, Francisco Franco abolió el…
"La industria se ha visto castigada por la falta de un marco legal estable, una fiscalidad homogénea, el apoyo del sector público y la descarbonización", por Por Jordi Sacristán, periodista y director de Comunicación Financiera de Roman Mientras Cataluña sigue entretenida en sus diatribas contra el Estado español y en sus panegíricos del nacionalismo, los empresarios industriales catalanes miran con gran envidia lo que ocurre en Euskadi. Dejando a un lado la valoración de la situación política en cada territorio, los números para los industriales catalanes son tremendamente desfavorables.  El pasado día 16 de febrero, el Gobierno vasco presentó su plan de ayudas a la industria 2022 con 74 programas y un presupuesto de 590 millones de euros. El objetivo del programa es seguir impulsando el dinamismo que la industria ha demostrado en 2021, liderando la reactivación económica y generando empleo de calidad. La mayor parte de estas ayudas a la industria están destinadas al desarrollo tecnológico y al I+D (unos 219 millones de euros); transformación digital (otros 26 millones) y transformación energética (150 millones). Todas ellas con un foco común: el desarrollo del modelo industrial mucho más sostenible que potencie el nacimiento de la denominada “bioeconomía”.  Por su parte, los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2022 contemplan una partida de ayudas a la industria de 50,4 millones de euros, lo que exactamente supone un incremento de 100.000 euros respecto a los 50,3 millones con que se aprobaron los presupuestos del año 2020. La sensación de abandono que muestra el sector manufacturero catalán, que representa casi un 20% del PIB catalán, parece que está justificado por las cifras.  Pero pasemos de la objetividad de los números a la subjetividad de los empresarios. Una de las últimas jornadas organizadas por el Círculo Ecuestre de Barcelona reunió como ponentes a cuatro…