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El peligro que corre el imperio empresarial de Donald Trump

La demanda de la fiscalía de Nueva York a Donald Trump y a sus hijos por fraude empresarial podría poner en jaque a la compañía inmobiliaria del expresidente de Estados Unidos La Organización Trump eleva sus problemas con la justicia y sus presiones financieras van a más. La demanda presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, es el último escándalo que acontece al expresidente y es un síntoma más de cómo se están viendo afectados sus negocios, al igual que su patrimonio personal. El multimillonario empieza a verse acorralado por la justicia del país y algunos expertos aseguran que peligra su gran imperio empresarial. La riqueza de Donald Trump, ¿en peligro? Donald Trump y sus hijos han sido demandados por fraude empresarial a causa de obtener supuestamente de forma fraudulenta préstamos y beneficios de seguros y por pagar impuestos más bajos de los que les corresponden. James ha afirmado que el empresario lleva cometiendo fraude fiscal durante años. En consecuencia, el Estado pide una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de la familia Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales durante los próximos cinco años. El expresidente de Estados Unidos no ha tardado en arremeter contra la fiscal general de Nueva York definiéndola en un mitin como "maniática rabiosa" y "chiflada de izquierdas". "Hallamos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguros", ha declarado la fiscal. El imperio multimillonario del empresario que puede verse perjudicado no se queda pequeño. Según Forbes, el patrimonio neto de Donald Trump en 2021 era de US$ 2.500 millones,…
Más de cuatro de cada cinco empresas se han visto afectadas por actividades ilícitas como fraude, corrupción o blanqueo de capitales, haciendo frente al coste de una "necesaria investigación" de las denuncias de estas conductas El 82% de las empresas se ven afectadas por conductas indebidas como fraude o corrupción, según el informe 'Global Fraud and Risk Report', elaborado por Kroll, que recoge Europa Press. Para este informe se han realizado más de 1.330 encuestas a responsables de la toma de decisiones en materia de estrategia de riesgos, entre los que se incluyen directores generales, consejeros delegados, directores de cumplimiento y directores financieros. En respuesta a los "elevados índices de conductas indebidas graves" notificados, más de tres cuartas partes (78%) de las organizaciones encuestadas declararon haber realizado investigaciones internas al respecto en los últimos tres años. Sobre estas investigaciones, un 79% de las empresas ha afirmado que su coste ha aumentado, especialmente en el caso de las organizaciones con un volumen de negocio superior a 15.000 millones de dólares (14.210 millones de euros). Casi la mitad (49%) de las organizaciones encuestadas con dicho volumen de negocio consideraron que el coste de las investigaciones internas se había "incrementado significativamente", casi el doble que la media mundial (26%). "El aumento del coste de las investigaciones y el incremento del riesgo de fraude afectan gravemente a las empresas", han señalado desde Kroll Entre los motivos que llevan a este aumento de los costes, el director de investigaciones forenses e inteligencia de Kroll, Ignacio Cortés, ha apuntado a un "crecimiento exponencial" en las empresas del uso de información electrónica, "lo que significa que la búsqueda de pruebas y datos durante una investigación interna a menudo puede ser una tarea laboriosa y costosa". Transportes, ocio y turismo, los sectores que más sufren el impacto Los…
Capital habla con Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas y Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, sobre la situación del fraude fiscal en España La realidad sobre las cuestiones que engloban a la Hacienda Pública va más allá. “No existe una Hacienda Pública, sino tres niveles de Administraciones Tributarias: central, autonómica y local”. Así lo explica Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Las cuestiones a las que se enfrentan estas entidades derivan en retos como, por ejemplo, mover sus maquinarias administrativas para adaptarse a un mundo más global y digitalizado. “La Agencia Tributaria es puntera en este aspecto”, comenta. Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado. Del mismo modo, Ransés Pérez Boga, presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado, expone que los problemas a los que hacen frente son los siguientes: el gran fraude fiscal, la baja conciencia fiscal, la existencia de paraísos fiscales, la reforma institucional de la AEAT para adaptarla al siglo XXI y las dificultades de controlar al comercio internacional y electrónico. También, el auge y opacidad de las operaciones con criptomonedas, las cuales, aclara, son “difícil de controlar por Hacienda”. Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas. Desde el punto de vista de Luis del Amo, la finalidad y transformación de las administraciones debe traducirse en una renovación de las plantillas en las que la media de edad sea elevada. Hecho que Pérez Boga confirma: “En los próximos cinco años se jubilará el 25% de la plantilla, por lo que se corre el riesgo de una reducción drástica del personal y, el mejor de los pasos es un rejuvenecimiento de plantilla,…
El plan de control tributario 2022 busca reducir la brecha creciente de 38.000 millones de economía "en B" que sufre España cada año El pasado 31 de enero se publicó la Resolución de 26 de enero de 2022 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022. Se trata de un proyecto marcado por el haber y el deber, diseñado para intentar reducir la cifra de economía sumergida y de contabilidad “en B” de España, que provoca un fraude fiscal de 800 euros anuales “per cápita”. “Lo más significativo de este plan va a ser el control, una vez que se apruebe una norma reglamentaria que establezca las certificaciones de las aplicaciones y programas de contabilidad. Para evitar así, que exista la posibilidad de que haya softwares de doble contabilidad”, afirma José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha). Esto es lo más significativo en el lado del haber, pues de cara a la evasión tributaria, como comenta Mollinedo, “la sola tenencia de esos programas -que ofrecen una contabilidad A y otra B- no certificados es causa suficiente de una infracción tributaria”. José María Mollinedo (Gestha): “La economía sumergida crece a más velocidad que lo que la Agencia Tributaria puede descubrir, y esto significa que no estamos haciendo bien nuestro trabajo” España frente Europa Sobre la media europea, España cuenta con una economía sumergida que supone un impago de impuestos de 38.000 millones de euros al año. Dividiéndolo entre la población, aproximadamente 47 millones de españoles, sale a más de 800 euros por persona. “Quien tiene que pagar impuestos, no quiere pagar más, pues prefiere que esos 38.000 millones salgan de la economía sumergida”, analiza. Además…
Etiquetaban y utilizaban trazabilidad falsa de productos cárnicos ibéricos a jamones y paletas que no lo eran Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de la Guardia Civil de Madrid, han detenido en la operación 'Costmapa' a tres personas e investigado a cinco más por delitos relacionados contra la salud pública relativo al mercado y los consumidores, falsificación de documento, estafa y delito contra la propiedad industrial, habiendo facilitado la introducción al mercado de jamones y paletas simulando que eran ibéricas, según recoge Europa Press. El inicio de la investigación se remonta al pasado mes de octubre, cuando en las instalaciones de una mercantil situada en Getafe fueron detectados e inmovilizados varios jamones y paletas que portaban vitolas ibéricas procedentes de la provincia de Huelva con irregularidades en los precintos y en las etiquetas. El avance de la investigación permitió conocer que todos ellos procedían de la misma firma comercial y que además se estaban distribuyendo en otras instalaciones de venta al público situadas en Las Rozas y en Sevilla, ha informado la Comandancia de Madrid este jueves en una nota de prensa. Por ello los agentes hicieron varias inspecciones, tanto en estas instalaciones donde los productos estaban siendo comercializados como en dependencias de la empresa que los abastecía, descubriendo los agentes una compleja trama conformada por varias mercantiles que colocaban precintos ibéricos a piezas que no lo eran, emitían falsas auditorías en los certificados de calidad y los introducían en el mercado final de los consumidores. 405 paletas y 659 jamones por valor de 180.000 euros Fruto de todas las inspecciones que se han realizado se han intervenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente un total de 405 paletas y 659 jamones por valor de 180.000 euros con irregularidades en…
Endesa, a través de su filial e-distribución, ha realizado en el período 2018-2020 más de 600.000 inspecciones para la detección del fraude eléctrico, consiguiendo en el último año destapar robo de energía en una de cada dos inspecciones, un porcentaje que duplica el registrado en 2017, informó la energética. La filial de distribución de Endesa empezó en 2017 a aplicar técnicas de 'machine learning' (aprendizaje automático) y 'deep learning' (aprendizaje profundo) para detectar pérdidas de energía no técnicas. La digitalización de la red, el despliegue de sensores y la implantación de los contadores inteligentes hace que cada vez se obtenga más información del funcionamiento de los equipos de medida y de la red de media y baja tensión, y el análisis de esos datos permite detectar desviaciones y comportamientos anómalos para orientar las inspecciones de manera más eficiente y aumentar el porcentaje de fraude detectado. Así, Endesa destaca que la aplicación de la inteligencia artificial sobre los datos y la mejora sistemática de estos modelos predictivos, está permitiendo al grupo, siempre respetando la normativa, detectar de forma eficiente todo tipo de fraudes, tanto en suministros con contrato en vigor, como en suministros sin contrato, desde los fraudes tradicionales (puentes, dobles acometidas, enganches directos, etc.), hasta los más sofisticados (placas con circuitos impresos insertadas en los propios contadores), "detectando una gran cantidad de fraudes y con una precisión difícil de imaginar hace escasamente unos años". En concreto, la unidad de 'Machine Learning' de Endesa cuenta con matemáticos, informáticos e ingenieros que aplican la inteligencia artificial a la lucha contra el fraude eléctrico. Estos nuevos perfiles profesionales, expertos en 'data science' y 'big data', se han incorporado en los últimos años a la plantilla de la eléctrica y trabajan junto con los inspectores de campo para desarrollar y mejorar los modelos predictivos.
El Black Friday ya está aquí. Esta tradicional feria del descuento a escala mundial que España importó hace unos años desde el continente americano celebra este viernes su gran día. Un festejo que este año viene marcado por las atípicas condiciones en las que se encuentra el comercio después de unos duros meses de facturación derivados por la crisis del coronavirus y cuya esperanza se encuentra en un reencuentro positivo con el consumidor. Ahora bien, ¿será así? La mayor certeza sobre este Black Friday cargado de incógnitas es que primará el comercio digital. Las restricciones impuestas en muchas localidades del país y el propio temor de muchas personas a la hora de acudir a comercios físicos ha impulsado un ecommerce que obliga tanto a grandes como a pequeñas y medianas empresas a potenciar sus servicios de mensajería. Así lo afirma un último informe del grupo de recursos humanos Randstad, que apunta que el sector del transporte y la logística "está siendo un salvavidas" para el empleo en esta campaña. De hecho, estos dos sectores supondrán el 44% de los más de 290.000 contratos que se firmarán durante la campaña de Navidad y que ya incluye el Black Friday. Entre las empresas que ya han anunciado dichas contrataciones se encuentra Seur, empresa que ha reforzado su plantilla con 2.100 nuevas incorporaciones para hacer frente al Black Friday, 600 de ellas solo en Madrid Y es que la compañía de mensajería augura que crezca el volumen de envíos durante esta celebración hasta un 50% más con respecto al año pasado. Pero, ¿será así? ¿Se encuentran los consumidores con ganas de gastar? Tal y como indica la 'Encuesta Anual de Black Friday y Navidad 2020' realizada por Adigital y Confianza Online, tal vez no mucho. Al menos según los ecommerce, ya que el…
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) perdió más de 8,3 millones de euros en 2016 por prestaciones sociales a personas que ya habían muerto, según se desprende del informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas, que recoge cientos de pagos a fallecidos que no han sido devueltos. El Tribunal de Cuentas ha contrastado la información que sobre fallecidos elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) con las nóminas de prestaciones correspondientes a los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2016, y ha detectado beneficiarios que estaban incluidos en nómina a pesar de que figuraban como muertos. Se trata de 65 beneficiarios en Castilla-La Mancha, 186 en Andalucía, 234 en la Comunidad Valenciana y 94 en la Comunidad de Madrid. En total son más de ocho millones los que se habrían repartido de forma irregular. La mayoría de ese dinero se repartió en la Comunidad Valenciana, un total de 8,2 millones de euros que no han sido recuperados. En Andalucía, las prestaciones a beneficiarios fallecidos han supuesto una pérdida de 54.257,57 euros, mientras que en Castilla-La Mancha las pérdidas se cifran en 6.618,2 euros. En la Comunidad de Madrid los importes no recuperados superan los 30.000 euros. Todo este dinero no había sido devuelto aún en junio de 2018, según el Tribunal de Cuentas. En la Comunidad Valenciana, según explica la institución, de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social a junio de 2018 no constaba que se haya recuperado un importe total de 8.248.880,6 euros, de los que 2.952.112,92 euros no habían sido devueltos por las entidades financieras una vez finalizado el correspondiente procedimiento de retrocesión al considerarse cantidades prescritas. En total, se pagaron prestaciones a 579 personas fallecidas entre las cuatro comunidades autónomas mencionadas. El Tribunal de Cuentas…