La asociación que representa al 90% del sector en España, Unauto VTC, ha anunciado que llevará a los tribunales el reglamento impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que restringe su actividad en la ciudad, elevando de 15 a 60 minutos el periodo exigido para contratar con antelación sus servicios.
El Área Metropolitana de Barcelona ha aprobado las reglas para operar de los vehículos de alquiler sin conductor (VTC) en la Ciudad Condal, con el apoyo del Barcelona en Comú, PSC y la CUP, los votos en contra del PP y Ciudadanos, y la abstención de ERC y JuntsxCat.
En opinión de la asociación, la normativa atenta contra el artículo 38 de la Constitución Española de libertad de empresa y vulnera la competencia "que tanto beneficia a los usuarios finales de los distintos servicios de movilidad".
Unauto hace suyo el último informe de la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO), donde consideraba que la normativa perjudicaba "gravemente" a los usuarios y el plazo de 60 minutos no se encontraba justificado en base a ninguna razón de interés general o motivo legítimo, para sostener que "restringe indiscriminadamente el sector VTC".
En un comunicado Unauto lamenta que "una vez más el Ayuntamiento de Barcelona refleje que no apuesta por una movilidad inclusiva, que incorpore las ventajas de la tecnología y que renuncia a tener un papel protagonista en el desarrollo de un sector clave".
A su juicio, el consistorio limita las opciones del ciudadano de elegir como moverse y "cede a las presiones del sector más radical del taxi”, cuando conforme a un estudio reciente de Metroscopia el 70% de los catalanes encuestados “valoran negativamente el decreto aprobado por el Gobierno de la Generalidad".
En opinión de la asociación, la normativa atenta contra el artículo 38 de la Constitución Española de libertad de empresa y vulnera la competencia "que tanto beneficia a los usuarios finales de los distintos servicios de movilidad".
Unauto hace suyo el último informe de la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO), donde consideraba que la normativa perjudicaba "gravemente" a los usuarios y el plazo de 60 minutos no se encontraba justificado en base a ninguna razón de interés general o motivo legítimo, para sostener que "restringe indiscriminadamente el sector VTC".
En un comunicado Unauto lamenta que "una vez más el Ayuntamiento de Barcelona refleje que no apuesta por una movilidad inclusiva, que incorpore las ventajas de la tecnología y que renuncia a tener un papel protagonista en el desarrollo de un sector clave".
A su juicio, el consistorio limita las opciones del ciudadano de elegir como moverse y "cede a las presiones del sector más radical del taxi”, cuando conforme a un estudio reciente de Metroscopia el 70% de los catalanes encuestados “valoran negativamente el decreto aprobado por el Gobierno de la Generalidad".
