Antonio Garamendi, quinto presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), recibe a Capital a mediados de febrero, en plena maratón de encuentros institucionales e informativos. El entorno que rodea a la actividad económica -y social- de España es de una elevada incertidumbre, en plena tercera ola de la Covid-19 y con “fuegos cruzados” entre los miembros de un Gobierno de coalición. La “brecha” entre PSOE y Podemos se amplía un poco más cada día. El PIB, que no es otra cosa que lo que produce un país, se ha resentido mucho por los efectos de la pandemia, y Garamendi recuerda que la patronal “ya avisó hace meses de que el país no iba a crecer un 9,8 % este año, como planteaba el Ejecutivo. Apostamos por un 5,4 %, y estaremos cerca de esa cifra. Me encantaría equivocarme”.
Consciente de la relevancia de la patronal en momentos de incertidumbre económica como el actual, el presidente que, probablemente, tenga un mayor nivel de exposición mediática -voluntaria de los cinco que han liderado la patronal desde 1977 se muestra crítico. Pide seguridad jurídica y racionalidad fiscal para la actividad económica, eficiencia para la Administración Pública y equilibrio entre la salud y la economía. Garamendi pone en valor el trabajo de los miembros de CEOE y las mesas de negociación con los representantes sindicales, cada uno en su línea. “La mejor infraestructura del país es la paz social”, afirma.
La anestesia del BCE y el gasto estructural
La reacción del Estado ante la pandemia, en su opinión, ha sido desigual. El gasto público ya supera el 50 % del PIB, y, por tanto, el peso de la Administración sobre el conjunto de la economía es superior al del sector privado. Garamendi cree que, en 2021, “el Estado debe gastar. La propia Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) nos lo piden”. No obstante, consciente de que el camino inverso -la reducción del gasto público- es mucho más difícil, advierte: “El problema reside en que ese gasto pueda convertirse en estructural. En 2022 y 2023 tendremos que afrontar una consolidación fiscal de las cuentas públicas, y eso solo se consigue con eficiencia”.
La anestesia del BCE, que compra prácticamente toda la deuda pública nueva que emiten los Estados europeos -no solo la de España, sino prácticamente la de todos-, impide valorar con exactitud la situación actual. Pudiera parece que el capital se sitúa en favor del discurso político, y Garamendi reclama coherencia y sentido común: “Cuidado con el populismo de algunos, que dicen que el Estado no está haciendo recortes. Eso es gracias al capitalismo, al BCE, que está inyectando dinero”. Si recurrimos a lugares comunes, sencillamente, a algunos las ramas no les dejan ver el bosque.
Esta situación de calma en el mercado de deuda provoca declaraciones que enmarcan propuestas arriesgadas. Es el caso de las peticiones de condonación de deuda pública, un volumen de pasivo que alcanzará el 120 % del PIB en el medio plazo. Y subiendo. “Hay veces que los anuncios son mucho más peligrosos que las medidas. Que salgan los que han salido diciendo lo que han dicho sobre la condonación de deuda deja a España en una situación en la que los inversores se preguntan si somos un país serio. Cada vez que escucho mencionar a Piketty, me pongo a temblar. No se le ocurre una buena…”, señala el presidente de CEOE.
No tiene sentido que las empresas estén reduciendo plantillas y se estén digitalizando, y, sin embargo, la Administración pública todavía no haya iniciado su proceso de digitalización y esté contratando a más gente. Queremos empleo para todo el mundo, pero tenemos que seguir hablando de la eficiencia del Estado. No puede ser que la Administración se meta en los gastos que hagan falta, y luego, la fórmula sea cobrarles a los ricos”, apunta Garamendi.
Este es un fragmento de una de las entrevistas que encontrarás en el número de marzo de la Revista Capital, ya disponible en tu kiosco o en Zinio.
