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A dedo, mínimo control y mínima transparencia: Radiografía de los contratos de emergencia de la Administración

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Compra de mascarillas y otros suministros; concesiones de televisión pública; gestión de piscinas; compras de pistolas táser y hasta tres camellos para la cabalgata de Reyes son algunos de los contratos adjudicados 

Tan solo cuatro empresas se llevaron uno de cada diez euros adjudicados “de emergencia

El 13 de marzo de 2020, un día antes del decreto del estado de alarma, el BOE publica que la Administración General del Estado (AGE) puede usar la contratación de emergencia para “atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la Covid-19”. Dos semanas más tarde, se amplía la posibilidad a todas las administraciones públicas y, además, se abre la veda al pago por adelantado, ni siquiera es necesaria la firma.

En este contexto debemos preguntarnos qué es emergencia y qué no lo es. Si bien las necesidades sociosanitarias precisaron la toma de decisiones extraordinarias como esta, la actuación de las entidades públicas, en ocasiones, dista mucho de la buena praxis. Una investigación periodística realizada por Civio analiza los gastos de las administraciones públicas durante todo 2020 y destaca la arbitrariedad de algunos de estos contratos. Pero no es lo único que señala la compañía, también los plazos en la publicación está en tela de juicio. De los 15 días ordinarios a una media de 43 días, sin tener en cuenta, siquiera, los que todavía no han sido publicados.

La mayor parte del presupuesto, 5.398 de los 6.445 millones de euros destinados a contratos de emergencia, sí se destinaron a la compra de suministros. Mascarillas, vestimenta de protección (casi 3.000 millones), test (594 millones)… Sin embargo, el gasto público se destinó también a otras cuestiones.

Escenario de emergencia, gestión en evidencia

Las administraciones públicas españolas adjudicaron a dedo, sin rastro de concurso público, sin abrir expediente y sin apenas controles ni transparencia, hasta 16.589 contratos que generaron 6.445 millones mediante el procedimiento de emergencia. El coronavirus desencadenó transacciones más o menos adecuadas que, en total, podrían equipararse al presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social (6.266,7 millones) o a casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Desarrollo (3.232 millones), según dictan los Presupuestos Generales del Estado 2021.

Entre los miles y miles de contratos motivados por la COVID-19, no todas las adjudicaciones de emergencia responden estrictamente a la lucha contra el coronavirus ni presentan la excepcionalidad que la ley exige a esta clase de adjudicaciones. Así lo explica Eva Belmonte, co-directora de Civio y experta en análisis de contratos públicos. Por primera vez, la empresa ha investigado todos los contratos de emergencia de las administraciones públicas españolas -nacionales, autonómicas y locales- adjudicados y publicados en 2020, a excepción únicamente de los contratos menores.

“Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa personal”, así es como la Ley de Contratos establece la tramitación de emergencia de contratos públicos. “No vale decir que no tuviste tiempo para sacar a concurso un contrato“, matiza Belmonte. La experta señala que, en realidad, la previsión de este tipo de concurso público suele ser de meses vista.

A dónde fue el dinero de los contratos de emergencia

El 15% de los contratos firmados fueron provocados por las circunstancias excepcionales de la pandemia. Aunque la mayoría de contratos se destinó a la compra de suministros contra el coronavirus, la utilización de estos fondos públicos para otros fines es la clave de la investigación. Concesiones de televisión pública, piscinas, compra de pistolas táser y hasta camellos para la cabalgata de Reyes… Parece que en 2020, las “emergencias” fueron de todo tipo.

El problema no es en qué se gastó el dinero, sino el formato de estos contratos, el apellido “de emergencia” no siempre tiene sentido. La publicidad institucional fue -antes y después del confinamiento- determinante para concienciar a la ciudadanía. Usar mascarilla, mantener la distancia social, lavarse las manos… Los nuevos hábitos tenían que ser una realidad lo antes posible. Sin embargo, cuestiones como la reactivación económica, la prevención de incendios forestales o la promoción turística -como en el caso de la propia Secretaría de Estado de Turismo y la Generalitat de Catalunya- son atemporales. ¿Por qué entonces se consideraron “de emergencia”? El mismo planteamiento puede extrapolarse al resto de gastos públicos que señala la investigación de Civio. 

Algo similar ocurre con la concesión de la televisión pública de Murcia, que aprovechó la situación para excusar la mala gestión. Alegar que la crisis sanitaria detuvo los trámites administrativos no es excusa, ya que la convocatoria a concurso público debía haber sido prevista con meses de antelación. ¿Poca planificación? Es posible, pero la situación no guarda relación directa con la pandemia. Sin embargo, Murcia explicó el trámite apoyándose en el papel de los medios de comunicación. La televisión en plena catástrofe es fundamental, pero ¿la cuestión era esta?

Otros ejemplos curiosos son la compra de 15 pistolas táser valoradas en 36.000 euros, en el caso del Ayuntamiento de Marbella, que alegó que “no todos los ciudadanos aceptan de buen grado las indicaciones para cumplir las normas de confinamiento” o la gestión de la piscina municipal, en el Ayuntamiento de Meco, en Madrid, gasto que se escudándose en el malestar vecinal. El más llamativo, sin embargo, es el caso de los camellos para la cabalgata de Reyes, hazaña del Ayuntamiento canario de Icod de los Vinos a fecha del 2 de enero de 2020, cuando la palabra ‘coronavirus’ todavía “no incumbía” a España.

Proveedores principales de suministro sanitario: cuatro empresas y el resto

El 23 de marzo de 2020, Sanidad firmó cuatro contratos valorados en un total de 637 millones de euros, casi el 10% del total adjudicados y publicados en 2020. La empresa FCS Select Products, con sede en la ciudad condal y una delegación en China que jamás había trabajado en el sector, se convierte en el principal proveedor del Gobierno con una suma de más de 217 millones de euros. 

En esta línea, le siguen Hong Kong Travis Asia (187 millones, 150 de los mismos destinados únicamente a la compra de mascarillas); Barna Import Médica, que ya importaba y vendía productos sanitarios antes de la crisis (120 millones repartidos en 209 adjudicaciones) y Abbott (110 millones en 96 adjudicaciones, dedicados especialmente a la compra de test de antígenos).

Más de 94 de los 326 millones, un 30%, se destinaron a obras de acondicionamiento, reparación y mantenimiento de espacios sanitarios. También a servicios, con 6.953 adjudicaciones por 692 millones, destinados especialmente a transporte, logística y alquiler de vehículos (121.2 millones), en ocasiones utilizados para repartir los suministros anteriores. Y, cómo no, pruebas de covid, rastreo de contactos, asistencia sanitaria y alojamiento de pacientes (120 millones); limpieza y desinfección (86 millones) y servicios sociales e informática, para atender las nuevas necesidades del teletrabajo, en este último caso.

En cuanto a la distribución por organismos, la Administración General del Estado gastó más de la mitad de los 6.445 millones. Casi de forma exclusiva, la gestión corrió a cuenta del Ministerio de Sanidad, con el 98% del dinero utilizado en esta clase de contratos. A nivel autonómico, destacan tanto Catalunya (807 millones) como Madrid (689 millones). A nivel local y con un peso mucho menor, por competencias y por volumen presupuestario, le sigue el Ayuntamiento de Madrid, con 45 millones gastados de emergencia.

Explorar fácilmente los 16.589 contratos firmados mediante este procedimiento inmediato y arbitrario es posible gracias al buscador que ha creado la compañía. Un total de 25.068 adjudicaciones, ya que algunos tienen varios lotes. Civio insiste: los datos, a total disposición de las entidades de control y vigilancia de la contratación pública, podrían amenizar el proceso de control y detectar posibles irregularidades a sancionar. La información, de uso público y totalmente libre, ya está disponible en datos.civio.es.

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