El registro de lobbies en la UE, un paso hacia la transparencia
El lobby es una actividad opaca por su propia naturaleza, que, aunque necesaria para el ejercicio de la democracia y los derechos, está mediada por el manejo de información –en ocasiones, de forma privilegiada– que reduce la maniobrabilidad democrática de actores que, de por sí, no han sido electos para el cargo que ocupan, siendo más susceptibles a presiones.
Por ello, la Unión Europea (UE) viene desarrollando importantes avances para reducir tales presiones en sus órganos comunitarios, intentando identificar las acciones comunicativas y las políticas persuasivas que influyen en las instituciones comunitarias y Estados Miembros por parte de los grupos de lobbies.
En la actualidad hay miles de grupos de lobbies registrados en Bruselas, de distintos tipos y diversas procedencias. Encontramos desde grupos empresariales sectoriales hasta defensores del medioambiente o fundaciones extranjeras, pasando por la paradiplomacia de los 27 Estados Miembros, orientada a promover intereses en común.
Este caleidoscopio de intereses y presiones de grupos específicos propicia la visibilidad de los procesos de transparencia y regulación, impulsada por diversos sectores para legalizar el trabajo ejercido por los lobbies, dando como resultado que en 2008 se inicie un registro en Bruselas sobre estos grupos. Su puesta en práctica se desarrolla a partir de 2011 en los tres principales órganos comunitarios susceptibles de lobby: la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo.
El registro de lobbies de la UE es voluntario, no establece sanciones para aquellos lobbies que decidan no hacerlo. Este es un factor determinante en la política de transparencia y ética en el proceso de toma de decisiones.
La Comisión lidera la iniciativa comunicacional comunitaria y el Parlamento asienta todo el arco político europeo. El Consejo Europeo, por su parte, requiere de un trabajo mucho más delicado, atinado del cabildeo profesional dada su Alta Representación y la definición de su agenda. Y, por ello, este último es el órgano más “opaco” en su proceso de toma de decisiones y de mayor dificultad de acceso de los lobistas. El Parlamento y la Comisión llevan la delantera en lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.
“La regulación del lobby es más una respuesta política a la desafección ciudadana que una medida de coerción institucional”
La UE dispone de recursos y competencias suficientes para captar la atención de los grupos de presión. Sus decisiones son relevantes en muchos sentidos para los intereses socioeconómicos, pero su administración y procedimientos técnicos la hacen una organización atomizada en comités y agencias. Por ello, diversos grupos disponen de mayores oportunidades de acceso a los centros clave, y, en particular, a la Comisión, a lo largo del proceso decisorio e incluso durante la fase de implementación de las políticas y resoluciones que se adoptan.
La regulación de los lobbies es más una respuesta política a la desafección ciudadana que una medida de coerción institucional. La legitimación de los sistemas políticos a través de un conjunto de reformas legales sobre transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información son pilares básicos de cambios políticos en la legislación nacional y en las instituciones comunes de los estados miembros.
Estas regulaciones responden a un modelo poco exigente en el que el elemento principal del mismo es el registro, voluntario, de los individuos y grupos por el que deben inscribirse para poder ejercer su actividad de forma profesional, legítima y lícita. En el caso de las instituciones comunitarias, existe un alto grado de participación de las administraciones nacionales y los grupos organizados en el proceso político, en los debates y foros paralelos que se producen en el quehacer cotidiano.
No existe un marco homogéneo ni de evaluación ni de sujeción que no sea susceptible de vulneración por parte del ejército lobista permanente en Bruselas, como tampoco hay un marco único en cada uno de los 27. Se trata, en general, de mecanismos para regular un oficio que se sigue siendo visto como parte fundamental en la democracia de la UE.
