El Partido Popular (PP) ha formalizado en el Congreso una proposición de ley que contiene un ambicioso conjunto de medidas fiscales. Esta iniciativa busca establecer un IVA del 2% en los alimentos de primera necesidad y del 7,5% para productos como pastas y aceites a partir del año 2025. Además, plantea la reducción del IVA en la electricidad y el gas, así como la supresión del impuesto a la generación eléctrica.
El Grupo Popular argumenta que estas modificaciones tributarias son esenciales para brindar apoyo a las familias, especialmente en un contexto donde no se han presentado los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Las propuestas están diseñadas para complementar el reciente decreto ómnibus aprobado por el Gobierno, que contempla la revalorización de pensiones y la prórroga de ayudas al transporte. En este sentido, el PP ha criticado la ausencia de una rebaja del IVA a la electricidad, que actualmente se sitúa en 21%, así como la falta de reducción del IVA para alimentos básicos, que se cifra en 4%, y para pastas y aceites, donde el impuesto es del 10%.
En el ámbito del consumo eléctrico, el PP propone establecer un 7% de impuesto sobre el recibo de la electricidad. En ausencia de déficit tarifario, este tributo podría quedar en 0% para el presente año. También sugieren un IVA del 10% para contratos de electricidad con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW) y que sean beneficiarios del bono social eléctrico. Esta propuesta incluye, además, la aplicación del mismo IVA a las entregas y adquisiciones de gas natural, briquetas y pellets de biomasa.
Con respecto al IRPF, el PP ha incluido medidas para su deflactación, alegando que “de nada sirve revalorizar las pensiones acordes al IPC si la mitad de esa subida se queda directamente en las arcas públicas por los mayores impuestos”. En su propuesta, se contempla la exención de IRPF para quienes perciben el salario mínimo y la elevación de los umbrales hasta 24.000 euros para la obligación de declarar. Asimismo, se ampliarán los límites para acogerse al método de estimación objetiva y se extenderá el régimen simplificado destinado a agricultura, ganadería y pesca hasta 2025.
La propuesta finaliza con la introducción de dos artículos que establecen la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado correspondiente al 2023 y la actualización de las entregas a cuenta para 2025, con el objetivo de que las autonomías y entidades locales puedan continuar prestando los servicios que les competen, tales como sanidad, educación y servicios sociales.
