El Gobierno ha tomado medidas para impulsar la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible solicitando al Congreso sesiones extraordinarias en julio. La tramitación de esta ley se encuentra estancada en la Comisión de Transportes debido a las complicaciones políticas que surgen del caso ‘Koldo’ y las prioridades de Podemos, que difieren con algunos aspectos del texto propuesto.
El proyecto de ley ya había avanzado en el Congreso, superando la fase de ponencia, que usualmente se resuelve en una reunión pero, en esta ocasión, requirió hasta tres debido al elevado número de enmiendas. Se introdujeron más de 130 modificaciones al texto, siendo una de las medidas más significativas una reforma propuesta por Sumar. Esta reforma busca que el nuevo mapa concesional de paradas de autobuses se pacte con las comunidades autónomas, y que el Estado compense económicamente a aquellas paradas suprimidas.
A pesar de este progreso, la Comisión de Transportes que debatiría la ley el 18 de junio fue desconvocada a última hora debido a la tensión política. Esta situación se complicó más con las recientes acusaciones de corrupción que involucraron a los exsecretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Esta incertidumbre ha llevado al Gobierno a buscar la habilitación de sesiones parlamentarias especiales para lograr la aprobación de esta importante norma, de la cual dependen 10.000 millones de euros de fondos europeos.
Un esfuerzo que se arrastra desde la legislatura pasada
El origen de esta norma se remonta a la legislatura pasada, cuando fue aprobada por el Consejo de Ministros y comenzó su camino parlamentario. Sin embargo, el adelanto electoral y la disolución de las Cortes frustraron su progreso. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha rescatado el texto anterior y se comprometió a que la ley entre en vigor antes de finales de 2024. No obstante, la aritmética parlamentaria continúa desafiando los planes del Gobierno.
Algunas de las medidas propuestas incluyen la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT para agregar las emisiones de CO2 como criterio y beneficios fiscales al Mobile World Congress en Barcelona
