El Congreso de los Diputados debate este martes una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) destinada a agilizar los trámites urbanísticos y permitir que empresas, bancos y fondos de inversión puedan recurrir a juicios rápidos para recuperar viviendas okupadas. Esta propuesta ya fue aprobada en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, y busca ahora su admisión a trámite en el Congreso.
La iniciativa coincide con la aprobación por parte del Gobierno del plan estatal de vivienda, que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros. No obstante, aunque la proposición del PP consiga apoyo mayoritario, esto no implica su aprobación definitiva, sino que dará paso al proceso parlamentario en el Congreso, donde los grupos podrán presentar enmiendas.
La propuesta del PP plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que personas jurídicas puedan exigir la inmediata recuperación de la posesión de una vivienda si han sido privadas de ella sin consentimiento
La propuesta del PP guarda algunas similitudes con la Ley del Suelo pactada por el PSOE y el PNV, como la eliminación de la nulidad en cascada en proyectos urbanísticos, pero va más allá al derogar partes de la Ley de Vivienda de 2023, impulsada por PSOE y Unidas Podemos. En particular, anula las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia de los alquileres, al considerarlos perjudiciales para el mercado.
Además, se contempla una reforma de la Ley de Enjuiciamiento para reducir de dos a un mes el plazo máximo para suspender un proceso de desahucio cuando el demandante sea una persona física, y de cuatro a tres meses para personas jurídicas, con el fin de implementar medidas de protección para los más vulnerables impulsadas por las administraciones públicas.
Por otro lado, se modifica el umbral de ingresos familiares para considerar a una familia vulnerable ante posibles desahucios, rebajando el límite desde tres veces el Iprem hasta 1,5 veces, estableciendo así que hogares con ingresos superiores a 900 euros no se consideren en situación de vulnerabilidad.
En el ámbito urbanístico, la iniciativa propone que la construcción de nuevas edificaciones pueda comenzar si, tras tres meses, no hay una resolución expresa por parte de la administración, salvo en los casos de construcciones con protección histórica, ambiental o rural. Se elimina la obligatoriedad de ciertos procedimientos de evaluación ambiental redundantemente presentes en leyes anteriores.
Finalmente, la ley prevé la creación de una plataforma para agilizar la emisión de informes sectoriales y facilitar la interoperabilidad con otras plataformas urbanísticas, buscando una coordinación total entre las diferentes administraciones. También introduce medidas en la jurisdicción contencioso-administrativa, limitando a cuatro años el plazo de impugnación indirecta de normas de ordenación territorial.
El texto incluye una disposición que otorga a Ceuta y Melilla la capacidad para aprobar definitivamente sus instrumentos de ordenación urbanística, con previa consulta a la Administración General del Estado.
