El Partido Popular (PP) ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por emplear a la empresa pública Tragsa en el proceso de regularización de inmigrantes. El PP argumenta que esta tarea debería estar en manos de los funcionarios y no ser externalizada. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, ha declarado a Europa Press que la administración se encuentra en un estado de colapso por la falta de recursos asociados al decreto de regularización, lo cual podría generar un "coladero" de demandas.
En este contexto, Gamarra ha calificado la medida por parte del Gobierno como una improvisación y considera que no es legal que Tragsa, una entidad sin competencias para esta labor, gestione la regularización. La dirigente del PP ha señalado que organizaciones como sindicatos, el Consejo de Estado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también han expresado su desacuerdo, subrayando que estas funciones deben ser administradas por funcionarios.
El Gobierno ha colapsado la administración por aprobar este decreto de regularización sin aportar los medios y recursos necesarios.
La polémica se ha intensificado con las afirmaciones de Gamarra de que el proceso de regularización podría facilitar la delincuencia al no haberse establecido los medios necesarios. Según la portavoz, el Ejecutivo se sustenta en políticas "improvisadas" y usa la victimización como excusa para eludir responsabilidades.
Además, el PP ha censurado que en lugar de reforzar las plantillas, se haya optado por un "plan de choque" que incluye horas extra y la ampliación de horarios de los empleados públicos, además de externalizar funciones a Tragsa. El partido también ha denunciado que el Gobierno vetó su enmienda en la Ley de Multirreincidencia, destinada a mejorar las plantillas, señalando el presunto impacto económico de la medida.
El Grupo Popular ha registrado una serie de preguntas en el Congreso para que el Ejecutivo explique su estrategia en la gestión de este proceso. Quieren saber cómo se planifican los recursos humanos y qué refuerzos se prevén para las brigadas de extranjería. También preguntan por el coste total del plan de choque comparado con una planificación estructural del personal. El PP busca respuestas sobre las razones para externalizar funciones a Tragsa en lugar de fortalecer las plantillas de manera permanente y cómo este proceso afecta la carga de trabajo y calidad del servicio en las unidades afectadas. Finalmente, preguntan si el gobierno dispone de un informe que analice el impacto en la capacidad operativa de las comisarías para evitar el señalizado colapso.
