La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de implementar un "régimen sancionador" para las empresas que no cumplan con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Durante la inauguración del evento 'Una nueva Agenda para la Responsabilidad Social Empresarial', Díaz subrayó que sin sanciones efectivas, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria. En este encuentro se presentó el informe 'Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial', elaborado por una comisión de expertos en RSE constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El informe busca funcionar como denuncia y exigencia hacia las empresas, protegiendo los derechos sociolaborales y medioambientales. Yolanda Díaz argumentó que "la competitividad de Europa debe construirse sobre la innovación y la justicia social", sugiriendo que España necesita una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de estas obligaciones. "No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para garantizar que se cumplen", afirmó Díaz, quien también abogó por establecer sanciones proporcionales al daño causado y a la capacidad económica de cada empresa.
El informe propone restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa.
El informe también hace un análisis de la posición de España respecto a otras prácticas internacionales, sugiriendo mejoras y ofreciendo indicadores de evaluación y recomendaciones. Jesús Cruz, presidente de la Comisión de expertos, presentó el texto que Díaz calificó de "riguroso, valiente y oportuno". También recordó que la RSE es una estrategia ministerial que ha sido revitalizada, destacando la reciente reactivación del CERSE tras casi una década.
El evento contó con la participación de entidades comprometidas con la RSE, como Amnistía Internacional España y Greenpeace España, entre otras, que discutieron las propuestas y retos actuales, así como infracciones cometidas por grandes empresas en este ámbito. Además, representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme debatieron sobre la responsabilidad empresarial y propuestas para mejorar en este campo.
La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, cerró el acto enfatizando que "empresas que no consideran la RSE una carga, sino parte de su modelo, requieren reglas exigentes para evitar competir en desventaja frente a aquellas que externalizan sus costes mediante derechos vulnerados". Afirmó que la RSE debe pasar de ser un ámbito de voluntades a uno de obligaciones y consecuencias.
