El Tribunal Supremo ha programado para este miércoles una audiencia en la que se revisarán varias peticiones de suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Gobierno, destinado a la regularización extraordinaria de migrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha citado a Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid para que presenten sus argumentos en contra de dicha regularización, tal y como indicaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El Gobierno, por su parte, estará representado por la Abogacía del Estado, encargada de defender la norma durante la vista en la que las partes expondrán sus posturas ante el tribunal respecto a la posible suspensión de la medida mientras se delibera sobre el fondo del asunto.
El real decreto podría beneficiar a 250.000 solicitantes de asilo y a un número similar de personas en situación irregular, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Entre los recurrentes, Hazte Oír ha pedido al alto tribunal la suspensión cautelar del real decreto alegando que sobrepasa los límites legales y altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos. Por su parte, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte sobre un riesgo cierto de perjuicio irreparable, citando la tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes y la creación de situaciones jurídicas individualizadas que podrían provocar la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo.
Vox, a través de su dirigente Ignacio Garriga, ha criticado la medida afirmando que lo que provocará es la legalización e institucionalización de la invasión migratoria y enviará un mensaje muy claro al exterior de que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España.
La Comunidad de Madrid, bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también ha presentado un recurso, justificándolo en que la regularización afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos de financiación y de provisión de medios, además de contravenir la normativa de la Unión Europea y afectar a la seguridad.
El real decreto fue aprobado en abril por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y en ese mismo mes, el Supremo solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el expediente administrativo de la medida para ser examinado detalladamente.
