El abogado Javier Arauz de Robles ha anunciado que presentará una denuncia ante la Comisión Europea contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo español, que establece que solo aquellos trabajadores que hayan superado un proceso selectivo serán considerados fijos. Arauz, conocido por impulsar el caso sobre la temporalidad en el empleo público ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), opina que la decisión del Supremo es provisional, ya que quedan pendientes varias cuestiones prejudiciales por resolver por el TJUE.
La sentencia del Supremo, emitida esta semana, ha sido interpretada por Arauz de Robles como un paso adelante, pues por primera vez en 25 años reconoce el derecho a la fijeza para ciertos interinos. Sin embargo, critica que esta fijeza no se extienda a otros empleados que hayan superado distintos procesos selectivos, algo que, según el magistrado Rafael Antonio López Parada, vulnera el principio de igualdad y no discriminación.
El Supremo reconoce por primera vez la fijeza de ciertos interinos, pero deja fuera a otros empleados, lo que podría desencadenar intervenciones del TJUE y de la Comisión Europea.
Según Arauz, la sentencia del Supremo compensa a los empleados en abuso con fijeza o indemnización. Esta última se presenta en dos variantes: una extintiva y otra compensatoria para reparar los daños morales y materiales. En cuanto a los daños morales, la indemnización sigue los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), que considera compensaciones de hasta 10.000 euros.
Arauz destaca que la sentencia no extiende la fijeza a todos los empleados públicos en abuso de temporalidad y subraya que, a pesar de las críticas, el fallo insta al legislador a introducir medidas eficaces para solventar esta situación. A su juicio, la elevada temporalidad requiere reformas legislativas para establecer responsabilidades claras en las administraciones públicas.
Finalmente, Arauz de Robles confía en que futuras decisiones del TJUE y acciones de la Comisión Europea exigirán a España cumplir con las normativas comunitarias. Anticipa que el legislador deberá buscar soluciones más justas y equitativas a la problemática de la temporalidad en el empleo público.
