El Ministerio del Interior ha revelado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acumula una deuda de 76,3 millones de euros por gastos sanitarios derivados de la atención a los reclusos desde 2018. Durante este período se han abonado 121,4 millones de euros. La Comunidad de Madrid es la principal acreedora, con una deuda de 27,2 millones de euros, cifra que representa el 35% del total. No obstante, desde 2018, la región ha recibido 21 millones de euros por este concepto, según detalla una respuesta parlamentaria obtenida por Europa Press.
Andalucía ocupa el segundo lugar en el listado de deudas, con 14,8 millones aún pendientes de pago, después de que se le hayan transferido 9,9 millones. Otras comunidades con deudas significativas incluyen Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) y Galicia (3,4 millones).
La adecuación de los servicios y funciones en sanidad penitenciaria es un objetivo estratégico para la Administración Penitenciaria, según el Ministerio del Interior.
El ministerio ha recalcado que se busca avanzar en el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades, conforme a lo estipulado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta transferencia ya ha sido completada en el País Vasco (2011), Navarra (2021) y Cataluña, aunque esta última lo hizo antes de la normativa vigente. La disposición adicional sexta de dicha norma establece la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su traspaso a las comunidades autónomas.
En ausencia de este traspaso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha realizado importantes esfuerzos para garantizar la asistencia sanitaria a los internos, según ha señalado el Ministerio del Interior. Se han firmado convenios con varias comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y telemedicina. Estos acuerdos permiten que los profesionales sanitarios de los establecimientos penitenciarios accedan a los datos recogidos por los servicios sanitarios públicos, tanto de atención primaria como especializada, para los internos de los centros penitenciarios.
