La Comisión de Defensa del Congreso debatirá este miércoles sobre la posibilidad de extender el embargo de armas y productos de defensa a Israel, para incluir también material policial y de vigilancia. Esta iniciativa, impulsada por Sumar, ERC y Bildu, se fundamenta en la ofensiva israelí hacia Palestina, particularmente en la Franja de Gaza y Cisjordania.
El embargo al comercio militar con Israel fue aprobado por el Congreso a principios de octubre de 2025, coincidiendo con una ofensiva israelí en territorios palestinos, calificada de genocidio por el Ejecutivo español. Desde octubre de 2023, el veto ya se aplicaba de facto, día en que se registró una ofensiva israelí tras la masacre perpetrada por Hamás. En 2024, España exportó material por valor de 1,45 millones de euros a Israel, solo destinado a terceros países como Filipinas y Estados Unidos. En el primer semestre de 2025, no se efectuaron exportaciones a Israel.
La extensión del embargo busca incluir todo armamento, equipo, tecnología o componentes que puedan contribuir a violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos
Desde la implementación del embargo en octubre, se han denegado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa a Israel. La Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) rechazó un total de 64 licencias de exportación y cuatro de importación entre octubre de 2023 y enero de 2026.
Sumar, ERC y Bildu pretenden que las restricciones abarquen también a material policial y de vigilancia utilizado en Palestina y proponen que no se permita el tránsito de buques y aviones con material de defensa hacia Israel en futuras legislaturas. También buscan mejorar la evaluación de riesgos y la trazabilidad en las exportaciones de armas, especialmente las dirigidas a Estados Unidos, para prevenir que faciliten violaciones de derechos humanos.
ERC y Bildu exigen además que las exportaciones de armas hacia el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. se suspendan hasta que cese la impunidad en las violaciones de derechos humanos. Solicitan que la JIMDDU no autorice las exportaciones de armas de fuego a EE.UU. debido al alto nivel de violencia armada en el país.
Por otra parte, ambas formaciones instan al Gobierno a acelerar la tramitación de la Ley de Secretos Oficiales para eliminar el carácter secreto de las actas de la JIMDDU, proporcionando más transparencia en el comercio de armas español. Asimismo, se demanda una participación activa en iniciativas como la Convención de Ottawa sobre minas antipersona y la Convención de Dublín sobre las bombas de racimo.
En contraste, Vox y PP presentaron propuestas centradas en suavizar las restricciones a Israel y reforzar los controles sobre las exportaciones a Irán. Vox busca facilitar el comercio de tecnología militar con Israel, mientras que el PP se enfoca en impedir exportaciones a Irán que puedan violar los embargos vigentes, citando que España vende productos como detonadores y explosivos a Irán.
