El Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite un conflicto entre órganos constitucionales planteado por el Senado contra el acuerdo del Gobierno, que había rechazado un requerimiento de la Cámara Alta. El desencuentro se centra en la no celebración de una comparecencia en enero del presidente del Gobierno ante el Pleno, para abordar los accidentes ferroviarios mortales ocurridos en Adamuz (Córdoba) y en Rodalies, Cataluña. Según ha informado la corte de garantías, el Senado argumenta que la ausencia del presidente vulnera su función de control, establecida en la Constitución. Asimismo, la Cámara Alta señala una posible infracción de los artículos que permiten a las Cortes y sus comisiones solicitar la presencia de los miembros del Gobierno para formular preguntas.
En esta nueva confrontación con el Ejecutivo de Sánchez, el Senado aduce que omitir una comparecencia ante su Pleno puede mermar las funciones parlamentarias. La decisión de acudir al Tribunal Constitucional fue respaldada por la mayoría absoluta del PP, que argumenta que Sánchez no atendió a un Pleno extraordinario a pesar de haber sido citado para abordar los mencionados accidentes. El presidente del Senado, Pedro Rollán, llegó a enviar una carta al jefe del Ejecutivo advirtiéndole de las posibles consecuencias jurídicas de su ausencia.
El Tribunal Constitucional ha admitido múltiples conflictos entre el Senado y el Gobierno, en un contexto marcado por tensiones políticas y divergencias sobre funciones constitucionales
En adición, el Constitucional ha aceptado a trámite otro conflicto relacionado con un veto presupuestario ejercido por el Ejecutivo durante la tramitación de una enmienda del PP al proyecto de ley sobre Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Según el comunicado del Tribunal, el Partido Popular sostiene que dicho veto podría contravenir varios artículos de la Constitución, así como disposiciones del Reglamento del Congreso. El Senado también ha planteado otros cuatro conflictos, ya admitidos por el Constitucional, relativos a vetos presupuestarios en proyectos de ley sobre pérdidas y desperdicios alimentarios y en la ley de movilidad sostenible.
