El Tribunal Supremo ha defendido el "interés público" y el "sustrato humano" al decidir no suspender la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. En dos autos emitidos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el tribunal responde a las solicitudes de Vox y la Comunidad de Madrid, que habían solicitado paralizar dicha regularización. Los magistrados, por una mayoría de cinco a dos, señalaron que el real decreto impugnado persigue un interés público cualificado, que va más allá de consideraciones económicas al incidir en aspectos humanitarios, derechos humanos y la protección de menores.
El Supremo sostiene que la regularización permitirá la integración plena de aquellas personas extranjeras que llevan mucho tiempo en España y no pueden obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Según argumentan, esta medida fortalecerá la Seguridad Social, aumentará la recaudación tributaria y hará el mercado laboral más transparente y eficiente, además de garantizar derechos y prevenir la explotación laboral.
La regularización de migrantes busca no solo asegurar derechos, sino también fomentar la plena integración social y económica de los extranjeros en España
Asimismo, el tribunal destaca que la suspensión de la regularización afectaría a los intereses de los solicitantes, forzando a estas personas a permanecer en una situación de irregularidad administrativa. Respecto a Vox, los magistrados indican que no hay evidencia de perjuicios irreparables si no se adopta la medida cautelar solicitada. En cuanto a los perjuicios alegados por la Comunidad de Madrid, el tribunal considera que no están suficientemente acreditados.
Por otra parte, los magistrados Wenceslao Olea y Fernando Román han emitido un voto particular a favor de la paralización cautelar del real decreto, argumentando que presenta características de "una amnistía administrativa". Destacan que las regularizaciones pueden interrumpir procedimientos de expulsión pendientes, algo que consideran debe revisarse cuidadosa y detenidamente en relación con las normas europeas.
Durante los procedimientos, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, informó de que 549.596 migrantes han presentado su solicitud en el proceso iniciado en abril, que se cerrará el próximo 30 de junio.
