El Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado 14 de abril. Esta medida había sido solicitada por diversas entidades y partidos, entre ellos Vox, la Comunidad de Madrid y las asociaciones Hazte Oír, Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal deliberó durante más de tres horas antes de tomar su decisión, tras escuchar a los recurrentes y a la Abogacía del Estado. Los recursos presentados por Hazte Oír y las otras dos asociaciones mencionadas fueron inadmitidos debido a la falta de legitimación activa. En cambio, las solicitudes de Vox y la Comunidad de Madrid fueron admitidas, aunque su petición de suspensión cautelar del decreto fue rechazada.
Según ha indicado el Tribunal Supremo, las notificaciones de estos autos se realizarán en los próximos días. La Abogacía del Estado defendió el proceso argumentando la ausencia de requisitos para la suspensión, señalando que esto afectaría directamente a los derechos de los migrantes involucrados y al interés general. También subrayó que los beneficiarios del proceso no podrán votar en las próximas elecciones.
La regularización extraordinaria de migrantes se considera fundamental para evitar que cientos de miles de personas queden en un limbo legal mientras se resuelven los recursos interpuestos
Por su parte, el representante legal de Vox insistió en que la medida podría alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país debido al volumen de inmigrantes que obtendrían residencia legal. De otro lado, el abogado de Hazte Oír criticó la falta de garantías jurídicas del decreto y su posible contravención a la Ley de Extranjería.
El proceso de regularización, que comenzó el 16 de abril y que finalizará el 30 de junio, ha recibido ya 549.596 solicitudes de migrantes. La iniciativa se originó tras un largo debate social y político, siguiendo una propuesta legislativa popular promovida por entidades sociales y colectivos de derechos humanos, la cual demandaba la regularización extraordinaria de extranjeros ya presentes en España. Esta propuesta se había iniciado con un fuerte apoyo en el Congreso, aunque avanzó lentamente hasta cristalizar en el actual proceso aprobado por el Ejecutivo.
