La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, instó este jueves a las comunidades autónomas a integrar las más de 111.000 viviendas de uso turístico ilegales en programas de vivienda asequible en todo el territorio nacional. Rodríguez participó en el foro 'Seremos', organizado por Cadena Ser, donde destacó la importancia de que los gobiernos autonómicos actúen contra este mercado ilegal. Sugirió incorporar estas viviendas al parque público mediante compra directa o cesión de sus propietarios.
Rodríguez remarcó que las comunidades autónomas cuentan con los recursos necesarios para emprender este proceso de manera inmediata. Anunció que el próximo mes de julio, el Gobierno entregará los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, que dispone de un total de 7.000 millones de euros, con un 60% del presupuesto financiado por el Estado y el 40% por las comunidades autónomas.
El plan, respaldado unánimemente por todas las comunidades, contempla medidas para asegurar el destino final de las viviendas con fines sociales
El 40% del presupuesto de este plan se dedicará a aumentar el parque público de vivienda, ya sea mediante construcción o compra. Además, establece que estas viviendas no tendrán caducidad protección y el alquiler debe ser asequible, evitando que las familias tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler.
Rodríguez también valoró positivamente la cesión de viviendas, que permite utilizar viviendas vacías para la ciudadanía y ofrece garantías a los propietarios. Destacó el programa Bizigune del Gobierno vasco, que permite ceder viviendas vacías para alquiler social asegurando una renta fija a los propietarios. "Existen temores sobre alquilar viviendas", admitió, y animó a ofrecerlas a precios asequibles aprovechando las ayudas y garantías públicas disponibles.
Por último, la ministra subrayó su aspiración de que los fondos del plan estatal se utilicen para lograr objetivos significativos, como la recuperación de viviendas o el alquiler turístico, instando a las comunidades autónomas a demostrar su compromiso con estos fines.
