El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha declarado el Pazo de Meirás, ubicado en Sada (A Coruña), como un lugar de memoria democrática debido a su importancia histórica tanto para Galicia como para España. Esta declaración destaca que la historia del Pazo está vinculada a dos figuras de gran trascendencia: la escritora Emilia Pardo Bazán y la dictadura franquista, que transformó el inmueble en un símbolo de poder.
El BOE señala que, durante la Segunda República, el Pazo de Meirás se asoció con sectores políticos y sociales que se oponían al nuevo régimen democrático, y fue escenario de conflictos agrarios que reflejaban las tensiones sociales y políticas de la época. Miembros de la familia Pardo Bazán participaron en conspiraciones antirrepublicanas relacionadas con los golpes de 1932 y 1936, convirtiendo el lugar en un símbolo de las divisiones que precedieron a la Guerra Civil Española.
La magnitud de estos eventos convierte al Pazo de Meirás en un sitio esencial para la memoria democrática de España
El 3 de marzo de 1938, en plena Guerra Civil, se estableció la Junta Pro-Pazo del Caudillo, formada por el gobernador civil de A Coruña y autoridades locales, con el propósito de adquirir el Pazo para Francisco Franco. Este proceso se financió a través de contribuciones forzosas impuestas a ayuntamientos, funcionarios y ciudadanos, en un marco de represión y coacción política.
El BOE detalla que, durante el acondicionamiento del Pazo, se ampliaron los terrenos a través de métodos represivos que despojaron a los propietarios de las fincas circundantes. Además, se apropiaron bienes tanto públicos como privados, incluidos objetos de valor cultural e histórico. El Pazo, utilizado como residencia oficial estival del dictador, adquirió funciones políticas y simbólicas, influyendo significativamente en el tejido social y político local.
El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró que el Pazo pertenecía al Estado, anulando la donación a Francisco Franco y su familia. Dos meses más tarde, el 10 de diciembre de 2020, se ejecutó la sentencia y el Pazo pasó a ser patrimonio estatal. Esta decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de A Coruña en 2021 y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid en 2024, quienes otorgaron al Estado la totalidad de los bienes reclamados.
