La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, registrado el 18 de enero, en el que murieron 46 personas. Esta decisión se tomaría si se acreditan vulneraciones de la normativa europea, según ha informado el Partido Popular (PP).
La respuesta desde Bruselas surge tras una pregunta del eurodiputado del PP Borja Giménez Larraz, quien solicitó aclaraciones acerca de la preservación de pruebas durante la investigación del incidente y sobre la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de completarse las inspecciones, denuncias realizadas por algunos testimonios judiciales.
En su respuesta, la Comisión Europea recalca que la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se realicen de manera independiente, eficiente y en el plazo más breve posible. Además, subraya que los organismos nacionales de investigación deben operar de manera independiente de cualquier entidad cuyas intereses pudieran entrar en conflicto con las tareas asignadas a estos organismos.
La Comisión Europea ha manifestado que podría iniciar un procedimiento contra España si se encuentran pruebas sólidas de incumplimiento de la normativa de la Unión
La Directiva (UE) 2016/798, mencionada por Bruselas, establece garantías específicas para los investigadores, incluyendo su derecho a acceder a cualquier información pertinente, así como normas para la cooperación entre las autoridades implicadas en la investigación de accidentes ferroviarios.
Aunque la Comisión Europea afirma que no ha recibido pruebas del organismo de investigación español que sugieran que la investigación carezca de independencia o que la legislación española no proteja los derechos de los investigadores, según el PP, evita pronunciarse sobre si la retirada de pruebas antes de que los investigadores elaboraran un inventario fue compatible con los requisitos de la normativa europea.
La Comisión subraya que garantizar la adecuación de los procedimientos de investigación es, en primer lugar, responsabilidad de las autoridades y tribunales nacionales. No obstante, reitera su papel como garante de los Tratados y advierte que puede incoar un procedimiento de infracción, según proceda.
El eurodiputado Giménez Larraz afirmó que Bruselas deja claro que la puerta sigue abierta y que, de aparecer evidencias de incumplimiento normativo, podría procederse contra España. Lo importante ahora es esclarecer qué ocurrió después del accidente, quién autorizó cada actuación y si se preservaron todas las garantías exigidas para una investigación independiente, añadió.
