Dos de los indultados en el caso conocido como "las Seis de La Suiza", Laura Carrio y Héctor González, han expresado su satisfacción por recuperar la libertad que, en su opinión, nunca debió serles retirada. A pesar de la noticia favorable, Carrio reconoció que la felicidad no es completa, ya que los derechos sindicales siguen en entredicho.
En declaraciones previas a una rueda de prensa convocada en Gijón por el grupo Sofitu, Carrio expresó su preocupación por la jurisprudencia establecida que, considera, puede afectar futuras acciones sindicales. Recordó que las concentraciones por las que fueron condenadas estaban autorizadas y no registraron incidentes violentos. Lo paradójico, apuntó, es que estas condenas se produjeron en Asturias, una región con una larga historia de luchas sindicales. Además, recordó que las causas fueron archivadas previamente en otros juzgados de Gijón y por la Audiencia Provincial.
El caso plantea una paradoja: los mismos hechos pueden ser interpretados como un delito o como un derecho sindical dependiendo del tribunal.
Las condenas ascendían a tres años y medio de prisión y una multa de 125.000 euros. Carrio explicó que estuvieron encarceladas por un breve periodo antes de ser catalogadas en tercer grado, algo que ahora parece cuestionado por la parte demandante. Subrayó que cumplían con todos los requisitos necesarios para esta clasificación y destacó que ninguna de las seis había cometido delitos anteriores.
Por su parte, González mostró su satisfacción personal por el indulto, insistiendo en que siempre defendieron que su acción era un ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión y manifestación. Agradeció el apoyo recibido de organizaciones sindicales, partidos políticos y ciudadanos tanto a nivel local como internacional.
Respecto a los rumores de que el hijo de los dueños de la pastelería considera recurrir el indulto, Carrio señaló que sería una reacción esperada. Enfatizó el deseo de tener un respiro del hostigamiento que han sufrido durante nueve años.
El pasado martes, el Consejo de Ministros concedió el indulto a los seis sindicalistas, pertenecientes a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Fueron condenados por participar en una protesta laboral frente a una pastelería en Gijón en 2017, un proceso que llevó al cierre del negocio y a la denuncia de los participantes.
