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El abogado de Begoña Gómez denuncia al juez Peinado ante el CGPJ tras saber el auto por la prensa

El abogado de Begoña Gómez denuncia al CGPJ la falta de notificación del juez sobre medidas cautelares, vulnerando su derecho a defensa

El abogado de Begoña Gómez denuncia al juez Peinado ante el CGPJ tras saber el auto por la prensa
Por Redacción Capital

Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez, ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Camacho denuncia no haber sido notificado oficialmente del auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, viéndose obligado a conocer los detalles del caso por los medios de comunicación.

En el escrito, presentado el sábado y al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado manifiesta que "lo verdaderamente alarmante" es la falta de comunicación procesalmente correcta por parte del juzgado. Camacho sostiene que esta omisión constituye una grave irregularidad que vulnera el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva estipulados en el artículo 24 de la Constitución.

La falta de comunicación oficial sobre las medidas cautelares compromete gravemente el derecho a la defensa de Begoña Gómez

El letrado subraya la particular gravedad de que se adopten medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del país, sin que la defensa sea notificada adecuadamente. Esta circunstancia, argumenta, impide el ejercicio inmediato de los recursos legales pertinentes.

El juez Peinado ha llevado a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos, determinando como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado. Además, la defensa cita los artículos 160 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obligan a notificar todas las resoluciones judiciales a las partes involucradas en cualquier momento de la semana.

Camacho solicita al CGPJ la admisión y tramitación del escrito conforme al procedimiento legal, que la Inspección de Tribunales investigue las circunstancias en las que se dictaron las resoluciones y las razones por las cuales no se notificaron. El objetivo es que se tomen las medidas pertinentes si se demuestra un funcionamiento anormal del órgano judicial y que se informe al compareciente sobre el resultado de las actuaciones.

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