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El Congreso debate y vota la ley que transfiere a Galicia la gestión y titularidad de la AP-9

El Congreso debatirá la ley para transferir la gestión y titularidad de la AP-9 a Galicia, por acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar

El Congreso debate y vota la ley que transfiere a Galicia la gestión y titularidad de la AP-9
Por Redacción Capital

El Congreso de los Diputados debatirá y votará esta semana la ley que busca transferir la gestión y titularidad de la autopista AP-9 a Galicia. Esta iniciativa parlamentaria, nacida en el Parlamento de Galicia, fue desbloqueada recientemente gracias a un acuerdo entre el PSOE, BNG y Sumar. El pacto incluye tanto la gestión como la titularidad de la vía bajo control de la Xunta de Galicia.

El nuevo texto, resultado del mencionado acuerdo, ha dado lugar a una proposición de ley orgánica que se encuentra en tramitación en las Cortes. La ley plantea como objetivo la transferencia a la Comunidad Autónoma de Galicia de la titularidad de la AP-9 y las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión, así como las funciones y servicios de la autopista AP-9. Para ello, se prepara una propuesta de acuerdo que será elevada a la Comisión Mixta de Transferencia, la cual establecerá las condiciones y límites para la transmisión de las competencias que hasta ahora eran gestionadas por el Estado.

El objetivo principal de la ley es transferir a Galicia la titularidad y competencias sobre la AP-9, incluida la gestión jurídica y de concesiones de la autopista

Dentro de las condiciones del traspaso, el acuerdo deberá detallar la autorización para la puesta en servicio de nuevos tramos y modificaciones en los ya existentes. Asimismo, establecerá cómo se llevará a cabo la supervisión y sanciones relacionadas con la gestión de la autopista. A su vez, se definirán los términos sobre las modificaciones en el régimen económico-financiero de la concesión, que incluyen temas de tarifas, peajes y programas de descuento.

En cuanto a las repercusiones económicas del acuerdo, el texto estipula que la Administración General del Estado conservará ciertas obligaciones económicas y financieras relacionadas con la concesión de la autopista. La Xunta asumirá las obligaciones derivadas de futuras modificaciones que decida implementar tras el traspaso. Además, cualquier incremento económico resultante de estas decisiones deberá ser asumido íntegramente por la comunidad gallega.

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