El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una propuesta del Partido Popular (PP) que solicita a Renfe recuperar sus antiguos criterios en política de indemnizaciones. Esta decisión se tomó a pesar del voto en contra de PSOE, Sumar y EH Bildu. La iniciativa del PP surge tras la modificación en julio de 2024 que eliminó las indemnizaciones por retrasos de quince y treinta minutos, correspondientes a un 50% y 100% del importe del billete, respectivamente.
El PP logró incluir una enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible para que esta demanda tuviera carácter legislativo, la cual entró en vigor en diciembre de 2025. Sin embargo, la operadora aún no ha cumplido con esta normativa, lo que llevó al PP a presentar una proposición no de ley en el Congreso, exigiendo al Gobierno cumplir con todos los puntos de la legislación pendiente. La moción del PP recibió apoyo de Vox, Junts, Esquerra Republicana, BNG y UPN, mientras que PNV, Podemos y Coalición Canaria se abstuvieron, resultando en 185 votos a favor, 152 en contra y 10 abstenciones.
El Congreso ha instado al Gobierno a cumplir con varias propuestas, a pesar del desacuerdo interno entre los partidos de la coalición
Otra cuestión sobre la mesa ha sido la implementación de un Plan nacional de renovación del parque automovilístico, proponiendo el reemplazo de vehículos antiguos por otros más eficientes y seguros que cumplan con la norma Euro6d. A pesar del rechazo de PSOE y Sumar, el Congreso exige la ejecución inmediata del plan de choque extraordinario en la infraestructura ferroviaria, especialmente para abordar las limitaciones temporales de velocidad. Además, solicita un plan de atención urgente para pasajeros afectados por incidencias y un protocolo para analizar retrasos superiores a veinte minutos.
Finalmente, se hace un llamamiento al Gobierno para identificar y corregir desequilibrios territoriales en el acceso a infraestructuras de transporte, garantizando las actuales paradas y horarios de los servicios públicos de carretera. Se insta a que las nuevas licitaciones de transporte por carretera incluyan mecanismos para tráfico compartido con comunidades autónomas, así como asegurar la contribución financiera del Estado en transporte marítimo.
