El Congreso de los Diputados tiene previsto someter a votación el próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que deberán asumir las administraciones públicas como parte de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press, en caso de que estos objetivos sean rechazados, como ha ocurrido en anteriores ocasiones durante la actual legislatura, se contemplará una segunda votación en un pleno extraordinario el 23 de julio. Estas sesiones tendrán carácter excepcional, ya que se celebran fuera del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el cual finaliza el 30 de junio.
El Gobierno presentará, el 29 de junio, el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027, junto a un nuevo paquete de medidas para mitigar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio. Durante una de las sesiones extraordinarias, también se debatirá y votará el decreto ley que, aunque se aplicará de forma automática tras su aprobación en Consejo de Ministros, necesita ser votado en el Congreso para su ratificación o derogación.
Tras la presentación del cuadro macroeconómico y la clarificación de las medidas que se implementarán tras el 30 de junio, el siguiente paso en la tramitación presupuestaria será convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a las comunidades autónomas sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto deficitario que deberán gestionar las administraciones públicas.
El Gobierno, a pesar de los fracasos previos en la aprobación de los objetivos de estabilidad, ha conseguido el respaldo de la Abogacía del Estado para seguir adelante con los Presupuestos mediante un plan fiscal estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea
Cabe recordar que el Ejecutivo ya ha fracasado en varias ocasiones durante esta legislatura al intentar aprobar estos objetivos en ejercicios anteriores. El último intento fallido se produjo en diciembre de 2025, cuando se pretendía tramitar los Presupuestos de 2026. No obstante, gracias al apoyo de la Abogacía del Estado, el Gobierno pudo presentar una alternativa para el reparto del déficit que no requiere del control parlamentario.
