La vicesecretaria de Regeneración Democrática del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha señalado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez tras las declaraciones del empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez admitió haber cobrado una comisión del 1% por su intermediación en el rescate financiero de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Según Gamarra, estas revelaciones brindan nuevas perspectivas sobre las decisiones gubernamentales vinculadas a este caso.
En el mismo día en que Martínez comparece ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', Gamarra ha cuestionado públicamente la influencia ejercida en el Gobierno que permitió el rescate de Plus Ultra, un rescate que, según afirma, ningún español entendió en su momento. En sus declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista en 'RNE', la dirigente del Partido Popular insistió en que ahora, gracias a las investigaciones judiciales, se comprenden mejor algunas conductas fuera del ámbito de la legalidad.
La dirigente popular ha destacado la gravedad de las acusaciones de tráfico de influencias, preguntando abiertamente a quién se ejerció esta presión
Gamarra subrayó que este asunto ha dejado de ser meramente una valoración política para convertirse en un proceso penal en la Audiencia Nacional. El fallo preliminar del juez describiría, según Gamarra, una comisión del 1% sobre el préstamo concedido a Plus Ultra, una empresa prácticamente desconocida hasta su rescate por el Ejecutivo de Sánchez. Gamarra también recordó la ausencia de explicaciones públicas por parte de Rodríguez Zapatero, a quien señaló como el primer militante del sanchismo.
En un tono crítico, Gamarra acusó a Sánchez de actuar con desvergüenza al discutir sobre integridad pública pese a los escándalos de corrupción asociados al entorno gubernamental. Finalmente, lamentó que el enfoque político actual esté centrado en los procesos judiciales en vez de en la resolución de problemas que afectan directamente a los ciudadanos españoles.
