El Partido Popular (PP) y Vox han presentado propuestas en el Congreso para rechazar la Cuenta General del Estado de 2024. El objetivo es que el Tribunal de Cuentas elabore un nuevo informe que evidencie la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), especialmente tras detectar que el Gobierno utilizó cerca de 2.400 millones de euros de fondos europeos sobrantes para cubrir pagos de pensiones.
Estas propuestas de resolución se han registrado en el contexto de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, la cual se discutirá en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) encargada de las relaciones con el Tribunal de Cuentas, donde PP y Vox cuentan con mayoría absoluta. Una reunión de la ponencia está programada a puerta cerrada para el próximo martes, 16 de junio.
Si el Parlamento finalmente rechaza la Cuenta General del Estado, sería la primera vez en los últimos años que se toma tal decisión
El partido liderado por Santiago Abascal solicita al Tribunal de Cuentas que revalúe la declaración, mencionando factores como la falta de PGE, las modificaciones presupuestarias realizadas por el Ejecutivo, los riesgos asociados a estas, el deterioro de las cuentas públicas y un voto particular de un consejero del Tribunal de Cuentas. Por su parte, la propuesta del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, también insta a devolver el documento al Tribunal de Cuentas y a que este organismo emita un informe detallado sobre las consecuencias de la falta de presupuestos actualizados en un plazo de tres meses.
El año pasado, el informe del Tribunal de Cuentas fue aprobado sin problemas por unanimidad en la institución y ratificado en las Cortes. Sin embargo, estas nuevas propuestas de resolución también han activado al PSOE, que ha registrado sus propias iniciativas. Sin embargo, estas no contemplan devolver la declaración al Tribunal de Cuentas ni criticar la falta de PGE, limitándose a instar al Gobierno a corregir las deficiencias señaladas en el informe.
En la reciente presentación del informe, la presidenta del Tribunal, Enriqueta Chicano, aclaró que el problema no reside en el destino de los fondos europeos, sino en que se recurrió a una modificación presupuestaria del servicio 50 de estos fondos en un ejercicio prolongado. Chicano también advirtió sobre la importancia de un estudio "jurídico-técnico" para evaluar las consecuencias de gestionar las cuentas públicas con PGE prorrogados desde 2023.
La situación ha llevado a la aprobación de la declaración de la Cuenta General con un voto en contra de un consejero del Tribunal, además de otros seis votos con matices. La presidenta del Tribunal destacó que la discrepancia no es inédita y que no altera la decisión del Pleno, que fue mayoritariamente a favor. Además, Chicano lamentó la instrumentalización política del debate, señalando el impacto negativo en la percepción pública y el debate mediático.
