El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido imputar al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre la exmilitante socialista Leire Díez, según informan fuentes jurídicas.
El magistrado ha dado este paso en el contexto de una causa que busca esclarecer si hubo pagos desde el PSOE hacia una presunta trama destinada a obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. Este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede nacional del PSOE en Madrid, una acción ordenada por Pedraz en una pieza separada que también investiga a Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.
El juez ha ordenado la intervención en los domicilios de Cerdán y Zarrías, y las investigaciones también afectan al empresario Javier Pérez Dolset
Gaspar Zarrías, implicado anteriormente en otra investigación en Madrid, había contratado a Leire Díez para investigar una supuesta conexión del comisario jubilado José Manuel Villarejo con la trama de los ERE. Durante la investigación, Zarrías admitió que pagó 4.000 euros mensuales a Díez durante cuatro meses.
A principios de mes, Pedraz prorrogó el secreto de sumario en el caso que implica a Díez y otros por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de empresas vinculadas a la SEPI. Las investigaciones, bajo la dirección del juez desde diciembre de 2025, se centran en posibles cobros de comisiones por parte del grupo llamado Hirurok, formado por Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso.
La UCO sospecha que este grupo habría recibido 700.000 euros en comisiones por su papel en cinco operaciones sospechosas, implicando a empresas y entidades públicas asociadas a la SEPI. Alegan que utilizaron su posición y relaciones para obtener decisiones favorables y beneficios económicos por medio de contratos fraudulentos.
Durante los registros en domicilios, se incautaron dispositivos electrónicos, y se solicitó un análisis detallado para mantener lo irrelevante fuera del caso. Cabe resaltar que la sede del PSOE en Ferraz ya había sido registrada anteriormente en junio de 2025, tras la imputación de Cerdán.
