El 22 de junio de 1981, el Congreso de los Diputados de España vivió una jornada histórica al aprobar la Ley de Divorcio con 162 votos a favor, 128 en contra y 7 en blanco. Esta legislación permitía, por segunda vez en la historia del país, que los matrimonios pudieran disolverse civilmente, algo que no ocurría desde 1932 durante la II República. Hasta ese momento, los tribunales eclesiásticos eran los únicos que podían otorgar nulidades, siguiendo las normas de la Iglesia Católica.
La aprobación de esta ley permitió a los jueces conceder divorcios, aunque los cónyuges necesitaban justificar su solicitud, mostrando motivos como la infidelidad o el abandono del hogar, o llevar al menos un año de separación legal. Paca Sauquillo, abogada y actual presidenta del PSOE de la Comunidad de Madrid, asegura que "fue la primera ley importante de la transición. Una revolución".
La votación del texto no estuvo exenta de polémicas y amplió el cisma en el grupo parlamentario que sostenía al presidente Leopoldo Calvo Sotelo
La propuesta inicial partió de la Unión de Centro Democrático (UCD), pero contó con críticas ya que, según Virgilio Zapatero, exministro y uno de los ponentes del PSOE en la ley, consideraron que el proyecto era "muy pacato". El nombramiento de Francisco Fernández Ordóñez como ministro de Justicia en 1980 facilitó las negociaciones con el PSOE, que logró incluir todas sus enmiendas en la nueva norma.
La votación en el Congreso fue secreta y una treintena de diputados centristas se unieron a socialistas y comunistas, votando en contra de su partido, la UCD. Este apoyo permitió la aprobación de la ley, siendo Fernández Ordóñez uno de sus defensores más firmes, quien afirmó: "No podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero sí podemos impedir el sufrimiento de los matrimonios rotos".
La discusión parlamentaria se centró en las causas del divorcio y la cláusula de dureza, que permitía denegar la demanda si se consideraba que provocaba un perjuicio grave. Luis Berenguer, exdiputado por UCD, recordó las tensiones entre las distintas facciones del partido y cómo el ala más progresista abogaba por una votación secreta que posibilitó que la ley saliera adelante.
Fuera del Parlamento, la ley también generó divisiones en la sociedad, expresadas por la Conferencia Episcopal que calificó la norma como "una puerta abierta a la generación del mal". El movimiento feminista, sin embargo, fue un actor clave para la aprobación de la ley, presionando para que saliera adelante. Paca Sauquillo destaca el papel que las feministas jugaron en este proceso.
Finalmente, la ley entró en vigor en agosto de 1981, y la primera pareja en divorciarse lo hizo en Santander el 7 de septiembre de ese año. A pesar de las expectativas de un aluvión de divorcios, solo se registraron 9.483 ese año. Desde entonces, se han realizado unos 2,7 millones de divorcios.
Aunque en 2005 se introdujo el "divorcio exprés", aún quedan aspectos del marco legal que podrían actualizarse. Juristas como José Luis Cembrano y Elena Zarraluqui señalan la falta de medios en la Justicia y sugieren mirar hacia el Código de Familia catalán como referencia para futuras reformas.
Virgilio Zapatero concluye que con la ley de 1981 se resolvió un problema, pero ahora se trata de legislar para satisfacer derechos: "Una actitud distinta".
