La reciente aprobación de un decreto ley sobre vivienda por parte del Gobierno español busca mitigar las consecuencias del conflicto en Irán a través de la prórroga de alquileres. Según un informe del Ministerio de Consumo elaborado con datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estudios Fiscales, la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña concentran el 54% de las personas beneficiadas por esta medida, lo que equivale a 2.687.392 afectados por 1.037.603 contratos que vencerán entre 2026 y 2027.
Por territorios, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza, con 623.142 personas afectadas y 224.961 contratos de alquiler que vencerán en el bienio de referencia. Andalucía le sigue con 360.040 personas afectadas por 144.016 contratos, mientras que Cataluña cuenta con 474.814 afectados por 177.833 alquileres. Otras comunidades como la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla y León, Galicia y Baleares también se verán impactadas, aunque en menor medida.
Los contratos del País Vasco y Navarra quedan excluidos del informe por su régimen foral, lo que impide su inclusión en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria
El decreto aprobado por el Gobierno incluye, además de la prórroga, un límite del 2% en la actualización anual de la renta de alquiler. Esta medida es parte de un esfuerzo por parte del Ejecutivo, liderado por el presidente Pedro Sánchez, de separar las normativas de vivienda de las medidas anticrisis debidas al conflicto en Irán, para aumentar las posibilidades de obtener apoyo parlamentario. Pese a ello, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado que se requiere una campaña de movilización social y política para asegurar la convalidación del decreto en el Congreso.
Desde Sumar, han señalado la importancia de que los inquilinos cuyos contratos venzan en 2026 y 2027 soliciten la prórroga de forma proactiva, enviando un burofax o correo certificado al propietario
