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El Gobierno de España ha manifestado este jueves su apoyo a Estonia, Letonia y Lituania ante lo que considera una "campaña de intimidación y desinformación lanzada por Rusia", además de las "reiteradas incursiones" de drones en el espacio aéreo de los Estados bálticos. En un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, se condena estos actos junto con "las amenazas de uso de la fuerza" dirigidas contra Letonia durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrada el pasado 19 de mayo. Según el departamento encabezado por José Manuel Albares, "son provocaciones condenables que solo buscan aumentar la tensión en la región". España reafirma su firme compromiso con la seguridad de cada miembro de la Unión Europea y la OTAN, así como con la defensa de la soberanía de Ucrania de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas Este comunicado se produce tras las acusaciones procedentes de Moscú, que alegan que los Estados bálticos están preparando acciones hostiles contra Rusia o permitiendo el uso de su territorio, espacio aéreo o instalaciones militares para ataques contra el país. Además, las fuerzas armadas de Letonia han activado las alertas antiaéreas tras la incursión de un dron en una región del sur del país, cercana a las fronteras con Lituania y Bielorrusia, provocando una situación de emergencia que se prolongó durante aproximadamente cuatro horas. Este incidente se suma a la crisis de seguridad en Lituania y Estonia por violaciones similares de su espacio aéreo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este jueves a la derecha de quebrar el pacto de la Transición, defendiendo al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como el principal defensor de la monarquía en España. Durante el coloquio 'Frenar a la extrema derecha', organizado por Facua en el Ateneo de Madrid, Puente ha señalado que el problema democrático del país radica en que dicho pacto "se ha quebrado" principalmente por culpa de la derecha. Puente ha explicado que el acuerdo histórico se basó en "renuncias mutuas", las cuales la izquierda ha respetado "de manera leal". A pesar de su "espíritu republicano", ha subrayado que el PSOE ha sido un pilar fundamental para la monarquía. Asimismo, el ministro recordó que la izquierda también renunció a la justicia a través de la Ley de Amnistía de 1977, cuyo propósito era evitar que figuras como Manuel Fraga enfrentaran responsabilidades por sus actos durante el franquismo. Por otro lado, criticó que la derecha no ha cumplido con su renuncia al "poder político por derecho natural". Puente ha asegurado que desde el mandato de Felipe González, la oposición no acepta resultados electorales adversos El ministro también sostuvo que cuesta diferenciar a la derecha de la extrema derecha. Fue especialmente crítico con el equipo de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, definiéndolo como un "equipo de mutilados políticos" que dependen de otras herramientas para gobernar. Puente hizo un llamamiento a la "colaboración inteligente de los demócratas y de la izquierda", aclarando que no implica una unión bajo las mismas siglas, sino actuar con "altura de miras" frente a un adversario que busca, según él, "mejorar su mundo a costa de los demás". También se mostró esperanzado, citando que el voto joven parece volver hacia la izquierda, como se vio en comicios recientes en Andalucía.…
El Juzgado de Majadahonda ha decidido archivar la querella presentada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, contra Vito Quiles por una supuesta agresión ocurrida el pasado abril en un establecimiento de Las Rozas, Madrid. El magistrado ha decretado el sobreseimiento provisional tras determinar que no se pudo acreditar que los hechos constituyeran una infracción penal, según las grabaciones del incidente a las que tuvo acceso Europa Press. El juez destacó que las imágenes proporcionadas por el Cuerpo Nacional de Policía no muestran las conductas denunciadas por Gómez. En particular, no se pudo verificar que hubiera un zarandeo o que Quiles hubiese rodeado a la denunciante con el brazo, según el abogado de Quiles, Juango Espina. De las imágenes se desprende un forcejeo entre ambas partes, donde la iniciativa principal, sin relevancia penal, habría sido de Gómez, tratando de expulsar a Quiles del local. Las grabaciones no acreditan la existencia de lesiones ni las conductas denunciadas por Begoña Gómez Durante el proceso, Gómez señaló que Quiles era un agitador mediático que invadió su espacio personal, interpelándola agresivamente sobre temas de índole pública. El magistrado precisó que la injerencia en la vida social de una figura pública puede ser tanto delito como ilícito civil, dependiendo de la gravedad y las circunstancias. Se considera una intromisión ilegítima cuando se viola la intimidad personal o se difunden hechos privados o captan imágenes sin consentimiento, salvo que haya un interés público relevante que lo justifique. Además, el magistrado indicó que la conducta cruza hacia lo penal si la intromisión es grave, continua o implica violencia o amenazas, acoso, o si es insistente y altera gravemente la vida cotidiana. En las grabaciones se observa cómo Quiles accede al local con la intención de dirigirse a Gómez, quien abandona el lugar de inmediato. Los hechos…
El Tribunal Supremo celebrará este viernes una vista para evaluar múltiples solicitudes de suspensión cautelar del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes, impulsado por el Gobierno. Esta sesión, que inicialmente estaba programada para el 13 de mayo, fue pospuesta por necesidades del servicio, según una providencia obtenida por Europa Press. Entre quienes piden la suspensión figuran Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, Libertad y Justicia, Vox y la Comunidad de Madrid. La Abogacía del Estado, en representación del Ejecutivo, presentará argumentos en contra de esta paralización, alegando que afectaría los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por tanto, el interés general, como consta en un escrito de alegaciones. Hazte Oír sostiene que el decreto sobrepasa los límites legales y modifica estructuralmente la política migratoria del país, generando impactos directos y prolongados. Por su parte, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica advierte sobre el riesgo de perjuicio irreparable que implicaría el trámite de un elevado volumen de solicitudes y la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo. La Abogacía del Estado defiende que la paralización del decreto atentaría contra los derechos de los migrantes afectados y el interés general En un tono crítico, el dirigente de Vox, Ignacio Garriga, calificó el decreto como la legalización e institucionalización de la invasión migratoria, afirmando que envía un mensaje equivocado al mundo. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, sustentan su oposición en que la medida afecta la prestación de servicios públicos sin garantizar la financiación necesaria, además de contravenir la normativa europea y comprometer la seguridad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en abril la medida que beneficiará a 250.000 solicitantes de asilo y a otras 250.000 personas en situación irregular, según informó el Ministerio de Inclusión,…
El Govern de Baleares ha expresado su satisfacción tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único de arrendamientos de corta duración, al determinar que el Estado no tiene competencias para establecer esta regulación. El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, manifestó en la red social X que la medida confirma la postura que el Govern ha mantenido: “Querer centralizar competencias que son autonómicas solo genera inseguridad, burocracia y fracasos. El Supremo pone las cosas en su sitio”. El Supremo ha argumentado que esta normativa implicaba una regulación exhaustiva de un registro nacional, el cual se sobreponía a los registros autonómicos existentes relacionados con la inscripción de inmuebles para arrendamientos turísticos. Con esta decisión, el tribunal ha estimado, aunque de manera parcial, el recurso planteado por la Generalitat Valenciana, anulando únicamente los preceptos del Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, que establecían dicho registro. El Tribunal Supremo confirma que el Estado carece de competencias para establecer un registro único de arrendamientos turísticos, preservando las competencias autonómicas. No obstante, el Tribunal ha desestimado las partes del recurso referentes a las disposiciones sobre la ventanilla única digital, las obligaciones de transmisión de datos por parte de plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos, que seguirán vigentes.
La Policía Nacional ha solicitado información a la empresa Inteligencia Prospectiva después de que fuera imposible realizar un registro en sus oficinas, tal y como había ordenado un juez de la Audiencia Nacional en el marco del denominado 'caso Plus Ultra'. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal se encontraron con las oficinas en Paseo de la Habana, en Madrid, en obras y sin personal, según fuentes citadas por Europa Press. Ante esta situación, se ha cursado un requerimiento de información al no poder ejecutar el mandato del juez José Luis Calama, quien también autorizó registros en otros tres lugares, incluido el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Durante el operativo en la calle Ferraz, frente a la sede federal del PSOE, los agentes intervinieron varios dispositivos de almacenamiento y documentación relevante. El auto judicial identifica a Inteligencia Prospectiva como una de las empresas implicadas en la canalización de fondos hacia Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, considerado amigo personal de Zapatero, quien fue detenido en diciembre pasado. Esta investigación asegura que Análisis Relevante atuó como pieza instrumental en una presunta estructura de tráfico de influencias liderada por el expresidente español, quien ha negado las imputaciones. Inteligencia Prospectiva es señalada por la Audiencia Nacional debido a su operativa económica, que el juez considera incompatible con sus cifras de negocio declaradas. El informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, menciona un elevado volumen de movimientos por más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, a pesar de un déficit significativo y una cifra de negocio prácticamente nula durante los primeros años. La investigación destaca que la empresa no ha solicitado la devolución de cuotas del IVA pese a su situación financiera negativa. El juez Calama…
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentará el próximo martes ante el Pleno del Congreso una proposición no de ley (PNL) para declarar como irrevocable la pertenencia de España a la Unión Europea. La iniciativa busca reafirmar el compromiso de España con el proyecto europeo, considerado un pilar esencial de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, así como de la seguridad y estabilidad económica del país. En coincidencia con el 40 aniversario de la incorporación de España a la UE, el PSOE pretende con esta propuesta reconocer a quienes facilitaron dicha adhesión y a aquellos que han trabajado durante estas cuatro décadas para consolidar y fortalecer la presencia del país en Europa. Además, la proposición aboga por apoyar en el Consejo Europeo la reforma de los Tratados con el fin de robustecer la soberanía e independencia del continente. La iniciativa socialista resalta la importancia de reafirmar el compromiso europeo en tiempos de incertidumbre, apostando por un continente más cohesionado. Se destaca la promoción del concepto de ciudadanía europea, el fortalecimiento de los derechos sociales y el avance en las transiciones ecológica, digital y social. Asimismo, se enfatiza la necesidad de impulsar la autonomía estratégica y liderar el orden internacional en defensa de los valores democráticos y los derechos humanos. En el actual contexto, los socialistas sostienen que más Europa ha sido y es hoy la respuesta y que el verdadero patriotismo reside en defender su proyección internacional. La proposición invita a mirar al futuro con ambición y compromiso, remarcando que la Unión Europea no es solo una organización supranacional, sino un espacio de convivencia, respeto mutuo y libertad, el cual debe seguir fortaleciéndose con determinación. La entrada de España en la Unión supuso un hito que impulsó la modernización económica, industrial y agrícola del país, gracias a…
El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña han ratificado este miércoles varios acuerdos clave entre el Govern y ERC para los Presupuestos catalanes de 2026. Entre las medidas confirmadas, se establece la creación de una sociedad de inversiones del Estado en Cataluña y el financiamiento necesario para expandir la plantilla de los Mossos d'Esquadra a 25.000 agentes en 2030. Estos acuerdos se han oficializado durante las reuniones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, celebradas en la sede del Ministerio de Política Territorial. Han estado presididas por el ministro Ángel Víctor Torres y el conseller Albert Dalmau. Uno de los acuerdos destacados es el impulso de la línea orbital ferroviaria, que conectará las regiones metropolitanas desde Mataró hasta el Vilafranca del Penedès, sin pasar por Barcelona. Este proyecto, heredado de la etapa del 'tripartit', está valorado en 5.200 millones de euros y dependerá de la financiación estatal con apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), proyectándose su ejecución entre 2027 y 2040. Se ha ratificado la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado que no requerirá pasar por el Congreso, facilitando así su implementación. Además, se acordó que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona obtengan mayoría en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, con una participación estatal reducida al 40%. También se incluirán transferencias de competencias estatutarias para la gestión del litoral, ampliando el patrimonio traspasado con la cesión de parte del Edificio Siza, sede del Centro Meteorológico de Barcelona. En el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, se selló el acuerdo para garantizar la financiación necesaria que permitirá que, para 2030, los Mossos d'Esquadra alcancen una plantilla de 25.000 agentes. La transferencia estatal se ajustará anualmente según…
La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este miércoles una serie de propuestas destinadas a mejorar las condiciones laborales y de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas acordadas, destaca la compensación económica por servicios extraordinarios, como guardias, así como el fomento del teletrabajo en aquellas funciones donde sea viable. Los grupos parlamentarios, incluyendo PP, PSOE, Vox, Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV y UPN, debatieron y votaron sobre las propuestas de resolución al informe del Observatorio de la Vida Militar correspondiente a 2024. Este organismo consultivo adjunto a las Cortes ha señalado un déficit "crónico" de efectivos, lo que ha llevado a los partidos a buscar formas de hacer más atractiva la profesión militar y, en consecuencia, estimular su reclutamiento. La mejora de las condiciones retributivas y la movilidad geográfica son ejes centrales de las propuestas aprobadas, con el fin de hacer más atractivo el alistamiento en las Fuerzas Armadas Específicamente, se han planteado incrementos salariales y la creación de ayudas para facilitar la movilidad geográfica. Además, se propone un sistema de compensación por el desarraigo que los cambios de destino imponen a los militares y sus familias, y convenios entre el Ministerio de Defensa y los servicios autonómicos de empleo para facilitar la labor del cónyuge del personal trasladado. Estos convenios incluirían medidas de orientación, recolocación, impulso del autoempleo y acceso prioritario a servicios formativos y de emprendimiento. Se ha enfatizado también en la creación de un índice de bienestar militar para valorar aspectos como la salud mental, conciliación familiar, retribuciones, estabilidad y movilidad. Este índice se publicará anualmente con un análisis evolutivo y comparado de sus indicadores. En cuanto al reclutamiento, los partidos han subrayado la necesidad de incrementar los efectivos en las Fuerzas Armadas. Proponen que el Observatorio de la Vida Militar…
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública para recoger opiniones sobre la propuesta de la Comisión Europea de regular el sector de las telecomunicaciones mediante la Ley de Redes Digitales (DNA). Según un comunicado emitido este miércoles, la normativa fue presentada en enero y busca establecer un marco jurídico europeo más simplificado y armonizado para las redes digitales y sus infraestructuras. La propuesta de la Comisión Europea surge tras varios análisis estratégicos que han destacado la importancia de las infraestructuras digitales avanzadas como elemento crucial para la competitividad económica, la autonomía estratégica y la seguridad de la Unión Europea. Estos análisis incluyen el informe Letta, el informe Draghi, el informe Niinistö y la Comunicación "Brújula para la Competitividad". El objetivo principal de la Ley de Redes Digitales es abordar los desafíos estructurales que limitan el desarrollo de un ecosistema digital competitivo y resiliente en la Unión Europea. La normativa propone medidas para fortalecer el mercado único de la conectividad, simplificar la normativa y administración, impulsar la innovación en el ecosistema digital y reforzar la resiliencia. La Ley de Redes Digitales pretende consolidar un mercado único de conectividad mientras impulsa la innovación y refuerza la resiliencia del ecosistema digital europeo Además, la normativa contempla un mecanismo común para seleccionar las comunicaciones por satélite paneuropeas, incorporando criterios de seguridad y resiliencia. Los interesados pueden presentar sus contribuciones a la consulta en la web del Ministerio hasta el 12 de junio.