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La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, y la directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Rocío Prieto, comparecerán este 18 de mayo ante la comisión de investigación del Congreso que indaga sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Esta será la segunda sesión de la comisión, que comenzó hace un mes con la declaración de los consejeros delegados de Endesa, Iberdrola y Naturgy. Estos últimos criticaron la gestión de Red Eléctrica durante el incidente y expresaron sus reservas sobre el informe del panel de expertos europeos, considerando que la participación de Red Eléctrica en el panel supone un conflicto de intereses. Corredor y Prieto responderán a las preguntas de los grupos parlamentarios, quienes buscan esclarecer las causas detrás del cero energético registrado en 2025. La discusión se centrará en comprender mejor lo sucedido y en evaluar la respuesta de las distintas entidades implicadas. El apagón de 2025 sigue generando tensiones en las instituciones españolas, donde se busca determinar responsabilidades y causas. Anteriormente, Corredor y Prieto ya comparecieron en una comisión similar en el Senado, impulsada por el Partido Popular gracias a su mayoría absoluta. Esta investigación concluyó en abril, responsabilizando del incidente al Gobierno de Pedro Sánchez, en particular a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, además de a la presidenta de Redeia y a la CNMC. La nueva comparecencia en el Congreso se produce una semana después de que el Senado, con los votos de PP, Vox y UPN, reprendiera a Sara Aagesen, criticando su gestión del apagón como "nula". Este contexto añade presión a los próximos interrogatorios en la Cámara Baja.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado que España mantiene su compromiso con una sólida relación transatlántica con Estados Unidos, a pesar de las críticas del expresidente Donald Trump sobre una supuesta falta de cooperación. Según Albares, esta relación se sostiene firmemente, aunque ha enfatizado que España no ignorará los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de Naciones Unidas para enfrentar las crisis actuales. "No queremos conflictos con Estados Unidos. No los buscamos. No hemos cambiado. Mantenemos nuestro compromiso con la relación transatlántica, pero también con la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo, los valores europeos y el respeto del derecho internacional", declaró Albares en una entrevista con la cadena Al Yazira. En sus declaraciones, el ministro también abordó las amenazas que el actual presidente de Estados Unidos ha dirigido a España, incluidas las quejas por la falta de contribución a la OTAN y la negativa española a permitir el uso de su espacio aéreo por aviones estadounidenses en operaciones contra Irán. España se reafirma como un “aliado fundamental e indispensable para la organización” transatlántica, según José Manuel Albares. Al respecto, Albares, al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, minimizó la importancia de estos comentarios, subrayando que no existe ninguna comunicación oficial al respecto y reafirmando el papel clave de España dentro de la OTAN. El ministro también se pronunció sobre la defensa del derecho internacional en crisis contemporáneas, como las de Oriente Próximo y Ucrania. España, según Albares, apoya la causa palestina y condena las imágenes de sufrimiento provenientes de Gaza, calificándolas como “una vergüenza para la conciencia de la humanidad”, al igual que la situación de los civiles en Ucrania. “Reconocemos el derecho de Israel a su propio Estado, por supuesto, en paz y seguridad. Pero…
La Comisión de Defensa del Congreso abordará este jueves las propuestas de PP, PSOE, Vox, Sumar y UPN destinadas a mejorar las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas Armadas con el objetivo de hacer la profesión más atractiva y estimular el reclutamiento. Este debate surge en un contexto global que exige intensificar las medidas de defensa y seguridad. Las iniciativas planteadas por los partidos incluyen el incremento de sueldos, la facilitación de la movilidad geográfica y la adopción de un índice de bienestar militar. Estas propuestas forman parte de las resoluciones al informe del Observatorio de la Vida Militar correspondiente a 2024, las cuales han sido recogidas por Europa Press. El Observatorio de la Vida Militar denuncia un déficit de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio y señala el escaso interés por ascender dentro del cuerpo. Este órgano consultivo, dependiente de las Cortes, atribuye esta situación a los bajos sueldos y a los desafíos que conlleva la movilidad geográfica para el personal militar. Entre las alternativas discutidas, el PP sugiere crear un sistema de compensación por desarraigo, considerando el impacto personal y familiar de los cambios de destino. Asimismo, propone convenios entre el Ministerio de Defensa y los servicios autonómicos de empleo para facilitar la integración laboral del cónyuge del personal militar trasladado. En línea con el PP, Sumar solicita un plan integral de apoyo a la movilidad geográfica y la creación de ayudas específicas para afrontar las situaciones de doble residencia ocasionadas por los traslados. Vox, por su parte, aboga por incluir compensaciones para servicios extraordinarios como guardias y tareas que exceden la jornada laboral ordinaria del personal militar. Junto a UPN, Vox también pide aumentar el presupuesto para infraestructuras logísticas y su modernización. El PSOE y Sumar destacan la problemática del reclutamiento. Los socialistas apuestan…
Javier Ortega Smith, expulsado de Vox hace un mes, continúa integrado en el grupo parlamentario del Congreso a pesar de que su actividad se ha reducido considerablemente. Más allá de su participación en las votaciones durante las sesiones plenarias, no ha tenido intervenciones en el Pleno ni en comisiones parlamentarias desde enero pasado. La expulsión del que fuera uno de los fundadores de Vox fue anunciada en marzo por el Comité de Garantías del partido, que le acusó de cometer una infracción muy grave. El motivo fue frustrar su relevo como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que llevó a que fuera sancionado por desobediencia y suspendido de militancia. Ortega Smith, exsecretario general del partido, se ha mantenido al frente del grupo municipal hasta ahora, basado en lo que considera lo legítimo. Presentó un recurso contra la decisión de su expulsión, el cual fue rechazado, formalizando así su salida de Vox el 16 de abril. A pesar de su expulsión, Ortega Smith continúa como portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, respaldado por la mayoría. Ha indicado que la situación no cambiará hasta que la Justicia resuelva una demanda por presunta vulneración de sus derechos fundamentales que interpuso contra la dirección del partido. La dirección de Vox ha mantenido a Ortega Smith en el Congreso pese a su expulsión del partido, pero su papel político se ha debilitado considerablemente. En el Congreso, la portavoz Pepa Millán confirmó que el proceso interno sigue su curso y que el resultado es muy previsible, sugiriendo que Ortega Smith podría terminar en el Grupo Mixto en el futuro. Las declaraciones de Millán subrayan que hay un procedimiento reglado conforme a los estatutos del partido. A pesar de ello, Vox ha ido despojando a Ortega Smith de sus…
La vida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, Argelia, continúa siendo complicada cinco décadas después de su establecimiento. Más de 170,000 personas dependen en gran medida de la ayuda internacional, temiendo caer en el olvido mientras compiten por fondos humanitarios en un contexto global de crecientes crisis. Las jaimas iniciales en la 'hamada' argelina han dado paso a construcciones de ladrillo, indicando que los saharauis no esperan una pronta resolución a su situación. Considerada una de las situaciones de refugiados más prolongadas a nivel mundial, según Ikram Houimli, responsable de relaciones externas del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, los saharauis viven en el exilio en un entorno hostil por las condiciones climáticas y la escasez de recursos. Aline Rumonge, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia, señala que los cinco campamentos al sur de Tinduf enfrentan pobreza, desnutrición y limitadas oportunidades de empleo. El 80% de los refugiados dependen completamente del apoyo humanitario para satisfacer sus necesidades básicas. La disminución de los fondos ha afectado significativamente la respuesta humanitaria en los campamentos saharauis, obligando a priorizar de manera drástica. La resiliencia y solidaridad de los refugiados saharauis es sobresaliente. Han establecido una red de ayuda mutua para asegurar la distribución equitativa de la asistencia, a pesar de que la atención mundial en otras crisis ha reducido los recursos disponibles para ellos. La responsable de ACNUR destaca el impacto negativo que el descenso de financiación tiene en servicios críticos como educación y salud. Los problemas de desnutrición son alarmantes, con un 40% de los hogares sufriendo consumo alimentario inadecuado y solo el 11% de los niños de 6 a 23 meses disfrutando de una dieta mínimamente aceptable. El PMA mensualmente distribuye ayuda alimentaria equivalente a 2,2 millones de euros, crucial para…
El Ministerio del Interior ha revelado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acumula una deuda de 76,3 millones de euros por gastos sanitarios derivados de la atención a los reclusos desde 2018. Durante este período se han abonado 121,4 millones de euros. La Comunidad de Madrid es la principal acreedora, con una deuda de 27,2 millones de euros, cifra que representa el 35% del total. No obstante, desde 2018, la región ha recibido 21 millones de euros por este concepto, según detalla una respuesta parlamentaria obtenida por Europa Press. Andalucía ocupa el segundo lugar en el listado de deudas, con 14,8 millones aún pendientes de pago, después de que se le hayan transferido 9,9 millones. Otras comunidades con deudas significativas incluyen Baleares (7,2 millones), Aragón (6,6 millones), Canarias (5,5 millones), Castilla y León (4,5 millones) y Galicia (3,4 millones). La adecuación de los servicios y funciones en sanidad penitenciaria es un objetivo estratégico para la Administración Penitenciaria, según el Ministerio del Interior. El ministerio ha recalcado que se busca avanzar en el traspaso de competencias sanitarias a las comunidades, conforme a lo estipulado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Esta transferencia ya ha sido completada en el País Vasco (2011), Navarra (2021) y Cataluña, aunque esta última lo hizo antes de la normativa vigente. La disposición adicional sexta de dicha norma establece la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud y su traspaso a las comunidades autónomas. En ausencia de este traspaso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha realizado importantes esfuerzos para garantizar la asistencia sanitaria a los internos, según ha señalado el Ministerio del Interior. Se han firmado convenios con varias comunidades autónomas en materia de asistencia sanitaria, interoperabilidad de la Historia Clínica Digital y…
El juicio de la 'Operación Kitchen' avanza en la Audiencia Nacional, superando la sexta semana con la finalización de las declaraciones testimoniales y el inicio del análisis pericial. Destacan los archivos encriptados de José Manuel Villarejo y los indicios de manipulación en un mensaje que implicaría al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el presunto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Más de 150 testigos han comparecido ante el tribunal que juzga el operativo parapolicial supuestamente dirigido en 2013 por el Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy. Este operativo habría tenido como objetivo sustraer información a Bárcenas para obstaculizar la investigación sobre una presunta contabilidad opaca en el PP. La fase testifical terminó con la declaración de un alto mando de la Policía Nacional, quien negó haber recibido presiones relacionadas con el 'caso Gürtel'. El juicio revela posibles manipulaciones en mensajes que indicarían la implicación de altos cargos en el espionaje a Bárcenas. La prueba pericial se inició con el testimonio de dos expertos del Centro Criptológico Nacional, quienes analizaron archivos encriptados de Villarejo. De los 92 archivos encontrados, solo se pudo acceder a 40, deteniéndose la investigación por falta de resultados tras un año de trabajo. Estos documentos sustentan acusaciones en la 'Operación Kitchen' y la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios del comisario. Otro punto crucial fue el análisis de mensajes de texto supuestamente enviados por Fernández Díaz a su ex 'número dos', Francisco Martínez. Estos mensajes, fechados en octubre de 2013, informaban del volcado de dispositivos de Bárcenas, trabajo realizado por expertos de la Policía Nacional y coincidente con el clonado de datos en una cafetería de Madrid. Aunque Martínez certificó estos mensajes ante notario, un perito informático detectó indicios de manipulación, cuestionando su autenticidad. Con la prueba pericial concluida, el tribunal…
La sesión de control al Gobierno del próximo miércoles centrará la atención en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La oposición aprovechará esta ocasión en el Congreso para exigir explicaciones por la reciente muerte en acto de servicio de dos guardias civiles mientras perseguían una narcolancha en Huelva. El debate podría derivar en una nueva reprobación parlamentaria en el siguiente pleno, especialmente por la ausencia del ministro en el funeral de los agentes. Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior del Partido Popular, cuestionará a Marlaska sobre si considera la muerte de los agentes un accidente laboral, refiriéndose a las declaraciones de María Jesús Montero, exvicepresidenta primera y actual candidata del PSOE en Andalucía. Asimismo, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, tiene previsto preguntar al ministro sobre las prioridades de su Ministerio. En esta línea, se espera que la ausencia en el entierro de los guardias civiles también sea objeto de reproches por parte de la oposición. La presencia de Grande-Marlaska en los funerales de los agentes se convierte en una cuestión de máxima relevancia política. Borja Sémper, portavoz de la dirección del PP, quien regresa al Congreso tras superar un tratamiento médico, ha anticipado que cuestionará a Marlaska sobre su adecuación para el cargo, especialmente después de que el ministro fuera abucheado durante la jura de nuevos guardias civiles en Baeza, donde expresó estar rabioso y dolido por lo ocurrido. Paralelamente, el Grupo Popular presentará una interpelación urgente dirigida al titular de Interior sobre la situación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico. El recuerdo de una proposición de ley que, en 2024, tras la muerte de otros dos agentes en Barbabe, Cádiz, buscó catalogar a estos como profesión de riesgo será parte de la discusión, puesto que aún no ha sido…
El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno español a exigir la liberación "inmediata e incondicional" de Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, condenar la represión sistemática por parte de la República Islámica de Irán y promover sanciones para los responsables del régimen. Esta iniciativa, prevista para debate en el Pleno y obtenida por Europa Press, también reclama el cese de las ejecuciones y el uso de la pena de muerte como herramienta de intimidación política, especialmente contra manifestantes, activistas, periodistas, mujeres y minorías étnicas y religiosas. El texto subraya la necesidad de garantizar la integridad física de Mohammadi, asegurar su acceso a atención médica adecuada y el respeto de sus derechos fundamentales. Asimismo, solicita la liberación de todos los presos políticos y de conciencia encarcelados por razones ideológicas, religiosas o por participación pacífica en protestas. El PP insta al Gobierno a coordinar con la Unión Europea para sancionar a responsables iraníes por violaciones de derechos humanos. Además, el PP sugiere que España impulse acciones en la Unión Europea, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen iraní, incluyendo ejecuciones, desapariciones forzadas, torturas y otras atrocidades. También se propone sancionar a individuos implicados en estas violaciones. En la exposición de motivos, el Grupo Popular advierte que el conflicto en Oriente Próximo no debe ser utilizado como excusa frente a la violación sistemática de los derechos humanos en Irán. Denuncian que el régimen ha intensificado su represión, incrementando ejecuciones y persiguiendo a opositores, mujeres, periodistas, activistas y ciudadanos que claman por libertad. La iniciativa rememora la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral en 2022, y cómo el movimiento "Mujer, Vida, Libertad" se ha…
El último Informe de Seguridad Nacional 2025 del Gobierno de España destaca la importancia del Sahel para la seguridad de España y, por extensión, de Europa. Este documento alerta sobre la creciente actividad yihadista en la región, que representa un riesgo tanto en términos de amenaza terrorista como de inmigración irregular. El Departamento de Seguridad Nacional (DSN), dependiente de la Presidencia del Gobierno, resalta que la estabilidad en los países del Sahel, como Malí, Níger y Burkina Faso, es crucial. Estos países enfrentan un elevado grado de inestabilidad política, de seguridad y económica, lo que constituye una amenaza significativa para la seguridad del sur de Europa y la OTAN. El informe subraya la fortaleza de los grupos extremistas en la zona, especialmente de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico. Además, señala la posibilidad de que estos grupos extiendan su influencia hacia el golfo de Guinea y el Magreb, incrementando así el flujo de inmigración irregular, con el riesgo de filtración de antiguos combatientes. El Sahel se ha convertido en el "centro de gravedad del terrorismo mundial" en los últimos años, según el informe. El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), vinculado a Al Qaeda, es identificado como una de las mayores amenazas. En Malí, su principal bastión, ha implementado una estrategia de fases que busca expulsar a actores extranjeros, controlar zonas rurales, aislar ciudades y, eventualmente, tomar el control del gobierno. En Burkina Faso, se observa que la junta militar apenas controla la mitad del territorio, mientras que en Níger, los ataques terroristas y el número de víctimas han aumentado desde el golpe militar de 2023. El informe también advierte del riesgo de expansión de estos grupos hacia el Magreb, un plan respaldado por Daesh para recuperar capacidades y redes en países como Argelia, Túnez,…