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La Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC-ANPIR) ha subrayado la necesidad de una reflexión profunda sobre la atención a la salud mental en España, más allá de las discusiones sobre modelos organizativos y perfiles profesionales. En su reciente Decálogo para una atención psicológica pública, especializada, humana y de calidad, la SEPC-ANPIR promueve una asistencia sanitaria pública que sea universal, accesible, y de calidad centrada en la persona. El documento, elaborado por la nueva Junta Directiva elegida en la Asamblea General del pasado 29 de mayo, será presentado a todos los grupos con representación parlamentaria y diferentes entidades, organizaciones y administraciones públicas. Este decálogo destaca la importancia de desarrollar políticas que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos, basadas en una planificación rigurosa con un enfoque comunitario. La SEPC-ANPIR aboga por rehumanizar la atención en salud mental, considerando fundamental poner a la persona en el centro del sistema Según la organización, la creciente presión asistencial en el ámbito de la salud mental no debe abordarse mediante intervenciones estandarizadas que solo busquen mejorar indicadores de gestión. Por el contrario, se requiere tiempo, escucha, una evaluación clínica rigurosa, continuidad asistencial y relaciones terapéuticas de calidad. El decálogo también enfatiza que cuando una persona busca ayuda psicológica, no solo desea información o consejos, sino comprensión y el alivio de su sufrimiento. De esta manera, se insta a la verdadera modernización de la salud mental, que implica construir servicios más humanos, accesibles y centrados en las personas. La SEPC-ANPIR enfatiza la necesidad de una atención especializada y de calidad para lograr la humanización de los servicios de salud mental. Esto requiere el liderazgo de especialistas en psicología clínica debidamente capacitados para evaluar, diagnosticar y tratar problemas complejos de salud mental, además de reforzar la atención comunitaria. El Decálogo para una atención psicológica pública, especializada,…
El Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar una inversión de 1.006 millones de euros, excluyendo el IVA, para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en diez comunidades autónomas. Estos contratos tienen como objetivo el mantenimiento de cerca de 3.670 kilómetros de carreteras estatales, incluyendo 2.261 kilómetros de autovías. Según el ministerio, se han aprobado seis contratos divididos en 29 lotes que contemplan actuaciones en 20 provincias del país. Estas acciones forman parte del programa ministerial para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad, asegurando que la red sea accesible en condiciones óptimas para todos los ciudadanos. La duración de los contratos es de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses. El modelo de contratos mixtos busca ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y optimizar los recursos públicos Las actuaciones incluyen la vigilancia, gestión de incidencias, vialidad invernal, ayuda a la explotación y estudios de seguridad vial. Además, se promueve la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones, incorporando medidas como el autoconsumo, el ahorro energético en iluminación y la implantación de vehículos eléctricos. Las empresas adjudicatarias deberán presentar un plan de descarbonización dentro de los seis primeros meses de contrato, con medidas para lograr un balance neutro en carbono. Por comunidades autónomas, la mayor inversión está destinada a Catalunya, que recibirá 216,32 millones de euros para las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida, centrada en las vías AP-7, AP-2 y B-30. Castilla y León sigue con 188,4 millones de euros para Burgos, León, Valladolid y Soria. Castilla-La Mancha contará con 183,9 millones distribuidos en Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, mientras…
La Audiencia Nacional ha concedido al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acceso al edificio por la puerta principal, habitualmente reservada para jueces, en lugar de la entrada común para visitantes. Esta autorización responde a una solicitud de Presidencia del Gobierno con el fin de garantizar la seguridad de Zapatero, quien se presentará este miércoles como investigado en el 'caso Plus Ultra'. La decisión, tomada por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, se debe a la gran expectación mediática que se espera en la sede del tribunal. El juez José Luis Calama, que instruye el caso, ha citado a Zapatero para ser interrogado sobre su presunta influencia en la concesión de una ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea durante la pandemia. Asimismo, deberá responder por las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, cuyo valor preliminar asciende a 1,3 millones de euros según su tasación. La procedencia de estas joyas no ha sido acreditada, lo que ha llevado al magistrado Calama a abrir una pieza separada por delitos fiscales y de contrabando. Zapatero deberá declarar sobre su presunta influencia en la ayuda a Plus Ultra y por las operaciones sospechosas con joyas de elevada tasación Por otro lado, Calama ha denegado la petición de Zapatero de aplazar su declaración sobre las joyas, dado que el expresidente alegó necesitar más tiempo para preparar su defensa. El juez considera que no hay "indefensión", ya que los hechos son conocidos por la defensa de Zapatero y están integrados en la causa principal. Además, el magistrado ha rechazado que todas las acusaciones populares puedan asistir a la declaración de Zapatero. Según un auto emitido por Calama, las diligencias instructoras "no son actos públicos" y el acceso debe realizarse a través del único procurador y letrado…
Una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Sol y Nuevos Ministerios ha causado fuertes demoras y modificaciones de recorrido en las líneas C-3, C-4a y C-4b de Cercanías Madrid durante la mañana de este martes 16 de junio. Tras casi una hora de complicaciones, Adif ha subsanado el problema y los trenes recuperan de forma progresiva sus frecuencias habituales. No obstante y debido a los desvíos y retenciones iniciales, se produjeron fuertes demoras generales y detenciones prolongadas en varios puntos de la red. ​Así afectó la avería a las líneas C-3, C-4a y C-4b El problema técnico, localizado en el túnel que conecta Sol con Nuevos Ministerios, obligó a Cercanías Madrid a adoptar un plan de contingencia y desvíos para evitar el colapso de la red central. Las principales afectaciones se distribuyeron de la siguiente manera. ​Línea C-3: Los trenes vieron recortado su trayecto, finalizando e iniciando su recorrido en la estación de Atocha. ​Línea C-4a: El servicio se interrumpió de forma parcial, terminando los convoyes en la estación de Chamartín. ​Línea C-4b: Los trenes en sentido Parla tuvieron que ser desviados por el túnel de Recoletos, lo que dejó sin servicio comercial la estación de Sol para esta línea durante el tiempo que duró la incidencia. ​Solucionada la incidencia: Recuperación progresiva de frecuencias Alrededor de las 10:32 horas, las cuentas oficiales de Cercanías Madrid confirmaron que la incidencia en la infraestructura había sido completamente subsanada. A partir de ese momento, todos los trenes de las líneas afectadas han vuelto a su recorrido habitual. No obstante, desde la compañía advierten de que la normalidad total en los horarios se alcanzará de manera progresiva a lo largo de la mañana, por lo que todavía podrían registrarse retrasos puntuales. ​Para conocer el estado del servicio en tiempo real o planificar…
El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales, la mayor de su tipo en la historia, según ha informado el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a través de su cuenta en la red social X. Esta macroconvocatoria se desglosa en 575 plazas por oposición para jueces y fiscales, y 125 plazas de magistrados para juristas con más de diez años de ejercicio, bajo el sistema conocido como cuarto turno. Bolaños había anticipado esta publicación, destacando que representa la mayor transformación de la Justicia en décadas. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la cifra de 700 plazas supera en más de tres veces a las ofertadas en 2025, marcando un hito histórico al compararla con el periodo 2012-2016, cuando solo se convocaron 350 plazas en total durante cinco años. El Ministerio de Justicia ha triplicado las convocatorias de plazas de jueces y fiscales desde 2018 comparado con las dos legislaturas previas de Mariano Rajoy El Ministerio de Justicia ha comunicado que, desde 2018, se han convocado un total de 2.515 plazas. Para este año, la convocatoria publicada en el BOE contempla 375 plazas para jueces y 200 para fiscales, cuyo proceso de oposición comenzará en octubre. El Consejo General del Poder Judicial también ha convocado 125 plazas de magistrados mediante concurso oposición entre juristas destacados. Paralelamente, el Gobierno trabaja en la creación adicional de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, una ampliación sin precedentes en la historia española, que será oficializada en las próximas semanas mediante Reales Decretos. Esta expansión representa un incremento del 8,5% en la plantilla judicial, más alto que la suma de plazas creadas en la última década. Estas nuevas plazas se enmarcan dentro de la Ley de Eficiencia…
El Gobierno ha decidido asignar un total de 3.788,25 millones de euros a las comunidades autónomas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, la Región de Murcia, Aragón y La Rioja. Este acuerdo, gestionado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), se financia a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para cubrir el exceso de déficit previsto para 2025. El Ministerio de Hacienda ha informado que estos fondos se canalizarán mediante el Tramo III Déficit de Facilidad Financiera, conocido como Extra FLA. La distribución de los fondos será la siguiente: la Comunidad Valenciana recibirá 1.904,25 millones de euros; Cataluña, 1.248,75 millones; la Región de Murcia, 526,5 millones; Aragón, 87 millones; y La Rioja, 21,75 millones. La Comunidad Valenciana, en particular, verá cómo estos 1.904,25 millones de euros se suman a otras medidas aprobadas previamente por el Gobierno para contrarrestar los daños causados por la dana. En un acto previo, el Ejecutivo había asignado 1.300 millones de euros a la Generalitat para cubrir gastos extraordinarios relacionados con este fenómeno climático. Así, la Comunidad Valenciana fue en 2025 la región que mayor cantidad de recursos recibió del fondo, superando los 10.000 millones de euros durante todo el ejercicio. La financiación del Extra FLA se otorga bajo "condiciones financieras favorables" que ayudan a aumentar la liquidez y reducir los costes de las comunidades autónomas afectadas Para el año 2026, los recursos asignados por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas ya ascienden a 22.468 millones de euros. En la misma reunión de la Comisión Delegada, se acordó también la distribución de 6.372,8 millones de euros para el tercer trimestre de 2026, destinados a las comunidades de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Estas regiones han solicitado su adhesión al fondo en 2026,…
La situación de la vivienda en España está afectando gravemente el bienestar emocional de la juventud. Un 42% de los jóvenes de entre 25 y 34 años consideran su salud mental como regular o mala, según el informe 'Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural' elaborado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), Fad Juventud y Oxfam Intermón. Este informe revela que el sobreesfuerzo económico y las dificultades para independizarse están empeorando el bienestar emocional de este grupo demográfico. La crisis habitacional se ha convertido en un factor estructural de desigualdad que afecta a la salud mental, relaciones y expectativas de futuro de la juventud española Andrea González Henry, presidenta del CJE, enfatiza que la vivienda digna es esencial para la juventud, no solo desde el punto de vista material, sino también para la salud emocional. González Henry manifiesta que no bastan las intervenciones sanitarias; se necesitan políticas de vivienda efectivas, protección social, y recursos de salud mental de calidad. La actual dinámica del mercado inmobiliario, con el alza de los alquileres, define a los jóvenes como una "generación inquilina". El gasto en vivienda absorbe entre el 40% y el 50% de sus ingresos, superando el 80% en los hogares unipersonales desde 2017, lo cual deteriora su bienestar emocional. Julia García, coautora del informe y experta en desigualdades y juventud de Oxfam Intermón, añade que la vivienda condiciona las decisiones vitales de los jóvenes, afectando su salud mental, relaciones y planes de futuro. Además, el alquiler implica un riesgo económico que intensifica la vulnerabilidad social de estos hogares. El informe también subraya cómo la precariedad y la inestabilidad laboral agravan la situación emocional de la juventud, limitando sus perspectivas. Un marcado deterioro económico está correlacionado con mayores problemas psicológicos, con un 63,5% de personas en situación severa…
La audiencia preliminar a la que fue citada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, empezó a las 18:00 horas de este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid. Durante esta cita judicial, la Fiscalía y la defensa de Gómez solicitaron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, plantearon medidas cautelares como la retirada del pasaporte y el requerimiento de comparecencias quincenales en el juzgado. El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto juzgar a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Gómez ingresó a las 18:20 horas a la audiencia enfundada en un traje negro con americana. Hizo su entrada en coche a través del garaje, mientras que su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados, llegaron a pie. La audiencia preliminar también incluyó la participación de la Fiscalía, las acusaciones populares y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como acusación particular. Antes de comenzar la audiencia, el abogado de Hazte Oír afirmó a los medios que solicitaría la retirada del pasaporte de Gómez y una comparecencia quincenal, debido a un presunto "riesgo de fuga", pero descartó pedir prisión provisional para los tres investigados. Por otro lado, el abogado de Begoña Gómez argumentó en su defensa la absolución, alegando que los hechos no constituyen delito y denunciando "mala fe" por parte de las acusaciones. Asimismo, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa y previó reclamar la absolución en caso de que se decida abrir juicio oral. Las acusaciones populares piden hasta 24 años de prisión para Begoña Gómez y 22 años para su asesora, Cristina Álvarez, por presunta malversación y cooperación necesaria Además, solicitan seis años de cárcel para Barrabés por…
La Audiencia Nacional ha dictado penas que oscilan entre un año y medio y cuatro años de prisión contra once miembros de una célula territorial del grupo juvenil criminal Dominican Don't Play (DDP) por su participación en una organización criminal. Aunque en este fallo, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal ha absuelto a uno de ellos del asesinato de un joven cometido el 5 de febrero de 2022 en un parque del distrito madrileño de Usera, al no haberse demostrado su implicación, sí le ha condenado a cuatro años por pertenencia a una organización criminal violenta. De los acusados, once han sido encontrados culpables del delito de pertenencia a organización criminal, mientras que otros cuatro han sido absueltos de esta acusación, ya que la acusación fue retirada tras haber sido condenados previamente por el mismo delito. Sin embargo, uno de estos absueltos fue condenado a tres años de cárcel por falsificación de moneda. Otro de los acusados ha recibido la pena más severa, de cinco años y medio de prisión, de los cuales un año y medio corresponde a la pertenencia a organización criminal y los cuatro restantes a falsificación de moneda. El tribunal identificó a los Dominican Don't Play como una organización criminal juvenil estructurada y jerarquizada, con células operativas en España denominadas "coros" El caso fue inicialmente tramitado en un juzgado ordinario de Madrid. Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió que debía ser juzgado en la Audiencia Nacional debido a la acusación por falsificación de moneda, lo que requería la intervención del órgano central. Esta decisión subraya la importancia de tratar casos que involucren delitos de alcance extendido y de especial gravedad en instancias judiciales superiores.
La organización de consumidores europea BEUC, junto a doce entidades de once países comunitarios, ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea y las autoridades de protección al consumidor por prácticas de 'greenwashing' en diversas empresas energéticas. En España, la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha señalado a TotalEnergies, Naturgy, Pepe Energy, Yoigo, Audax Renovables y Jazztel ante la Dirección General de Consumo. El objetivo es alertar sobre prácticas de lavado verde, según un comunicado difundido el pasado martes y recogido por Europa Press. La CECU busca que las autoridades exijan a las compañías no utilizar afirmaciones engañosas de marketing ecológico. Además, proponen multar a quienes persistan en estas prácticas y compensar a los consumidores por los precios más altos de los contratos de energías verdes. También se pretende informar a los clientes de que las inversiones de las empresas en proyectos climáticos no deben considerarse como una compensación de las emisiones de la empresa ni de productos basados en combustibles fósiles. Las organizaciones aseguran que han analizado las páginas web de estas empresas para detectar si usan marketing ecológico que genere confusión y engaños al consumidor Según la CECU, los hallazgos están respaldados por un estudio de la Universidad KU Leuven, que coteja los anuncios con la legislación de consumo de la Unión Europea. La denuncia resalta casos de publicidad engañosa con afirmaciones medioambientales que aparentan sostenibilidad, como proclamarse líderes mundiales en la transición energética acompañados de imágenes verdes. También se critican los argumentos de compensación de carbono, al considerar científicamente inválidas las inversiones en proyectos relacionados con el clima para equilibrar emisiones. Se destacan compromisos de mitigación ambiental, como las emisiones cero, a pesar de las inversiones en combustibles fósiles, y las comparaciones engañosas que presentan al gas como limpio o sostenible. La CECU afirma que estas…