La Comisión Europea ha instado a España a adoptar más medidas para combatir la corrupción de alto nivel y a endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos. Estas recomendaciones, aunque no vinculantes, se incluyen en el informe anual sobre el Estado de derecho en los estados miembros, y responden a los avances "limitados" de las reformas emprendidas hasta ahora.
El informe reconoce "algunos avances" en la reducción de los tiempos de investigación y procesos judiciales relacionados con la corrupción de alto nivel, incluidos aumentos de plantilla y reformas legislativas. Sin embargo, Bruselas considera que "persisten los desafíos" y la tramitación de estas reformas continúa siendo lenta. Por ello, recomienda a España impulsar el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos de estos casos.
Bruselas solicita a España fortalecer las normativas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos ejecutivos
A pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, Bruselas lamenta que la aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado y recomienda reforzar las capacidades del organismo supervisor competente.
Además, el informe subraya la preocupación existente entre los jueces por las críticas de políticos que debilitan la confianza pública en el poder judicial. Se menciona el impacto de las declaraciones públicas del Gobierno y otros políticos, que han contribuido a la erosión de esta confianza. El documento recuerda que la crítica es parte del debate democrático, pero advierte que los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar comentarios que socaven la independencia judicial.
Otro tema importante del informe es la reforma pendiente del sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Europea urge al Gobierno de Pedro Sánchez a adaptar el procedimiento de nombramiento de estos magistrados a los estándares europeos, como recomienda la Comisión de Venecia.
El documento también destaca los "avances significativos" en el fortalecimiento del estatuto de la Fiscalía General, a través de un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aún en tramitación parlamentaria. Bruselas insta a España a continuar con estos esfuerzos y, asimismo, a avanzar con la ley de transparencia e integridad de actividades de los grupos de interés, impulsando un registro público obligatorio de 'lobbyists'.
En cuanto a los medios de comunicación, el informe subraya riesgos en la independencia editorial de emisoras de radio y televisión públicas, tanto a nivel nacional como regional. En particular, menciona la situación de RTVE, señalando los riesgos de injerencia política a pesar del funcionamiento normal desde su reforma.
Finalmente, el informe refleja el reciente aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Ley Orgánica de Amnistía. El comisario de Justicia, Michael McGrath, enfatizó que la Comisión "respeta y acata" estas decisiones, aunque quedan pendientes más cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
