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Un total de 34 asociaciones europeas, encabezadas por la Organización Europea de Consumidores (BEUC) y con la participación de CECU y Asufin, han alzado su voz ante las propuestas de la Comisión Europea para reformar el Reglamento 261 sobre derechos de los pasajeros aéreos. Las organizaciones buscan mantener y reforzar la protección de los viajeros en un contexto en el que las nuevas medidas podrían debilitar estos derechos. Las asociaciones alertan de que las reformas podrían eliminar la compensación para más del 60% de los pasajeros que actualmente la reciben, ya que se propone aumentar el umbral de las tres horas actuales a entre cuatro y seis horas En una carta conjunta dirigida a los ministerios de los Estados miembros y a eurodiputados de diversas comisiones del Parlamento Europeo, las organizaciones han expresado su preocupación por el impacto de estas reformas. Según argumentan, el sistema vigente ha demostrado eficacia al reducir los grandes retrasos, de más de tres horas, en un 70%, y los retrasos prolongados en vuelos de corta distancia hasta un 66%. Otras de las quejas formuladas se centran en la reducción de las indemnizaciones por retraso, que pasarían de 250 euros a 83 euros, y en la posibilidad de que las cancelaciones de vuelos se puedan notificar con solo 48 horas de antelación en lugar de los 14 días actuales. Las asociaciones también han solicitado que se mantengan los umbrales y cuantías actuales de compensación, se alineen las "circunstancias extraordinarias" con la jurisprudencia europea, se garantice el cumplimiento efectivo de los derechos y se protejan todos los vuelos hacia la UE de tarifas abusivas y prácticas desleales. David Sánchez, director de CECU, ha criticado duramente la reforma, calificándola de un cambio de reglas que desequilibra claramente el sistema en contra de las personas consumidoras. Por su parte,…
El juez José Luis Calama ha pospuesto para el 17 y 18 de junio la declaración como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero en el conocido 'caso Plus Ultra'. Inicialmente prevista para el 2 de junio, la declaración fue aplazada a petición del abogado del expresidente del Gobierno, que solicitó más tiempo para revisar la causa, según informaron fuentes jurídicas. El magistrado decidió citar a Zapatero como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias destinada a obtener beneficios económicos. En un auto, Calama destacó que la investigación ha evidenciado la existencia de una supuesta trama organizada que, liderada por Rodríguez Zapatero, habría aprovechado sus contactos y acceso a altos cargos de la Administración para favorecer a terceros interesados en decisiones favorables. La investigación apunta a que José Luis Rodríguez Zapatero habría liderado una trama organizada de tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra' El objetivo de esta trama, según el juez, sería el de obtener beneficios económicos mediante el uso de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, particularmente en el caso de la aerolínea Plus Ultra. Esta empresa recibió un rescate gubernamental de 53 millones de euros durante la pandemia. En relación con este rescate, Julio Martínez Martínez, supuesto testaferro y amigo del expresidente, firmó un contrato de servicios con la aerolínea a través de su empresa, Análisis Relevante, asegurándose una remuneración del 1% más IVA sobre la ayuda aprobada, lo que asciende a 641.300 euros. El juez Calama señaló que la presunta trama utilizaría sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos. Este entramado se apoyaría en diversas sociedades con roles específicos dentro del esquema delictivo, incluyendo empresas en el extranjero. Según Calama, Zapatero habría…
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado el proceso de audiencia e información pública de dos proyectos normativos clave para el desarrollo del Sistema de Movilidad Sostenible, como parte de lo estipulado en la Ley de Movilidad Sostenible. Este anuncio, realizado el martes, detalla que el periodo para recibir aportaciones de la ciudadanía y de agentes interesados permanecerá abierto desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio. Ambos documentos son fundamentales para estructurar los ámbitos de cooperación y asesoramiento necesarios para transformar el modelo de transporte en España hacia una movilidad más segura, sostenible, eficiente y conectada El primer proyecto es un real decreto que define la composición y funciones del Foro Territorial de Movilidad Sostenible. Este nuevo órgano tiene como objetivo fomentar una cooperación efectiva entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales en materia de transporte y movilidad. Además de las comunidades autónomas, el foro incluirá a territorios históricos, los cabildos canarios, consejos insulares baleares, municipios con más de medio millón de habitantes y entidades locales con competencias en movilidad y transporte. El segundo proyecto normativo se centra en la regulación del Consejo Superior de Movilidad Sostenible. Este órgano actuará como el máximo ente de asesoramiento, consulta y debate del Sistema de Movilidad Sostenible, abordando todos los aspectos que afecten a su funcionamiento. Según el Ministerio, el consejo estará compuesto por diversas organizaciones con intereses en movilidad, incluyendo organizaciones empresariales y sindicales, asociaciones de consumidores y usuarios, universidades, centros de investigación, entidades del tercer sector y asociaciones relacionadas con la discapacidad. El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de estos reales decretos.
El expresidente José María Aznar ha afirmado que su conocida frase "El que pueda hacer que haga" tiene "más sentido que nunca" en el actual contexto, haciendo un llamamiento a los ciudadanos responsables y comprometidos para actuar en beneficio de España. Aznar realizó estas declaraciones en un vídeo publicado este lunes en redes sociales, justo cuando se conocía el sumario sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha llevado al juez José Luis Calama a imputar al también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar el próximo 2 de junio. La llamada de Aznar a la acción cobra relevancia en un momento donde la imputación de figuras políticas ha intensificado el debate público El origen de esta frase se remonta al 2 de noviembre de 2023, durante las negociaciones del PSOE con los grupos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, marcadas por la discusión sobre la ley de amnistía. En aquella ocasión, Aznar instó a que "el que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte", señalando que se habían superado todas las "líneas rojas" y calificando a Sánchez como un "peligro para la democracia". Desde entonces, la expresión ha sido un punto de fricción con el PSOE, que recientemente defendió la "presunción de inocencia" de Zapatero en relación con su citación judicial. Aznar ha manifestado que no va a valorar la imputación de Zapatero, pero subrayó que en España "la Justicia es independiente y los jueces son autónomos en sus decisiones". Estos comentarios fueron realizados en un foro organizado por 'Expansión', tras conocerse el auto en el que el juez Calama situó a Zapatero como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias. El contexto político actual está marcado por las discusiones en torno a una potencial moción de censura impulsada por…
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró durante unos registros en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero una caja fuerte con joyas, cuyo valor se estima entre 30.000 y 50.000 euros. Así lo afirmó el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, portavoz autorizado del expresidente, durante una intervención en 'La hora de La 1. Arroyo explicó que la caja fuerte fue trasladada al despacho de Rodríguez Zapatero después de que este vendiera la vivienda que compartía con su esposa, decisión que permite cancelar la hipoteca mencionada en el auto de imputación del juez José Luis Calama. El cambio se realizó porque el exmandatario no deseaba mantener las joyas en su residencia de alquiler mientras finalizaba la construcción de su nueva casa. Las joyas encontradas son parte de la herencia de Sonsoles Espinosa y corresponden a regalos de viajes, según explicó la secretaria de Zapatero El portavoz desmintió categóricamente que estas joyas fueran regalos procedentes de Arabia Saudí con un valor de medio millón de euros. Además, agregó que el expresidente se mostró “sorprendido” cuando vio las fotografías de las piezas encontradas.
El pleno del Congreso debatirá este martes, 26 de mayo, una proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) que busca facilitar la celebración de juntas de vecinos de forma telemática, continuando una práctica extendida durante la pandemia. Además, se plantea la designación de un domicilio electrónico para las comunicaciones entre propietarios. Este debate decidirá si el texto se admite a trámite y, de ser así, se abrirá el periodo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas. El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, argumenta la necesidad de esta reforma debido al “éxito” que esta modalidad tuvo durante la pandemia. “Es necesario que se pueda asistir a las juntas por videoconferencia, si así lo ha aprobado previamente la junta de propietarios o lo tiene incluido en sus estatutos”, defienden desde el PP. La proposición del PP busca modernizar la gestión de las comunidades de vecinos con la celebración de juntas telemáticas y el uso de un Libro de Actas Digital En el marco de este proceso de digitalización, el grupo parlamentario sugiere también la implementación del Libro de Actas Digital para comunidades de propietarios. Este formato digital debería estar contemplado en la Ley de Propiedad Horizontal de 1960 para garantizar su plena seguridad jurídica. El PP sostiene que ya existe “tecnología disponible y consolidada” en otros sectores de la economía que puede asegurar la seguridad jurídica, administrativa y procesal necesaria para los procesos digitales en la gestión de comunidades. La inclusión de estas tecnologías, argumentan, contribuiría a modernizar y facilitar las gestiones cotidianas en las comunidades de propietarios.
La situación política en España se encuentra en un momento de alta tensión tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los casos de presunta corrupción en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presión para que el presidente del Gobierno adelante las elecciones generales ha ido en aumento, a pesar de que Sánchez ha dejado clara su intención de mantener el calendario electoral previsto para 2027. En un pleno del Congreso, Pedro Sánchez afirmó que las elecciones se celebrarán en 2027, desestimando la posibilidad de adelantarlas. "Habrá elecciones en 2027 y, si los españoles quieren, aquí seguiremos cuatro años más para seguir haciendo avanzar a España", declaró en respuesta a las demandas de la oposición y subrayó que "al Gobierno se llega con votos y no con atajos". Pese a las críticas de diversos frentes, el Gobierno asegura estar tranquilo respecto a los recientes desarrollos. Fuentes de Moncloa califican las advertencias de algunos socios parlamentarios, como el PNV, de parte del juego político preelectoral, especialmente en vista de las elecciones municipales en Euskadi en 2027. La imputación de Zapatero y las acusaciones de corrupción han causado un terremoto político que pone en duda la capacidad del Gobierno de Sánchez para completar la legislatura El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha calificado de "irresponsable" la posibilidad de que Sánchez continúe en el cargo más allá de 2026, argumentando la falta de estabilidad y una agenda descontrolada. Cristina Valido, portavoz de Coalición Canaria, sugirió que lo lógico sería convocar elecciones para comenzar un nuevo ciclo político con un gobierno renovado. La petición de adelantar las elecciones ha sido respaldada también por figuras como el expresidente Felipe González, quien ha defendido la presunción de inocencia de Zapatero pero cree necesario ir a elecciones anticipadas. Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha, García-Page,…
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado el procedimiento de expropiación para la construcción de la Línea de Alta Velocidad entre Madrid y la frontera francesa, en el tramo Burgos-Vitoria. Esta fase del proyecto afecta al subtramo conocido como Variante Ferroviaria de Burgos-Valle de las Navas, que se extiende íntegramente por la provincia de Burgos. Con una longitud de 16,695 kilómetros, el subtramo parte de la Variante Ferroviaria de Burgos, a la altura de Villafría y Cótar, y discurre paralelo a la línea convencional hasta Rubena. A partir de ahí, el trazado se dirige hacia el noreste hasta el Valle de las Navas. Diseñada para un tráfico exclusivo de viajeros, la línea permite una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora en doble vía de ancho estándar, alimentada por una corriente alterna de 25 KV. La construcción de esta línea de alta velocidad busca no solo mejorar la conectividad, sino también adaptarse al entorno y minimizar el impacto ambiental El proyecto comprende la construcción de seis viaductos, destacando el de 643 metros sobre el río Vena y el de 444 metros sobre el arroyo del Valle, que facilitarán la integración del trazado con la orografía local. Asimismo, se ha diseñado un falso túnel para mejorar la permeabilidad transversal de la fauna, junto a la reposición de caminos, carreteras y servicios impactados por las obras. Un puesto de banalización, que mide 1.265 metros y se encuentra en el tramo kilométrico 116,779 al 118,681, será instalado para optimizar la capacidad y gestión del tráfico ferroviario. Además, las obras incluirán la reposición de líneas eléctricas, tuberías y conducciones de gas, así como el restablecimiento de accesos a fincas y vías pecuarias. Para mitigar el impacto ambiental, se realizarán actuaciones de restauración vegetal, plantación de arbolado y medidas de integración paisajística en…
La proposición de ley que busca habilitar una pasarela para que los colegiados mutualistas puedan transferir sus derechos económicos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) enfrentará este martes, 26 de mayo, una prueba importante en el Congreso. La iniciativa será discutida en la Comisión de Trabajo, después de un aplazamiento ocurrido el pasado 20 de mayo. Originalmente, la comisión debía reunirse el 20 de mayo para continuar con la tramitación de la propuesta presentada por el PSOE, admitida en mayo de 2025. En dicha sesión, se esperaba la finalización del informe de la ponencia y la votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios. No obstante, la reunión se pospuso debido a que la mesa de la comisión, presidida por Aina Vidal de En Comú, no había recibido todavía algunos vetos del Gobierno a diferentes enmiendas, algunas de las cuales ya habían sido negociadas entre los grupos parlamentarios. La Constitución permite al Ejecutivo vetar enmiendas que impliquen un incremento del gasto público o una reducción de ingresos Los vetos requerían la admisión de la mesa de la Comisión de Trabajo, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría. Finalmente, tras una espera de dos horas, la presidenta de la comisión, Aina Vidal, determinó aplazar la reunión al 26 de mayo, momento en el cual ya se habrá decidido sobre los vetos y los grupos parlamentarios habrán podido presentar las enmiendas que consideren necesarias. El aplazamiento causó indignación en la oposición. Juan José Aizcorbe, portavoz de Justicia de Vox, acusó al Gobierno de bloquear las enmiendas enviadas el 20 de mayo con la intención de vetar cualquier modificación parlamentaria. "Están paralizando de forma cruel el trabajo que estamos haciendo los grupos parlamentarios", expresó. El Partido Popular, por su parte, emitió un comunicado criticando lo que considera una "pinza" entre PSOE y…
El Partido Popular (PP) ha acusado al Gobierno español de someter a diputaciones y ayuntamientos a un "estrangulamiento financiero" debido a la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, esta situación impide una actualización "inmediata" de las entregas a cuenta y socava el "diálogo institucional" con las administraciones locales. Bendodo, quien realizó estas declaraciones en Valencia antes de participar en una reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells, criticó que mientras el Gobierno central tiene libertad para gastar y endeudarse, a los consistorios se les exige "déficit cero". El dirigente popular también propuso que los recursos ahorrados por una gestión eficiente de consistorios y diputaciones se destinen a la construcción de vivienda pública. La falta de unos nuevos PGE está provocando que las diputaciones pierdan 100 millones de euros mensuales, sumando 1.200 millones de euros anuales Según Bendodo, la situación es aún más grave para los ayuntamientos, que pierden 230 millones de euros al mes, lo que se traduce en 3.000 millones de euros anuales, una deuda que acumula el Gobierno de Pedro Sánchez. El representante del PP solicitó al Ejecutivo que presente un borrador de los PGE y criticó a la exvicepresidenta Mª Jesús Montero por no haberlo hecho. También expresó su escepticismo ante las promesas del actual ministro Arcadi España, al asociar el diseño del modelo de financiación autonómica con una discriminación hacia Andalucía y la Comunitat Valenciana. Bendodo también respaldó al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al expresidente del Gobierno Felipe González en su petición de elecciones generales "cuanto antes". El respalda el trabajo del Consell de Pérez Llorca, alabando su gestión en áreas como la reducción de impuestos y el desarrollo del plan de vivienda. Por su parte,…