El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno este martes a tramitar de forma urgente el Real Decreto que regula los planes de inversión en las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Esta medida, anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se enmarca en la planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, lanzada a información pública en septiembre del año anterior.
La nueva planificación energética persigue cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030
El Gobierno contempla una inversión de 13.590 millones de euros hasta el final de la década, con un enfoque prioritario en los proyectos industriales. A diferencia de las planificaciones anteriores, que se centraban en atender las solicitudes de acceso para generación, el nuevo enfoque pone el acento en la demanda, que ahora representa el 41% de las solicitudes, superando las 7.000 peticiones. La generación y el almacenamiento también juegan un papel importante, con el 40% y 19% de las solicitudes, respectivamente.
La propuesta de planificación prevé gestionar 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, un aumento considerable respecto a los 2 GW planificados para 2026. Este crecimiento también se refleja en la red de distribución, donde se planean 5,3 GW, lo que impulsa la propuesta de 422 ampliaciones de conexión: 142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales como ADIF y puertos, y 196 para apoyar la red de distribución.
En cuanto a la inversión, el Gobierno estima que se requerirán 13.590 millones de euros, cifra que supera ampliamente los 8.203 millones de euros destinados en la planificación vigente 2021-2026. Para 2030, se proyecta un aumento de 3.600 millones de euros para las redes de transporte y de 7.700 millones de euros para las de distribución, excediendo los límites del 0,065% y 0,13% respecto al PIB previsto. Además, se contemplan inversiones en interconexiones internacionales y aquellas financiadas con fondos europeos, no sujetas a esos límites de inversión.
