La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido el reciente nombramiento de los expresidentes regionales Alberto Ruiz Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como miembros de la Comisión Jurídica Asesora. Albert sostiene que "los madrileños ganan con perfiles profesionales con tanto talento".
La consejera ha resaltado que las funciones de estos expresidentes son de asesoramiento similar al que realiza el Consejo de Estado del Gobierno central. "Son personas de enorme valía, tanto profesional como política, que seguro que mejoran nuestra regulación, nuestras normas, que acudirán a los plenos y que harán estas labores de asesoramiento", afirmó desde el Mercado Escuela de San Cristóbal. Albert considera que la incorporación de estos figuras políticas representa un beneficio para toda la Comunidad de Madrid.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid había decidido a finales de julio integrar a estos exdirigentes en el órgano consultivo encargado de emitir dictámenes sobre asuntos de especial relevancia jurídica. La normativa de la Comunidad de Madrid, vigente desde el Decreto 59/2025, permite que expresidentes que hayan ejercido su cargo durante al menos dos años sean nombrados vocales electivos de esta comisión tras su cese.
La incorporación de perfiles con experiencia política y profesional al órgano consultivo busca mejorar la normativa de la Comunidad de Madrid
Este estatuto también considera compensaciones para los expresidentes autonómicos, quienes recibirán un 80% de sus retribuciones durante un máximo de 24 meses, además de una indemnización de 750 euros por participar en las comisiones. Asimismo, quienes hayan ocupado el cargo durante al menos dos años podrán acceder a medios de asistencia personal y material durante los dos años posteriores a su cese.
Sin embargo, la medida no ha estado exenta de críticas. El PSOE-M ha cuestionado la decisión del Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, acusándolo de buscar apoyo para su defensa del ático de Chamberí, gestionado por Planifica Madrid y financiado con fondos públicos, señalando que estas acciones son pagadas con el dinero de todos los madrileños.
