El Gobierno central ha decidido levantar el veto a la tramitación de la ley de cogestión aeroportuaria en el Congreso de los Diputados. La información fue confirmada por Vicenç Vidal, diputado de MÉS per Mallorca. Según Vidal, la decisión se tomó después de la presión ejercida por su partido y Més per Menorca, quienes buscan que el proyecto sea debatido en el Congreso. Vidal expresó su satisfacción por este avance y mostró confianza en que se superen todos los obstáculos, destacando la influencia de su formación a nivel estatal.
Inicialmente, el Gobierno se oponía a la tramitación de dicha ley, argumentando que podría reducir los ingresos de Aena, lo que requeriría compensación mediante financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Según un comunicado registrado en el Congreso por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales, la ley podría provocar una congelación de tarifas aeroportuarias y limitar el crecimiento del tráfico aéreo.
La ley de cogestión aeroportuaria podría tener un impacto económico significativo en Aena y los Presupuestos Generales del Estado
El documento aseguraba que la aprobación de la ley tendría efectos directos en tarifas y tráfico aéreo, impactando considerablemente en la cuenta de resultados de Aena y, consecuentemente, en los dividendos. Esto implicaría una reducción en los ingresos del Estado que debería compensarse con una transferencia de capital. Además, el Gobierno calculaba que si el tráfico aeroportuario previsto no aumentaba en 2026 como se esperaba, los ingresos de Aena podrían disminuir en 32,5 millones de euros.
Asimismo, se estimaba que mantener la tarifa aeroportuaria de 2025 en lugar de aplicar la aprobada para 2026 supondría una merma de 32,9 millones de euros en ingresos. Ante estos números, se subrayaba que la ley de cogestión aeroportuaria vendría acompañada de una disminución de ingresos, requiriendo un aumento de los créditos en los Presupuestos Generales del Estado.
