El despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación en las escuchas del famoso "caso Gurtel", ha presentado casi 100 demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la causa del "Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo", con las que se pretende reclamar las indemnizaciones correspondientes relacionadas con incautaciones de dinero sufridas por las víctimas en el año 1938. El despacho Ilocad, que así se llama, trabaja en esta causa junto con el despacho Amparo Legal.
Según fuentes del despacho, "estas víctimas, ciudadanos españoles de todo el país, vieron cómo el Gobierno franquista les despojaba de papel moneda puesto en circulación por el Gobierno republicano tras el 18 de julio de 1936, dinero que asciende a más de medio millón de pesetas en total (que al cambio actual podría ascender a más de 40 millones de euros) además de otros signos fiduciarios como certificados de plata, los llamados "talones especiales" y papel moneda del Tesoro. Dicha entrega de dinero, obligatoria bajo la amenaza de comisión de un delito de contrabando, se realizaba a cambio de un justificante titulado "Fondo de Papel Moneda puesto en circulación por el enemigo".
La causa ya fue desestimada por el Consejo de Ministros, así como por la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, en ambos casos por prescripción del momento en que se podría reclamar la compensación por el daño sufrido, ya que consideraban que la demanda se debería haber interpuesto en el año siguiente a la publicación de la Constitución Española.
Seguidamente se planteó demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional, que inadmitió la misma por inexistencia de vulneración de derecho fundamental.
Ahora se presentan ante el TEDH las casi 100 demandas, al ser necesaria la presentación individual por cada uno de los interesados. Además de esta acción ya se presentaron otras dos demandas ante el TEDH cuya admisión está pendiente de conocerse. En caso de ser estimadas el TEDH obligaría a España al cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que tendría que corregir la vulneración de dicho Convenio.