La asociación de agencias de viajes de empresa, Gebta, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales para impugnar el concurso de gestión de los servicios de agencia de viajes de la Administración General del Estado, valorado en 604,8 millones de euros. Este concurso busca cubrir los viajes de ministerios y organismos públicos.
Gebta presentó el recurso el 2 de septiembre, solicitando la suspensión y anulación de los pliegos del concurso. Afirma que estos presentan múltiples y gravísimas infracciones legales, distribuidas en tres bloques de posibles incumplimientos.
El primer bloque, de carácter económico, objeta la estructura de costes propuesta, los descuentos lineales obligatorios en pasajes aéreos y la exigencia de mejora en el seguro de viaje sin coste adicional. La asociación alega que estas condiciones forzarían a las agencias a ofrecer precios que no cubren los costos reales o eliminan su margen comercial.
El segundo bloque se centra en las prestaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que, según Gebta, serían operativamente imposibles de cumplir debido a las prácticas del mercado del transporte o porque exceden las funciones de un intermediario turístico.
El tercer grupo de críticas apunta a cláusulas que, en opinión de Gebta, transgreden la normativa sobre protección de datos, seguros y el Reglamento de IATA.
Gebta ya impugnó en 2025 un Acuerdo Marco similar que también consideraba ilegal y contrario a los principios de libertad de empresa y competencia, aunque entonces el concurso se declaró desierto por falta de ofertas
La organización también critica la ausencia de consultas preliminares al mercado, una herramienta prevista en el artículo 115 de la Ley de Contratos del Sector Público, y opina que un diálogo previo con el sector habría evitado la actual impugnación y los costes del procedimiento.
Según las estimaciones de Gebta, las agencias de viajes corporativos generan más de 4.000 millones de euros en facturación anual y contribuyen a un volumen de negocio aproximado de 390.000 millones de euros en empresas españolas.
