Revista Capital

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará, a lo largo de los próximos meses, 316 millones de euros a ayudas para apoyar proyectos innovadores que favorezcan la integración de energías renovables en los sistemas de generación de energía eléctrica o térmica. Estas líneas de actuación, elaboradas en colaboración con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, contribuirán a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en esta materia: duplicar el consumo de energía renovable en 2030, y alcanzar la neutralidad climática en 2050. En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles dos bases reguladoras para la concesión de 246 millones de euros en ayudas a proyectos renovables a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Estas líneas se complementarán con dos próximas convocatorias específicas para la promoción de proyectos renovables en Baleares, con un presupuesto de 20 millones de euros; y Canarias, donde se destinarán otros 54 millones de euros. En los dos últimos años, y con el objeto de eliminar barreras ligadas a la insularidad en la integración de renovables, el Gobierno ha destinado 140 millones al impulso renovable en ambos archipiélagos. Este conjunto de convocatorias, alineadas con las prioridades marcadas por la Unión Europea de cara a la reactivación económica frente al Covid-19, favorecerán la generación de empleo y de actividad económica en el segmento industrial de las renovables, que en España es puntero, así como en sectores asociados, como el de la construcción. De igual modo, la mayor presencia de energías limpias en el sistema que facilitarán estas líneas de ayudas, ejercerá un efecto tractor sobre la economía y la industria española, que se beneficiará de los ahorros asociados a las renovables, que constituyen la fuente de generación más barata en la…
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid y Vigo a los siete integrantes de una organización que, presuntamente, se dedicaba a la distribución de billetes falsos de 20 y 50 euros por todo el territorio nacional, aunque mostraban una especial incidencia en la ciudad de Madrid. La operación, que ha contado con la colaboración de EUROPOL, ha permitido desmantelar una red de distribución que habría introducido más de 30.000 euros falsos en billetes de 20 y 50 euros. La investigación comenzó en marzo de 2019, cuando los agentes especializados detectaron la actividad de una mujer que, continuamente, introducía billetes falsos al circuito financiero en diferentes comercios de Madrid mediante el método del goteo. La incidencia empezó a ser tan alta que todas las semanas se localizaban nuevos hechos y, tras diversas gestiones, se pudo comprobar que los billetes provenían de Italia, concretamente de la ciudad de Nápoles. El avance de las gestiones policiales permitió descubrir la existencia de una segunda mujer dedicada a la misma actividad y el continuo contacto de ambas con un varón residente en Madrid que, presuntamente, era el proveedor de la moneda falsa, centrándose desde ese momento la investigación en esa persona. Tras varias gestiones, los agentes tuvieron conocimiento de que el proveedor mantuvo una reunión con un hombre residente en la ciudad de Vigo, quien se desplazó hasta Madrid para adquirir 15.000 euros en billetes falsos. Ese desplazamiento se produjo en el mes de abril y, desde ese instante, aparecieron numerosos billetes falsos en la ciudad gallega. La introducción de billetes falsos como único modo de vida Según avanzaba la investigación, los agentes identificaron a los diferentes miembros de la organización. La mayoría de ellos pertenecían al entorno cercano de las dos primeras investigadas, encargadas de la distribución en Madrid. Ninguno de los…
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles el decreto que posibilita a los ayuntamientos disponer de su superávit para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y entra en vigor hoy, informa Servimedia. El decreto recibió el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el voto favorable de su presidente, el socialista Abel Caballero, con el que desempató la votación. Los ayuntamientos que decidan usar su superávit de 2019 deberán remitir al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 un “compromiso firme, vinculante e irrenunciable” de transferir esos recursos al Estado. Esos compromisos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. A cambio, el Estado realizará un préstamo a las entidades locales que será amortizado en el plazo máximo de 15 años, a partir de 2022, y que tendrá un tipo de interés anual que no superará el de la financiación de la deuda del Estado. Por otra parte, el Estado dotará un crédito extraordinario para la recuperación económica y social por un importe máximo de 5.000 millones de euros, equivalente como mínimo al 35% de los recursos comprometidos por las entidades locales, que se repartirá en 2.000 millones este año y 3.000 millones el próxim.. También se habilita un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con objeto de dotar de mayor financiación a las entidades locales para hacer frente al déficit extraordinario motivado por el Covid-19 en los servicios de transporte público de su titularidad, por un importe inicial de 275 millones, que podría ascender a 400 millones en el caso de que sea necesario. Además, los ayuntamientos con problemas de liquidez o en riesgo financiero podrán formalizar préstamos con las diputaciones provinciales o concertar operaciones de crédito con los ayuntamientos que presenten ahorro neto, así…
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias ha cerrado un acuerdo con AXA España para la suscripción de una póliza de asistencia en viaje de aplicación a todos los turistas que viajen a las Islas, ya sea extranjero o nacional, y con el objeto de dar respuesta a incidencias relacionadas con la Covid-19, entre la que se encuentra la necesidad de prolongar estancias por cuarentenas. https://twitter.com/AXASegurosEs/status/1290944674430103555?s=20 Según informa AXA, Canarias se convierte así en la primera comunidad autónoma española en la que los turistas tendrán cobertura de asistencia en viaje con garantías de gastos médicos, repatriación sanitaria y prolongación de estancias por cuarentena relacionada con la Covid-19, para cumplir con un obligado confinamiento por resultado positivo. Todo ello, siempre y cuando el contagio no sea conocido con carácter previo al viaje, tal y como recogen las condiciones de la póliza de la aseguradora. Además, Turismo de Canarias y AXA España coinciden en señalar que este seguro de asistencia en viaje constituye un atractivo más del destino, que ya destaca por su seguridad sanitaria, ante aquellas personas que en estos momentos están decidiendo dónde pasar sus vacaciones. Asimismo, fruto de este acuerdo, la aseguradora pondrá a disposición del Gobierno de Canarias una línea de atención telefónica exclusiva para atender cualquier circunstancia relacionada con esta póliza. La protección a los turistas, españoles (incluidos los insulares) y extranjeros mediante este seguro es efectiva desde esta misma semana y tendrá inicialmente una vigencia de 12 meses.
Los pagos de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) realizados desde el 16 de octubre de 2019 al 30 de junio de 2020 alcanzan la cifra de 6.718 millones de euros, según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, esta cantidad supone 81 millones de euros más que los abonados en la campaña anterior a dicha fecha, debido a un incremento en la ejecución de los programas de desarrollo rural del Fondo Feader. Tal y como informa Servimedia, el ejercicio de pago de las ayudas de la PAC computa cada año los pagos realizados desde el 16 de octubre del año al que se refieren los pagos hasta el 15 de octubre del año siguiente. En relación con las ayudas del primer pilar, fondos Feaga, los pagos realizados a la citada fecha alcanzan los 5.205,29 millones de euros. Las denominadas ayudas directas (pago básico, prácticas beneficiosas para el clima y medio ambiente, jóvenes agricultores, pago específico al algodón y la ayuda asociada voluntaria) han finalizado prácticamente su pago de esta campaña, ya que la fecha tope para el pago era el 30 de junio. No obstante, todavía podrán hacerse ingresos hasta el próximo 15 de octubre, de hasta el 5% de la cantidad ya pagada, para abonar los expedientes que, por alguna razón, todavía no hayan recibido sus ayudas. Por lo que respecta a las ayudas Feader desde el inicio de este ejercicio y en relación con el gasto público total contemplado en los programas de desarrollo rural para el periodo 2014-2020, los pagos realizados a 30 de junio alcanzan los 1.512,72 millones de euros, 107,45 millones de euros más que lo pagado en las mismas fechas del ejercicio anterior. Las medidas adoptadas por el…
El Servicio Público de Empleo Estatal ha realizado un contrato de emergencia por importe de 1,2 millones de euros para el servicio de un teléfono gratuito (línea 900) de atención a la ciudadanía, informa Servimedia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la adjudicación del contrato, que se ha realizado con un procedimiento restringido acelerado. El presupuesto base de licitación con impuestos asciende a 1,5 millones y el plazo de ejecución de este contrato se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. El SEPE habilitó adicionalmente al inicio de la pandemia unos teléfonos gratuitos de la línea 900 para atender a los ciudadanos y a las empresas ante la multitud de gestiones a las que tuvo que hacer frente como consecuencia del Covid-19.
El mes pasado fue el segundo julio con menos muertes en carretera desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) comenzara a recopilar datos en 1960, puesto que 113 personas perdieron la vida en accidentes viales, seis más que en 2014, que continúa ostentando el mínimo histórico, informa Servimedia. Julio fue el primer mes completo de la llamada 'nueva normalidad' tras el confinamiento decretado vía estado de alarma y la desescalada por la crisis del coronavirus. Según datos de la DGT de accidentes en vías interurbanas contabilizados a un máximo de 24 horas tras los siniestros, recogidos este miércoles por Servimedia, en ese mes hubo 113 víctimas mortales, cuatro menos que en el de 2019. El mínimo histórico de julio continúa siendo el de 2014, cuando fallecieron 107 personas en las carreteras españolas, seguido de los de 1961, 2013, 2015 y 2020 (113), y 2019 (117). MÍNIMO DE ENERO A JULIO Por otro lado, un total de 454 personas fallecieron en accidentes de tráfico en las vías interurbanas en España entre enero y julio de este año, lo que representa la cifra más baja de la serie histórica, por delante de ese mismo periodo de 2013 (603), 2019 (610), 2014 (614) y 2015 (616). Ese dato extraordinariamente bajo se debe fundamentalmente a la reducción de la movilidad producida durante el estado de alarma para frenar la expansión del Covid-19, enfermedad causada por el último coronavirus, puesto que esta figura constitucional permaneció activa durante 98 días entre marzo y junio, y redujo manifiestamente la circulación en las carreteras. La mortalidad en las carreteras españolas ha encadenado cuatro meses con mínimos históricos en España gracias a esas restricciones al tráfico por el estado de alarma, que fueron aliviándose en mayo con el inicio del plan de desescalada en diferentes fases por provincias…
Un análisis efectuado por la Federación de Consumidores en Acción (Facua) sobre ofertas de diez comercializadoras eléctricas revela que un usuario medio que tenga contratada una tarifa de mercado libre paga entre un 12,2% y un 39% más que si retornase a la tarifa semirregulada PVPC. https://twitter.com/facua/status/1290920300700413952?s=20 Según informa Facua, esto supone que los 62,67 euros que se pagarían con el PVPC teniendo en cuenta la tarifa media de julio se elevan, como mínimo, a 70,33 euros si se contrata la tarifa de mercado libre menos cara de las analizadas por la asociación (la EcoEasy Luz de Naturgy) y a 87,10 euros si se contrata la más cara (el Pago Clásico de Holaluz). El estudio abarca las tarifas sin discriminación horaria y precio estable de Cepsa, CHC Energía, Endesa, Feníe, Holaluz, Iberdrola, Lucera, Naturgy, Repsol y Som Energía. Tras la de Holaluz, completa el ranking de las tarifas más caras la de Feníe (Megavatio 2.0), que supone una factura de 85,15 euros para el usuario medio. Todas las ofertas analizadas por FACUA incrementan la factura mensual del usuario medio con respecto al PVPC, que en julio ha experimentado una subida del 3,4% con respecto a junio. El perfil de usuario medio utilizado por la asociación fue obtenido tras el análisis de decenas de miles de facturas de viviendas habitadas: su potencia contratada es de 4,4 kilovatios (kW) y consume 366 kilovatios hora (kWh) al mes. Facua explica que los usuarios que se pasaron al mercado libre pueden volver a tener la tarifa semirregulada PVPC solicitándolo a cualquiera de las ocho comercializadoras de referencia, que pertenecen a grupos empresariales que también poseen comercializadoras de mercado libre.
El precio de la vivienda nueva y usada en España se abarató en julio un 0,9 % respecto al mes anterior, según la estadística IMIE General y Grandes Mercados publicado por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. https://twitter.com/tinsa/status/1290910215538442240?s=20 De esta manera, la vivienda acumula una caída del 1,9 % desde la declaración del estado de alarma en marzo y se sitúa en el nivel de hace un año. “Por primera vez desde agosto de 2016, la variación interanual del índice nacional entra en terreno negativo (-0,03 %)”, apunta Rafael Gil, director del Servicio de Estudios de Tinsa. De acuerdo con las tasaciones realizadas por Tinsa, el ajuste está siendo más acusado en los mercados más expuestos a la demanda extranjera y el turismo, como son las islas y la costa. Así, el precio medio en ‘Baleares y Canarias’ se ha abaratado un 5,9 % en el último mes, situando en el 8,2 % el descenso acumulado desde marzo en este grupo. Por su parte, en la costa mediterránea el ajuste ha sido del 2,4 % en julio respecto al mes anterior, lo que eleva al 6,1 % la caída acumulada desde marzo. En las áreas metropolitanas, el descenso en el último mes fue del 1,3% (-2,6 % desde marzo). Además, se mantienen estabilizadas las capitales y grandes ciudades, donde el precio está ligeramente por debajo del nivel de marzo (-0,3 %), tras mantenerse sin cambios en julio, y también las localidades más pequeñas de interior, agrupadas en ‘Resto de municipios’, que se mantienen en precios similares a los de marzo. La evolución a la baja en los últimos meses hace que todos los grupos analizados en el índice hayan retrocedido a niveles de precio similares a los que tenían hace un año. La variación interanual es ligeramente negativa en las…
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cree que Juan Carlos I “no merece” seguir ostentando el título de rey emérito, que las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su marcha, son “profundamente decepcionantes”, y que Felipe VI debe “muchas explicaciones” a la ciudadanía. En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Colau argumentó que, más allá de lo que cada cual opine sobre la Monarquía, “estamos hablando de democracia, de transparencia, de lucha contra la corrupción” en un momento “muy sensible” para miles de familias que sufren las consecuencias de la pandemia. Cree que los comportamientos que se conocen del rey emérito son “absolutamente impropios” de quien ha ejercido la máxima representación del Estado, y que no han sido “negados ni desmentidos” por la Casa del Rey. Además, frente a lo que dice el comunicado del emérito, Colau considera “totalmente falso” que esos hechos tengan que ver con su vida “privada”, ya que los cometió, presuntamente, en el ejercicio de su cargo. Denunció que el comunicado se hizo después de la marcha de Juan Carlos I, con un hecho ya consumado, y que “se parece a una huida” tanto por la forma como por el momento en el que se produce. Por ello, cree “grave” que Sánchez no explique a la ciudadanía el grado de “conocimiento y acuerdo” del Gobierno con esa decisión. Aunque comprende que la confidencialidad de los despachos con el Jefe del Estado obligue al presidente del Gobierno a mantener la discreción sobre la “literalidad” de las conversaciones, cree que sí debe dar información básica sobre la implicación del Ejecutivo en este caso. También considera una “deslealtad” por su parte no haber informado de esa decisión a su socio de Gobierno, Unidas Podemos, porque, aunque la correlación de fuerzas haga que la última palabra…