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Resultados de búsqueda para: Administraciones Públicas

Juan Carlos Fouz, managing partner de CIONET Las Administraciones Públicas (AAPP) no han escapado a la tendencia de acelerar la digitalización que hemos vivido desde la pandemia. Pero, frente al sector privado, la modernización requerida a la Administración es de una urgencia extrema, bajo el riesgo de retrasar al país y al ciudadano en burocracia que reste competitividad, siendo ya España un país en el que, por su alta descentralización, no es sencillo operar. Siendo específicos, la agilidad con las que han respondido algunas Comunidades Autónomas contrasta con la situación de diputaciones y ayuntamientos, que han cumplido menos del 50% de los planes de digitalización aprobados en 2015. En Administraciones del Estado como Justicia o Contratación Pública no observo el uso de las tecnologías disruptivas que generarían un salto cualitativo inmediato, como blockchain o los smart contracts, que no parecen formar parte de sus actuales proyectos. En las conversaciones que he mantenido con líderes digitales, son recurrentes varios temas que ocupan la agenda del año 2022. Conciencia sobre seguridad Hemos vivido recientes y numerosas incidencias de seguridad en servicios públicos, en un contexto de aumento de servicios en cloud (la nube) y de auge inesperado del teletrabajo, que rompen con los perímetros protegidos por sistemas tradicionales. Además, la falta de políticas y tecnologías adaptadas a este nuevo entorno, la escasa formación de equipos y la ausencia de cultura en la contratación de seguros de ciberseguridad, pusieron contra las cuerdas a varios servicios críticos y obligaron a replantearse la gravedad de la situación con nuevas inversiones. Híper Automatización La velocidad es clave en la respuesta a los trámites administrativos y los ciudadanos están migrando voluntariamente a canales online de autoservicio a un ritmo sin precedentes, generando una oportunidad única para las administraciones más innovadoras. Muchas están destinando recursos a automatizar procesos…
La actuación de un gobernante se resume en elaborar un presupuesto y asignar el dinero en consecuencia. No es nuevo que ese presupuesto quede en nada y que se necesite emitir deuda para sufragar nuevos gastos, si bien es cierto que las sucesivas crisis de 2008 y de la pandemia han exacerbado este modo de proceder, hasta que la deuda llegó a superar el 125% del PIB, que ahora se ha moderado en términos de PIB, pero no en cifras absolutas. La presidenta de AIReF ha analizado la necesidad de revertir ese procedimiento, en parte por la salud financiera del país y, también, porque Bruselas aprieta para que se haga con las nuevas reglas fiscales que se aprobaron a finales del año pasado. En su intervención en un evento de EY, Herrero ha hecho un repaso por las cuentas españolas, tanto por su evolución reciente, presente y futura. La presidenta de la AIReF pone el foco en que España y sus administraciones deben hacer un esfuerzo para ajustar sus gastos a sus ingresos. Concretamente, habla de una senda de deuda descendente hasta más allá de la siguiente década, es decir, hasta 2038, después de que nuestro país plantee y ejecute una estrategia de cuatro años, a partir del próximo 2025. Este compromiso “requiere responsabilidad porque limita la actuación pública”, pero lo contrario puede traer consecuencias aún peores. “El incumplimiento puede originar medidas correctoras”, advierte Herrero. Por el momento, España se encontró en 2023 con una sorpresa positiva, que fue la de una expansión más dinámica de lo previsto, con ese crecimiento del 2,5% que, a su vez, permitió reducir la ratio de deuda sobre el PIB, aunque no en términos absolutos. Sin embargo, en ese crecimiento tuvo mucho que ver el consumo público, que fue más dinámico de lo esperado,…
La inflación ha desencadenado un incremento medio del 33% en los costes de las obras, lo que ha hecho que hasta 1.455 obras públicas hayan quedado desiertas lo que va de año con un presupuesto total de 653 millones de euros La subida del 33% de los costes provoca 1.455 obras públicas desiertas por 653 millones de euros en 2022, recoge Europa Press. Esta cifra representa en torno al 8% del total de proyectos que se ejecutan cada año, a los que las empresas no se presentan por la falta de actualización de precios por parte de las administraciones públicas y que se encuentran por debajo de los actuales precios de mercado. Así lo ha dado a conocer la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a partir de los datos que les facilitan sus asociados, que cifran en 448.000 euros el presupuesto medio de obra que se ha quedado desierta este año, afectando principalmente a pequeños y medianos proyectos. En concreto, pese a los decretos aprobados por el Gobierno para que se revisen los precios, el 95% de los obras queda fuera de esta medida. Además, según la patronal, la Administración General del Estado ha planteado llevar al Tribunal Constitucional a las comunidades autónomas que han propuesto mejorar o extender el sistema de revisión de precios. La organización ha apuntado que el principal problema de contar con concursos a los que no se presenta ninguna empresa es que se paraliza la senda programada para el cumplimiento de los objetivos europeos, que es necesario cumplir para poder seguir accediendo a la financiación y acometiendo proyectos. Sumando los datos del último año, entre octubre de 2021 y enero de 2022, los contratos desiertos ascienden ya a 1.939, con un presupuesto de 882 millones de euros, a lo que se añaden las obras…
Las sanciones por alterar licitaciones se elevan hasta los 203,6 millones La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Además, ha determinado la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones), según ha informado este jueves Competencia, que ha declarado el archivo de actuaciones contra la empresa Lantania. La CNMC ha explicado que desde 1992 estas seis compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en los que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Además, intercambiaban información sobre su estrategia de presentación a los concursos públicos. Entre las miles de licitaciones afectadas existen infraestructuras de interés general como hospitales, puertos y aeropuertos y carreteras, según la CNMC. "Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc", subraya Competencia. Entre las administraciones públicas afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes. Según Competencia, estas conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La forma de actuar de las sancionadas El organismo que…
Las obras sin adjudicatario han triplicado a las que había en el mismo periodo del año pasado, alcanzando un 10% debido a la inflación El 10% de las adjudicaciones de obras públicas ha acabado, este primer trimestre del año, sin adjudicatario. Esto es el triple que en el mismo periodo de 2021, cuando tan solo el 3,2% de las mismas quedaron desiertas, según un estudio elaborado por Gobierno, una plataforma de servicios de estrategia y creación de productos digitales para administraciones públicas. En su análisis, basado en la recopilación y tratamiento de los datos procedentes de la Plataforma de Contratación del Sector Público, achaca a la inflación -que cerró marzo en el 9,8% interanual- el hecho de que cada vez más obras públicas no tengan "quien las construya". Así, considera que el encarecimiento de las materias primas desde la pasada primavera se ha trasladado a la licitación de obra pública "de manera acusada" y ha provocado un aumento de las adjudicaciones desiertas, una pérdida de la capacidad de ahorro y una menor concurrencia de licitadores. En ese sentido, los tres últimos trimestres "han pulverizado el récord de obras desiertas del tercer trimestre del 2019, cifrado en el 5%, elevándolo hasta el 6,6%, 7,0% y 10,2%, respectivamente". De hecho, tan solo en los tres últimos trimestres quedaron desiertas un total de 1.114 obras públicas, más que todas las que lo hicieron en los años 2019 (635) y 2020 (321) juntos, que suman 956. Medidas del Gobierno El Gobierno aprobó a principios de marzo una norma que persigue amortiguar el impacto que la subida de los precios de las materias primas está ocasionando en la obra pública española, fijando finalmente en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a esta revisión de precios excepcional. Así,…
La deuda de las empresas públicas españolas, que no forman parte del sector administraciones públicas, se redujo en 2019 en términos nominales por octavo año consecutivo y cerró el pasado ejercicio en los 35,4 millones de euros. Así se desprende de un artículo analítico del Banco de España publicado este martes y recogido por Servimedia en el que analiza la evolución de la deuda pública en 2019. El Banco de España indica que la deuda de aquellas empresas públicas españolas que no forman parte del sector de las administraciones públicas y no se incluyen dentro de la deuda según el protocolo de déficit excesivo registraron 35,4 millones de euros de deuda al cierre de 2019, por debajo de los 36,1 millones del año anterior. En términos nominales, la deuda de las empresas públicas cayó por octavo año consecutivo. Del mismo modo lo viene haciendo su peso sobre el PIB, que en 2019 fue del 2,8%, frente al 3% el año anterior o el 4,6% que llegó a alcanzar en 2011 y 2012, máximos de la serie que comienza en el año 2000. El último dato disponible publicado es del primer trimestre de este año y revela un incremento de dicha deuda hasta los 36,2 millones, el 2,9% del PIB. Entre las empresas públicas consideradas se encuentra Renfe, Adif, Aena o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta última no registró deuda el año pasado. El organismo precisa que la reducción acumulada desde 2011 ha sido de 13,8 millones de euros, siendo especialmente acusada en el caso de las empresas públicas dependientes de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por otra parte, el artículo recoge que la deuda de las administraciones públicas terminó 2019 en el 95,5% del PIB, 2,1 puntos que en 2018. En el caso de la…
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado que todas las administraciones públicas y no solamente las comunidades autónomas puedan negociar la jornada laboral para los funcionarios de 35 horas semanales, y recordó al Gobierno que deberá aplicar la subida salarial adicional del 0,25%. En un comunicado, el sindicato señaló que Castilla y León, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha (salvo en la educación) ya tienen acordada la jornada de 35 horas y pidió que esto se extienda al conjunto de las administraciones públicas para evitar “agravios”. CSIF reclamó al Ejecutivo en funciones y a las administraciones públicas que se comprometan a recuperar condiciones laborales perdidas por los empleados públicos en la nueva legislatura. Además, consideró que "el Gobierno debe ir preparando el tramo de la subida adicional del 0,25%", adicional al 2,25% ya aplicado, por haberse registrado un incremento del PIB superior al 2,5% en 2018. CSIF tiene una hoja de ruta para el nuevo Gobierno en la que plantea, entre otras, reforzar las competencias del Estado y los mecanismos de inspección, un plan de recursos humanos a medio plazo ante un déficit de 95.000 empleos, eliminar la brecha salarial y garantizar la paridad, elevar el permiso de paternidad a 20 semanas en 2020 y facilitar el teletrabajo.
BBVA prepara su desembarco en Alemania para 2025 No todo es OPA para el BBVA. El banco de origen vasco pretende desembarcar en Alemania, la locomotora de la economía europea. No obstante, no se trata de una entrada dura, sino de replicar el modelo de negocio que, según la entidad, ya está funcionando con buenas cifras en Italia. Tal y como ha explicado el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, el banco va a aprovechar su escala y desarrollo tecnológico que le ha servido en Italia para aterrizar en Alemania. En ese sentido, el directivo de BBVA explica que este traslado de la banca digital universal tendrá como objetivo captar clientes digitales, en tanto que este mercado cuenta con menos barreras, que en términos prácticos se reducen a la tecnología. Para leer el artículo al completo, haga click en este enlace. La AIReF duda de que España pueda bajar su déficit del 3%, lejos del 2,5% que proyecta el Gobierno Las cuentas de las Administraciones Públicas españolas han sufrido por los diferentes shocks que ha vivido nuestra economía en este principio de siglo. Primero la crisis del 2008 y después la de la pandemia han puesto a prueba la sostenibilidad del presupuesto, con sendos incrementos de la deuda hasta llegar al 125% del PIB en el peor momento. Si bien es cierto que los shocks externos han sido la causa, Cristina Herrero, presidenta de AIReF, recuerda que las Administraciones Públicas españolas están obligadas a adelgazar sus cifras de gasto o, al menos, a cuadrar los números entre gastos e ingresos. Así lo ha dicho durante su participación en la XLI edición de los Cursos de APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Para leer el artículo al completo, haga click en este enlace. Bankinter absorberá EVO Banco para impulsar su negocio digital…
Las cuentas de las Administraciones Públicas españolas han sufrido por los diferentes shocks que ha vivido nuestra economía en este principio de siglo. Primero la crisis del 2008 y después la de la pandemia han puesto a prueba la sostenibilidad del presupuesto, con sendos incrementos de la deuda hasta llegar al 125% del PIB en el peor momento. Si bien es cierto que los shocks externos han sido la causa, Cristina Herrero, presidenta de AIReF, recuerda que las Administraciones Públicas españolas están obligadas a adelgazar sus cifras de gasto o, al menos, a cuadrar los números entre gastos e ingresos. Así lo ha dicho durante su participación en la XLI edición de los Cursos de APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Para empezar, Herrero pone en duda que lo público pueda ajustarse el cinturón tanto como ha dicho. Poniendo esto en su contexto, desde el Gobierno se vislumbra un déficit del 2,5% del PIB, al menos ese es el objetivo. Por el contrario, desde la AIReF se duda con mucho de ello, puesto que el crecimiento tendencial del gasto llevaría a una tasa, como mínimo, del 3,2%. De esa forma, la diferencia entre ingresos y gastos se encontraría siempre cerca del 3%, pero por encima y no por debajo. “Se contempla un déficit del 2,5% desde el Gobierno”, ha comenzado la presidenta de AIReF. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se prevén medidas adicionales y los compromisos de gasto y “posibles compromisos políticos”, a Herrero “no le sale” ese porcentaje del 2,5% del PIB. “Hay algún elemento que no conocemos”, resalta la experta fiscal. En ese sentido, incide en que no se trata tanto de una cuestión de ineficiencia, sino de los compromisos adquiridos que tiene la Administración. Entre otros, Herrero cita el incremento del gasto en Defensa,…
La deuda total de las administraciones públicas en España, según el Protocolo de Déficit Excesivo, alcanzó los 1,613 billones de euros en el primer trimestre del año, llegando al 109% del PIB, de acuerdo con los datos del Banco de España. Este 109% del PIB es 1,3 puntos porcentuales más alto que al final de 2023, y en términos absolutos, la deuda pública ha aumentado un 5,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El Gobierno ha establecido un objetivo de deuda pública del 106,3% del PIB para este año, por lo que la tasa del primer trimestre ya supera la meta anual. En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las administraciones públicas, el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1,474 billones de euros en marzo de 2024, lo que representa el 99,6% del PIB, y un incremento del 6,3% respecto al mismo periodo el año anterior. Por su parte, la deuda de las comunidades autónomas creció hasta los 329.000 millones de euros entre enero y marzo, el 22,2% del PIB, con un aumento interanual del 2%; mientras que la deuda de las corporaciones locales se sitúa 23.000 millones de euros, lo que representa el 1,6% del PIB y supone un 0,4% más que el saldo registrado un año antes. Por último, el saldo de deuda de las administraciones de la Seguridad Social se situó en 116.000 millones de euros, el 7,8% del PIB, con un crecimiento interanual del 9,4%. En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 6,8%, mientras que los préstamos a más de un año se redujeron en un 6,1% con respecto a marzo de…